Notiese. Con 32 votos a favor y 2 en contra, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo de Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violación, durante la sesión plenaria del pasado 30 de octubre.

El objetivo de la ley es regular y garantizar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud brinden acceso a servicios de aborto para menores de edad en casos de violencia sexual, además de establecer la obligación de notificar los hechos ante las autoridades competentes.

El dictamen aprobado señala que las niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual podrán acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana, perspectiva de género, interés superior de la niñez y no criminalización.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García, debido a que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles

Marcela Castillo expuso en tribuna que más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres en esta entidad “y lo más grave es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, la gran mayoría de esos casos son producto de violencia sexual”. Las diputadas que respaldaron la propuesta reiteraron que estas historias “no representan amor ni consentimiento, sino son violencia sexual avalada por el silencio institucional”.

Manifestaron que la problemática de la preñez en niñas y adolescentes en Chiapas es aún más compleja por las condiciones de pobreza, marginación y barreras lingüísticas que enfrentan muchas menores indígenas. Castillo afirmó que defender la interrupción legal del embarazo en menores es defender su derecho a decidir, a sanar y a vivir con dignidad. No se trata de ideología, se trata de justicia.

Según datos de la legislatura estatal, los delitos de pederastia, violación y estupro contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 12 por ciento entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que representa 36 casos más.

Las diputadas señalaron que asegurar el acceso a la interrupción legal del embarazo no sólo es un tema de salud pública, sino una cuestión de justicia social y de cumplimiento de compromisos internacionales.

Con la aprobación de esta ley, Chiapas da un paso significativo hacia la protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el reto inmediato será asegurar su implementación efectiva mediante protocolos claros, capacitación del personal médico y legal, acceso real a los servicios de salud, acompañamiento psicológico y mecanismos de rendición de cuentas.

Querétaro se pronuncia en contra del aborto

El mismo día, pero en Querétaro, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso estatal desechó el 30 de octubre la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad, decisión tomada con dos votos en contra de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y una abstención de Morena.

El proceso provocó rechazo entre organizaciones y colectivas feministas, ya que la convocatoria a la sesión dirigió la participación solo a grupos religiosos, sin dar espacio al diálogo público con mujeres queretanas.

La sesión, interrumpida en su transmisión durante momentos de reclamos feministas, terminó alrededor de las cuatro de la tarde cuando el dictamen se rechazó y el proyecto quedó archivado. El diputado Homero Barrero McDonald señaló que no se compartió el dictamen formalmente y que la decisión se tomó “sin discusión previa ni participación de las mujeres y personas gestantes”.

Algunas organizaciones de la sociedad civil como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México manifestaron que el rechazo a la iniciativa representa un retroceso y deja sin protección legal a quienes requieren acceso a servicios de aborto seguro.

El dictamen fue archivado pese a la presión social, por lo que tampoco existe una nueva fecha para discutirlo.

Buscan eliminar delito de peligro de contagio

El 2 de octubre se presentó una iniciativa para derogar el artículo 160, referente al delito de peligro de contagio, del Código Penal de Baja California ante el Congreso de la entidad, y está fue turnada a la Comisión de la Diversidad de dicha entidad legislativa.

Impulsada por organizaciones de la sociedad civil como Comunidad Diversa de Ensenada, y apoyada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, la propuesta plantea que esta figura penal es ambigua y contraria al principio de mínima intervención penal, además de resultar redundante frente a otras leyes que ya protegen la salud pública.

Está pendiente que la iniciativa pase al pleno del órgano legislativo bajacaliforniano para su discusión y posible aprobación. En caso de aprobarse, Baja California se sumaría a entidades como Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Nayarit y San Luis Potosí.