En los últimos años hemos visto con preocupación una escalada creciente de asesinatos cometidos en función de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBT+ en México. En los cinco años anteriores al menos 441 personas LGBT+ fueron víctimas de violencia homicida. Y en lo que va de este año, una cifra preliminar nos indica que suman al menos 45 los asesinatos de personas LGBT+.

Si bien se han reformado leyes, se han elaborado protocolos de actuación y se han creado instancias especiales en algunas entidades para atender este grave problema de violencia, la respuesta del Estado ha sido notoriamente insuficiente para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. La elevada impunidad de estos actos delictivos ha alimentado, a su vez, la ola creciente de este tipo de violencia extrema, legitimada por los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio proferido desde púlpitos, curules, declaraciones de gobernantes y campañas de grupos fundamentalistas a lo largo del país.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido claramente que la libertad de expresión encuentra sus límites en el lenguaje discriminatorio y los discursos de odio. Por ello, resulta vital fortalecer con presupuesto, atribuciones y autonomía al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Si bien los delitos de homicidio pertenecen al fuero común, la dimensión que ha cobrado la violencia homicida en contra de personas LGBTI+ reclama una respuesta nacional, homologada y coordinada de todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que desde las más altas instancias de procuración y administración de justicia se elaboren las estrategias y cambios necesarios en leyes, normas y lineamientos. Comenzando con el registro de las muertes violentas de personas LGBTI+ en el Sistema de Información Estadístico Nacional.

En los últimos días, la falta de respuesta expedita y adecuada por parte de las autoridades responsables ha llevado a activistas LGBT+ en Veracruz a declararse en huelga de hambre. Lamentamos que se tengan que llegar a esos extremos para presionar la actuación de las autoridades responsables. Solicitamos a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz que atiendan sus demandas y peticiones de diálogo. Nos sumamos a la petición de crear mesas de trabajo interinstitucional con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la elaboración de protocolos específicos. En particular nos pronunciamos por:

Elaboración de un Protocolo específico de investigación y administración de justicia para casos de personas LGBTI+ víctimas de violencia motivada por odio.

Elaboración de Lineamientos para el registro y clasificación de delitos de homicidio en razón de la orientación sexual o identidad de género para fines estadísticos.

Incorporación de la agravante del odio en los delitos de homicidios y lesiones graves en los códigos penales del país que aún no lo hacen, y/o en el Código Penal Nacional único que se discute en el Senado.

Instalación de una Mesa de trabajo interinstitucional con participación de organizaciones LGBTI, convocada por la Secretaría de Gobernación.

¡LAS VIDAS LGBTI IMPORTAN!

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C.

Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI de América Latina y el Caribe.

It Gets Better México

Casa de las Muñecas Tiresias, A. C.