Fiscalías y Procuradurías de doce estados[1] del país informaron al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que de enero de 2014 a junio de 2016 desaparecieron 10,157 mujeres. En el primer semestre de 2017 desaparecieron 3,174 mujeres, en Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Quintana Roo. Asimismo, de enero a junio de 2017 el OCNF registró 914 asesinatos de mujeres en 17 estados[2] del país.

El patrón detectado en las desapariciones de mujeres y su posterior feminicidio, está impregnado de la agudización de la violencia y la saña con la que son asesinadas, pues en la mayoría de los casos las mujeres, niñas o adolescentes son violadas sexualmente, incomunicadas, agredidas física y psicológicamente, entre otras agresiones que atentan contra su vida e integridad física. Sus cuerpos son hallados en lugares públicos, terrenos baldíos, carreteras, contenedores de basura, etc. Las mujeres pueden desaparecer después de haber abordado un transporte público, haber ido a la escuela, haber conocido a un joven a través de las redes sociales o a alguien que les ofrece un trabajo, entre otras situaciones.

Ejemplo de lo anterior es la desaparición y posterior feminicidio de Mara Castilla, estudiante de 19 años de edad de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Mara desapareció en Cholula el 8 de septiembre de 2017 luego de haber acudido a una fiesta con amigas/os y de haber tomado un taxi Cabify de regreso a su casa. El 15 de septiembre el cuerpo de Mara fue encontrado sin vida y con señas visibles de violación sexual, en una barranca en San Miguel Xonacatepec.

Otro caso, que evidencia la brutalidad de la que son objeto las niñas víctimas de desaparición en nuestro país, es el caso de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz de 11 años de edad que desapareció el 8 de junio de 2017 cuando regresaba a su casa después de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un día después en una “combi” del transporte público del Estado de México. Las autoridades identificaron a José Octavio Sánchez Razo, chofer de la unidad, como el hombre que violó sexualmente y asesinó a la niña.

Pese a que las desapariciones de mujeres se han incrementado en prácticamente todos los estados del país, las autoridades no activan de manera inmediata y efectiva el Protocolo Alba. Tampoco consideran que las primeras 24 horas después de la desaparición son fundamentales para proteger la vida de las mujeres desaparecidas y que su acción inmediata podría evitar hechos irreparables. A ello se suma la inadecuada coordinación con autoridades estatales y municipales y la falta de acciones paralelas -tanto de búsqueda como de investigación- lo que impide que las mujeres sean encontradas y que las personas responsables se sancionen. Además, los familiares de las víctimas que denuncian una desaparición, se enfrentan a cuestionamientos y afirmaciones misóginas de parte de las autoridades. Las acciones u omisiones de las autoridades hacen que sean las familias quienes investiguen y encuentren (vivas o muertas) a sus familiares, y que su voz haga visible que la desaparición de las mujeres, es una dramática realidad en México.

[1] Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Morelos, Nuevo León, Guanajuato.

[2] Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima.