El próximo domingo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones para gobernador en el Estado de México. Lamentablemente, durante las campañas electorales pudimos escuchar muy pocas propuestas para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes; de los seis candidatos únicamente dos se pronunciaron a favor de la interrupción del embarazo.

Cabe recordar que el aborto es legal en el Estado de México por las siguientes causales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la mujer corre peligro de muerte, cuando el aborto es imprudencial o culposo, o cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas graves. Sin embargo, el acceso a este derecho está muy limitado. El informe Violencia sin interrupción¹ del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, revela que, del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2016, la Procuraduría Estatal de Justicia reportó únicamente 13 autorizaciones de aborto por violación. Por su parte, la Secretaría de Salud estatal realizó dos abortos por esta causa. Estas cifras contrastan con las 18,292 denuncias de violación sexual registradas durante el mismo periodo. Otro dato importante es que de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México², el 25% de las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo en la Ciudad de México provienen del Estado de México.

Ante esta situación, resulta inadmisible que la mayoría de los candidatos se hayan pronunciado abiertamente en contra del aborto y, peor aún, que dos de ellos hayan firmado acuerdos, a solicitud de grupos conservadores, para frenar el derecho al aborto. Además, los candidatos sostuvieron reuniones privadas con la jerarquía de la Iglesia católica en búsqueda del voto religioso.

Tal parece que se han olvidado que México es un Estado laico y que la feligresía católica está a favor de la separación de las Iglesias y el Estado. De acuerdo con la Encuesta de Opinión Católica 2014³, 89% de los encuestados opina que los funcionarios públicos deben gobernar basados en la diversidad de opiniones que existen en el país; 72% considera que el Estado mexicano no debe permitir que la Iglesia católica tenga influencia en las decisiones de gobierno; y 81% está de acuerdo con que debe ser sancionado el candidato que utiliza la religión para promover o ganar votos. En relación al aborto, la feligresía católica también ha mostrado una postura más abierta: 80% está de acuerdo con que una mujer pueda hacerse un aborto cuando su vida está en peligro y 71% cuando el embarazo es producto de una violación.

Es fundamental que quien gobierne el Estado de México durante los próximos seis años, tome en cuenta en su agenda política los desafíos pendientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto. Asimismo, el futuro gobernador o gobernadora deberá desarrollar su trabajo bajo una ética pública laica, es decir, no regirse por los deseos de jerarquías eclesiales ni tampoco por sus propias creencias personales, sino por la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades

¹ Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Violencia sin Interrupción 2016. Disponible en: http://bit.ly/2rUEnah

² Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Estadísticas abril 2007-29 de marzo 2017. Disponible en: http://bit.ly/2p0QFci

³ Católicas por el Derecho a Decidir. Encuesta de Opinión Católica 2014. Disponible en: http://bit.ly/2lHV4CS