Notiese. En el contexto del XXVIII Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, realizado el pasado 22 de julio, Elvira Madrid, integrante de Brigada Callejera de Atención a la Mujer Elisa Martínez, alertó sobre la extorsión a trabajadoras sexuales a través del llamado “cobro de derecho de piso” en 70 por ciento del territorio nacional, incluida la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como en entidades como Chiapas, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua, donde se han reportado agresiones, desapariciones, feminicidios y transfeminicidios atribuidos a miembros del crimen organizado.

De acuerdo con las denuncias recabadas por la Red Mexicana de Trabajo Sexual, en promedio se les exige a las y los trabajadores sexuales entre 300 y 500 pesos semanales, montos que pueden incrementarse entre mil y tres mil pesos si hay retrasos en los pagos, además de sanciones que se traducen en golpizas o “tableadas”.

Madrid explicó que para el crimen organizado las personas trabajadoras sexuales son “mercancía” que les reditúa dinero, “no sólo por el derecho de piso que les obligan a pagar sino porque son vistas como consumidoras, como distribuidoras de drogas o como ‘halconas’; quienes por propia voluntad deciden trabajar con los cárteles duran muy poco porque los criminales terminan matándolas”.

Para la defensora de derechos humanos, los estados fronterizos con Estados Unidos de plano “están perdidos” al estar atrapados por la delincuencia organizada e informó que en Chihuahua hay 25 trabajadoras sexuales desaparecidas. Este deterioro, señaló Madrid, fue registrado por la Red Mexicana de Trabajo Sexual en 2018.

Mientras tanto, en los estados de la frontera sur se ha detectado la incorporación de mujeres al trabajo sexual procedentes de Cuba, Haití y Venezuela, a quienes se les cobraba derecho de piso y se les amenazaba con denunciarlas ante el Instituto Nacional de Migración.

Corrupción y complicidad

En el encuentro también se denunció la corrupción de algunas de las autoridades policiales, sobre todo del primer cuadro de la Ciudad de México, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha criminalizado a las personas trabajadoras sexuales que se han negado a las extorsiones a las que pretenden someterlas a ellas o a sus clientes.

Así, en 2024, y en lo que va de 2025, a 65 trabajadoras sexuales se les han fincado cargos de resistencia de particulares o se les fabrican delitos como robo, poniéndolas a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, en tanto que 85 más se les intentó abrir carpetas de investigación cuando pretendían organizarse contra el pago de derecho de piso.