Notiese. A pesar de que en México la despenalización del aborto es una realidad en 23 entidades federativas, aún persisten retos en la atención en los sistemas de salud como la saturación hospitalaria, la falta de los medicamentos misoprostol y mifepristona, y la tipificación del delito en los códigos penales locales y federal.

Durante la presentación de la investigación “Aborto, de la despenalización al acceso: controlaría social para el diagnóstico sobre el acceso al aborto en ocho estados de México”, realizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y REDefine México, dr indicó que este servicio en la Ciudad de México está aceptado, pues lleva 18 años en práctica, por ello, sigue recibiendo un alto número de pacientes provenientes de otras entidades, cerca del 36 por ciento de los abortos practicados en la localidad.

De enero a mayo de 2025, se registraron 18 mil 874 abortos en ocho estados, de ellos, más de la mitad se practicaron en la Ciudad de México (54 por ciento), seguida del Estado de México (13.2 por ciento), Puebla (7.8 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento), Guerrero (6.8 por ciento), Michoacán (4.7 por ciento), Nayarit (3 por ciento) y Quintana Roo (2.9 por ciento).

Silvia Soler, directora interina del ILSB, aseguró que la despenalización por sí sola no garantiza el acceso efectivo al aborto, y afirmó que las mujeres de este país continúan reclamando aborto legal, seguro y accesible para todas las personas gestantes.

Explicó que el objetivo de esta investigación fue conocer qué ocurre después de que se aprueban reformas que despenalizan el aborto y verificar si los servicios de salud realmente garantizan el acceso.

El estudio analiza la situación en ocho estados: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, a través de la evaluación de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (DAAC) de los Servicios de Aborto Seguro (SAS).

Cristina Santana, coordinadora nacional de REDefine, indicó que entre los principales hallazgos del estudio destacan el desabasto de medicamentos como misoprostol y mifepristona, lo cual limita la atención en varios estados; además, aunque el servicio es formalmente gratuito, existen costos indirectos (traslados, estudios, insumos).

También se identificaron prácticas discriminatorias hacia adolescentes, mujeres indígenas y personas de la diversidad sexual, junto con la rotación de personal y la objeción de conciencia, genera dependencia de un reducido grupo de profesionales “no objetores”, provocando saturación y desigualdad territorial. Los horarios de atención para interrupción legal del embarazo (ILE) también representan una barrera.

A la vez, señaló que entre los métodos para realizar el aborto predomina el uso de medicamento, en 2020 fueron 8 mil 853 casos y en 2024 se triplicó a 27 mil 164 procedimientos. La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) también tiene un crecimiento continuo, al pasar de mil 443 en 2020 a 8 mil 69 en 2024.

En cuanto a las recomendaciones, Fernanda Topete, integrante de REDfine, mencionó algunas de ellas son eliminar el abordo del código penal federal y de los códigos penales estatales; armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia, y garantizar atención médica en tiempos oportunos.

Iniciativas de ley

Por quinta ocasión en un lapso de siete años, será presentada ante el Congreso del Estado de Guanajuato la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. Así lo anunció la diputada local por Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza, acompañada de colectivos feministas respaldándola.

La propuesta se da a tan solo cuatro meses de que, en una sesión llena de tensión y manifestaciones, con 19 votos en contra y 17 a favor el congreso archivó la propuesta para la interrupción legal del embarazo en la entidad. La modificación contempla aumentar las sanciones al aborto forzado, con el fin de evitar interpretaciones erróneas de que se busca “promocionar” el procedimiento. Y la legisladora, subrayó que lo urgente es dejar de criminalizar a las mujeres y garantizar el derecho a decidir.

En Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, aseguró que las propuestas de reformas ya se encuentran terminadas y se presentarán para su discusión en los próximos meses, entre ellas, las de interrupción legal del embarazo.

Debaten el tema en Zacatecas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó este martes la despenalización del aborto forzado en Zacatecas. Por unanimidad, el Pleno invalidó una parte del Código Penal estatal cuya redacción ambigua podía prestarse a sancionar también a la mujer o persona gestante, además de quien la obligara a interrumpir un embarazo.

Esta es la primera revisión del tema de aborto que realiza la nueva integración del Pleno de ministros, en una discusión en la que mostraron su respaldo a mantener vigente este derecho.

El debate derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impugnó el texto “con o sin el conocimiento de la víctima” del Artículo 311 Bis del Código Penal estatal, el cual tipifica el delito de aborto forzado.

La ministra Yasmín Esquivel, quien presentó el proyecto, señaló que dicha porción viola los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal al ser ambigua, creando incertidumbre sobre quién puede ser “víctima”.