Una de las pocas esperanzas que tiene Defred para sobrevivir en un mundo en el que las mujeres carecen de derechos es poder embarazarse y regalar a su hijo o hija al matrimonio conformado por el comandante Fred Waterford y su esposa Serena Joy, pues ella no puede embarazarse, pero desea tener descendencia. En caso de lograrlo, pues es muy fértil, será enviada a otra pareja para tener a otro hijo, y así sucesivamente hasta que se diluya su ciclo de fertilidad.

La situación no es del agrado de Defred, pero no tiene muchas más opciones. Sin embargo, su curiosidad la lleva a preguntarse cómo era el mundo antes de que ella naciera y de que se convirtiera en una teocracia basada en el Antiguo Testamento, para cuyo cumplimiento hay un escuadrón de Ángeles y Ojos, quienes, en caso de observar alguna anomalía, imparten la justicia punitiva sustentada en la muerte.

Lo anterior es el argumento principal de la novela El cuento de la criada, de Margaret Atwood, cuya lectura quedó prohibida, a partir de este 1 de octubre, en la provincia de Alberta, Canadá, como consecuencia de un decreto emitido por la titular del ejecutivo local, Daniella Smith, quien ordenó retirar de los anaqueles de las bibliotecas públicas aquellos libros que contengan “actos sexuales explícitos”. Entre ellos está la novela de Atwood y otros 200, que fueron divididos entre los de contenido sexual explícito, prohibidos para cualquier persona menor de edad, y los no explícitos, que pueden ser consultados por mayores de 15 años.

Hace un año, en Argentina, se puso en entredicho la inclusión de algunos títulos en la Colección Identidades Bonaerenses de la Dirección General de Cultura y Educación, un proyecto cuyo objetivo era “reunir diversas obras literarias y discursivas que se identifican con el territorio de la provincia de Buenos Aires, sus ambientes heterogéneos, sus distintos territorios físicos y simbólicos, sus prácticas culturales, y construir de esta manera al fortalecimiento de la construcción de una identidad bonaerense”.

En noviembre de 2024, la Fundación Natalio Morelli presentó una denuncia en contra de Alberto Sileoni, entonces ministro de Educación de Buenos Aires, por “la distribución en escuelas de textos que incluyen contenido sexual explícito y temáticas consideradas inapropiadas para estudiantes de entre 12 y 15 años”. Entre estos textos estaban Las Primas de Aurora Venturini, Cometierra de Dolores Reyes y Las aventuras de China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, todos ellos publicados en este siglo, con una amplia recepción favorable por parte de la crítica literaria, y producto del trabajo de escritoras galardonadas por algunas de sus obras, entre ellas, las cuestionadas por la fundación demandante para que fueran retiradas de la colección, y dejaran de ser repartidas en las escuelas de nivel básico.

Las Primas, lanzada en 2007, está narrada en primera persona por Yana, una joven con dislalia, una pequeña discapacidad relacionada con el lenguaje, a partir de la mirada de la discapacidad y de un sinfín de conflictos a los que se enfrentan las mujeres de su edad, entre ellos, el abuso sexual. Cometierra de Dolores Reyes, narrada en primera persona, a partir de la visión y las experiencias de la protagonista homónima y su interpretación de las mismas, ofrece una lectura sobre el fenómeno de la violencia de género y la desaparición en la Argentina actual.

Las aventuras de China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, cuya primera edición se publicó en 2017, fue galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y ofrece, en tres partes, una relectura del poema fundacional del género gauchesco Martín Fierro de José Hernández, altamente vanagloriado y valorado, y por más de un siglo, incuestionado. Mas la autora cuestiona esta figura, anclada en el machismo, y plantea una hipotética versión del mismo en la que es violento contra las mujeres, cobarde y cuyas hazañas fueron fortuitas. Aderezada con una relación lésbica entre la pareja de Fierro, por cierto, comprada, y una inglesa deseosa de aventuras en Las Pampas.

Alrededor del mundo, las fuerzas políticas conservadoras y de derecha han asumido la tarea de detener, limitar o revertir los derechos de la diversidad sexual, con el respaldo de la ciudadanía votante y el poder ilimitado que le han otorgado los puestos de elección popular.

Resistencias en Europa

Por primera vez, en décadas, la bandera del orgullo LGBTIQ+ no fue colocada en las fachadas de los edificios del gobierno alemán, en Berlín, durante el Día de la Celebración de la Calle Cristopher, conmemorado a finales de julio de cada año, en recuerdo de los disturbios del bar gay Stonewall.

Previo a esta manifestación con más de 500 mil personas congregadas en las principales calles de la capital alemana, la presidenta del parlamento, Julia Klöckner, del Partido Demócrata Cristiano, anunció la prohibición del izamiento de la bandera arcoíris en la azotea del recinto parlamentario en nombre de la neutralidad de los edificios públicos y la administración, considerando a la conmemoración como una “manifestación política”.

La medida fue respaldada por el canciller alemán, Friedrich Merz, quien declaró ante los medios de comunicación que “el Bundestag (parlamento alemán) no es una carpa de circo” en la que se puedan izar banderas a voluntad y recordó que hay un día al año, el 17 de mayo, que es el Día contra la Homofobia, en el que se iza la bandera arcoíris.

En Hungría, en abril, se aprobaron una serie de modificaciones legislativas en contra de los contenidos mediáticos LGBTIQ+ con el pretexto de proteger a los menores frente a delitos de pedofilia. Además de priorizar la protección del desarrollo físico, mental y moral de las poblaciones infantiles, también consagra el reconocimiento de sólo dos sexos, proporcionando una base constitucional para negar las identidades de género de algunas personas. A la par, se reformaron las leyes para prohibir la celebración de la Marcha del Orgullo en la capital húngara debido a que se considera que no tienen lugar en el espacio público las manifestaciones que exhiban la homosexualidad o la diversidad sexual por “violar los derechos de la infancia”.

A pesar de la prohibición, se celebró la manifestación del orgullo con una asistencia récord, y se espera, para este sábado 4 de octubre, la realización de otra en la ciudad de Pecs, la segunda más poblada de la nación magiar, cuyo comité organizador cuenta con el respaldo de diputados de la Unión Europea y organizaciones internacionales, que llaman a sumarse a la movilización a pesar de la multa de 530 euros impuesta por las autoridades húngaras a quienes acudan a concentraciones a favor de la diversidad sexual.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, en su capítulo Europa, “en el Reino Unido, Georgia y otros países no sólo hay retrocesos aislados, sino una reacción global coordinada dirigida a eliminar los derechos de las personas LGTBIQ+, presentada cínicamente como defensa de la tradición o la estabilidad pública, pero en realidad concebida para afianzar la discriminación y reprimir la disidencia”.

Regresión en Estados Unidos

Una de las primeras medidas tomadas por Donald Trump al iniciar su nuevo periodo de gobierno, en enero de este año, fue publicar el decreto “Defender a las mujeres de la ideología de género extremista y restaurar la verdad biológica”, consistente en establecer que solo existen los sexos femenino y masculino.

Por otra parte, la Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó validar la prohibición en Tennessee, y por ende, en otros 26 estados con una legislación similar, de otorgar tratamientos hormonales o de otro tipo a personas trans menores de 18 años, aunque exista el consentimiento de sus familiares y una recomendación médica en la materia.

De acuerdo con la sentencia, “la SB1 [nombre de la norma] prohíbe al pesonal de salud administrar bloqueadores de la pubertad u hormonas a cualquier menor para tratar la disforia de género, el trastorno de identidad de género o la incongruencia de género, independientemente del sexo del menor; pero permite a los proveedores administrar bloqueadores de la pubertad y hormonas a menores de cualquier sexo para otros fines”.

También se ha prohibido que el gobierno federal financie los tratamientos de género a menores de 19 años, la participación de personas trans en pruebas deportivas ajenas a su sexo biológico, además de prepararse una reforma similar para las fuerzas armadas.

A través de un monitoreo llevado a cabo por Trans Legislation Tracker, organización civil estadunidense enfocada en el monitoreo de iniciativas estatales y federales relacionadas con personas trans, se mostró que en lo que va del año, se han presentado 998 iniciativas en contra de los derechos de las colectividades trans en 49 de los 50 estados de la unión norteamericana. De estas, 122 fueron aprobadas; 234 están activas, aunque fueron aprobadas antes, y 642 fueron rechazadas. Aquellas que fueron votadas a favor involucran temas como el acceso a servicios de salud, educación, adopción, uso de sanitarios, participación en deportes, empleo, custodia de menores, servicios religiosos, privación de la libertad y elaboración de actas de nacimiento conforme al género social, principalmente.

En Estados Unidos, la organización civil Trans Legislation Tracker documentó que, en lo que va del año, se han presentado 998 iniciativas en contra de los derechos de las colectividades trans en 49 de los 50 estados de esa nación.

El caso de México

En agosto pasado, la senadora Lily Téllez presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 constitucional con el objetivo de establecer que los términos “mujer” y “hombre” se entiendan conforme al sexo biológico determinado al nacer, así como preservar espacios exclusivos para mujeres, con el objetivo de proteger su seguridad, privacidad e integridad.

Para la legisladora, el determinar el sexo por cuestiones biológicas brinda un criterio para resolver controversias en instalaciones sanitarias públicas, servicios médicos, espacios deportivos, prisiones, refugios, entre otros espacios, además de salvaguardar los derechos de las mujeres biológicas. Por ello, aseguró en la presentación de motivos de su iniciativa, no se discrimina a las poblaciones trans, sino que se pretende establecer espacios diferenciados por sexo y la creación de los denominados espacios neutros, y asegurar condiciones dignas en servicios sanitarios y deportivos.

En medio de todas estas polémicas, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la renovación de la figura de le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género por tres años más, que estará ocupado por Graeme Reid, quien funge como docente en la Universidad de Yale y se ha encargado de documentar la discriminación motivada por orientación sexual e identidad o expresión de género en el mundo.