Lesvy Berlín Rivera Osorio, era una joven alegre de 22 años de edad, originaria de la Ciudad de México, estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hablaba cinco idiomas y disfrutaba conocer personas y lugares nuevos. Lesvy fue asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.

Desde un inicio, el caso de Lesvy fue investigado como suicidio a pesar de que en los videos de las cámaras de seguridad de la UNAM pueden apreciarse actos de violencia física previos a su muerte. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), a través de su cuenta en Twitter, estigmatizó a Lesvy afirmando que no era universitaria y que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y drogas, a pesar de que el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio establece que previo al inicio de una investigación, las autoridades deben respetar la dignidad de las víctimas, lo que implica el respeto al recuerdo de su vida e integridad.

El caminar fue largo y tortuoso debido a que la falta de perspectiva de género que prevalece en las instituciones obstaculizaba la exigencia de justicia. La lucha incansable de la madre y del padre de Lesvy, el acompañamiento jurídico y político de organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C., las colectivas feministas y los medios de comunicación permitieron romper los muros que buscaban la impunidad del caso con el aval de las autoridades locales y la omisión de la UNAM.

El acompañamiento implicó diseñar una estrategia que contara con la profesional labor de las abogadas del OCNF y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como con la participación de expertas y expertos nacionales e internacionales para la realización de siete peritajes adicionales: peritaje en Antropología, en materia Psicosocial, en Trabajo Social, Sociológico, en Arquitectura Forense, en Medicina Forense y el peritaje en Criminalística.

Esta estrategia política y legal permitió conjuntar los esfuerzos para lograr que el 13 de octubre de 2019 el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio, integrado por los jueces José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, declara culpable de feminicidio agravado a Jorge Luis González, quien en ese entonces era la pareja de Lesvy, imponiéndole una sentencia de 45 años de prisión. Con esta sentencia, el Tribunal actuó conforme al llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que advierte que el Poder Judicial debe: “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres”.

Si bien se ha dado un paso de justicia importante para el esclarecimiento de la verdad para la familia de Lesvy y la sociedad, la sentencia aún tiene que considerar que la reparación del daño no solo debe señalar al imputado, sino que también debe dirigirse a las autoridades locales y educativas de la UNAM, que en su momento fueron negligentes, revictimizantes y omisas. La reparación del daño debe integrarse conforme a los más altos estándares internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de garantizar medidas de no repetición que pongan punto final y envíen un mensaje de cero tolerancia a la violencia feminicida en la Ciudad de México.