Casi devorada por las grandes avenidas para dar acceso al Centro Histórico de la ciudad de México, una pequeña iglesia, recuerdo de ese pasado novohispano, ubicada en lo que se ha llamado Tlaxcoaque o “lugar de los fríos”, ha sido testiga de un sinfín de situaciones ocurridas a sus alrededores, para callar a todas esas voces cuestionadoras de un sistema político cuya única forma de diálogo fue la imposición.

En esta plaza, a comienzo da la década de los 80, integrantes de las tres principales organizaciones de personas LGBT de la ciudad de México se congregaron para exigir el cese a la represión policiaca en su contra. La selección del lugar no fue fortuita, pues sabían que en los sótanos de los edificios circundantes al atrio eclesial se encerraba y torturaba a hombres homosexuales, mujeres lesbianas y mujeres trans-travestis, que eran las formas en las que les identificaban las autoridades.

El panorama era similar en otras ciudades del país, como Guadalajara, donde, en 1982, en la víspera de las elecciones federales de ese año, la policía de la capital tapatía decidió interrumpir un acto de campaña de Pedro Preciado, líder LGBT y candidato a diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, tildándolo de actos inmorales.

Estos casos no son únicos ni aislados. Se sabe que entre 1965 y 1990, al menos, 394 personas LGBTIQ+ sufrieron actos de violencia por parte de, al menos, una autoridad federal, estatal o municipal. En tres de los casos, las víctimas sufrieron desaparición forzada.

Informe crucial

En un ejercicio inédito en materia de derechos humanos en nuestro país, hace algunos meses se presentó el Informe final “Fue el Estado”, elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990.

Esta Comisión se creó en octubre de 2021, por decreto presidencial, como un acuerdo entre la Presidencia de la República y los colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares, en respuesta a años de impunidad y el silencio de este periodo de la historia reciente del país. Sus componentes son el MEH, el Comité para el Impulso a la Justicia, el Comité para el Impulso a la Memoria y Garantía de No Repetición, el Plan de Búsqueda y el Plan Especial de Reparación y Compensación.

En lo relativo a la verdad y el esclarecimiento histórico, el informe es resultado de un ejercicio de diálogo entre las autoridades gubernamentales y quienes fueron víctimas de represión y de violencia por parte del Estado entre las décadas de los 60 y los 90, con el objetivo de registrar públicamente la responsabilidad del Estado mexicano, por acción o por omisión, en la vulneración de derechos humanos.

Dividido en seis volúmenes, el primero se enfoca en describir la violencia política de Estado ejercida en el periodo 1965 a 1990 contra diversos grupos, comunidades y pueblos, y el segundo, en profundizar en aquellas violencias y casos en contra de: movimientos y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidad LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, luchas contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, personas y grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo, entre otros.

El tercer tomo analiza las causas y los orígenes de la violencia de Estado, entre ellas, las políticas económicas y los elementos socioculturales que la posibilitaron. El cuarto libro expone un panorama general de las instituciones, individuos y redes de complicidades que cometieron o favorecieron la comisión de las violaciones graves de derechos humanos por parte del Estado mexicano. El quinto explica la vigencia de la violencia del pasado en el presente, y aquello que se ha denominado “factores de persistencia” de las violaciones graves a derechos humanos en contra de distintos conjuntos de víctimas. Y el sexto, contiene anexos como listados, expedientes y documentos obtenidos de los archivos de las Fuerzas Armadas.

El Informe final “Fue el Estado” ha sido elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que forma parte de una iniciativa gubernamental de colaboración entre la Presidencia de la República y los colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares, en respuesta a años de impunidad y el silencio de este periodo de la historia reciente del país.

Razias

Uno de los recuerdos más comunes de quienes vivieron en la década de los 70 y 80, y frecuentaban lugares de reunión LGBT, era el constante asedio por parte de la policía para disuadir dichas reuniones. Históricamente, se tenía conocimiento de la acción ocurrida en noviembre de 1901, conocida como “La noche de los 41”, parteaguas debido a que fue la primera ocasión en que se visibilizó una movilización gubernamental en contra de hombres homosexuales.

Sin embargo, el informe advierte que, desde 1952, en la capital mexicana, comenzaron a implementarse de manera sistemática este tipo de operativos, legitimados a través de diversas expresiones de aversión moral, que eran frecuentes entre algunos miembros de las clases altas.

Fueron ideados por Ernesto Uruchurtu Peralta, también conocido como “el Regente de Hierro”, titular del entonces Departamento del Distrito Federal y operados por la Policía capitalina y la Oficina de Espectáculos del Departamento del Distrito Federal, entre 1952 y 1966. Eran redadas en lugares de reunión que frecuentaban las personas homosexuales pertenecientes a las clases más humildes, bajo la consigna de moralizar dichos espacios.

De acuerdo con el informe, el aún incipiente sistema represivo se alimentó de las redes de corrupción que operaban al interior de los cuerpos policiacos. Con este contexto, se implementaron operativos, llamados razias, que consistían en la detención arbitraria de las personas sexo-genéricamente diversas y en su extorsión. En muchas ocasiones, quienes se negaban a pagar la cuota establecida por la autoridad recibían todo tipo de violencia física y sexual.

Como parte de estos operativos, se encontró que agentes de la Policía Judicial de la capital mexicana fueron responsables de la violación sexual, tortura y asesinato de mujeres trans, además de que estos operativos se perfeccionaron durante el periodo de la violencia política hasta extenderse por todos los rincones del país. Algunos de los principales argumentos eran que quienes eran parte de estos bloques de la población eran “subversivos e inmorales”, ocultándose la intencionalidad de la violencia institucional.

También se detectó que la Dirección Federal de Seguridad realizaba informes de seguimiento a organizaciones de lesbianas, hombres homosexuales y mujeres trans que formaron parte de los principales colectivos del Movimiento de Liberación Homosexual de aquellos años, que en alianza con organizaciones feministas y de izquierda convocaron diversas acciones políticas.

VIH y represión

Hacia finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, en medio de la crisis derivada de la llegada del VIH al país, en algunas entidades, la represión se recrudeció, y las personas de la diversidad sexo-genérica llegaron a padecer el desplazamiento interno forzado por las redadas que realizaban, casa por casa, los agentes del Estado.

De acuerdo con el documento, el punto más álgido de la violencia de Estado llegó entre 1990 y 1995, periodo en el que la Unión de Defensores de los Homosexuales registró 44 casos de asesinatos de personas de la comunidad que no fueron investigados.

En los testimonios recogidos en Chiapas se señaló que, durante la construcción de la 31 Zona Militar en la zona de Rancho Nuevo, durante la década de los 80, se desató una ola de violaciones contra homosexuales, aunada a una ola de transfeminicidios registrada entre 1991 y 1993.

En Chihuahua, ciertos empresarios, haciendo uso de su poder y de su capacidad de negociación con los poderes estatales, llevaron a cabo proyectos de “saneamiento” y “limpieza” de los centros de ciudades capitales. Estos planes implicaron la represión, particularmente violenta en contra de sectores especialmente vulnerables de la población, como las trabajadoras sexuales y las mujeres trans, e, incluso, su desplazamiento forzado interno.

Un testimonio refiere que a comienzo de los 90, Guadalajara sería la sede de la Conferencia de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, mas, ante la presión de múltiples sectores, esta no pudo celebrarse.

En la misma ciudad, activistas locales reportaron la desaparición de más de 100 mujeres trans en el lapso comprendido por la investigación, sin embargo, no hay registros de ellas en los archivos estatales a los que se ha podido acceder y nadie exigió su presentación con vida.

Las razias eran redadas en lugares de reunión que frecuentaban las personas homosexuales pertenecientes a las clases más humildes, bajo la consigna de moralizar dichos espacios.

Responsables

La documentación y los testimonios obtenidos identifican a algunas instituciones estatales como responsables de estas políticas homofóbicas represivas. Destaca, a nivel federal, el Ejército, como fue en el caso de lo ocurrido en territorio chiapaneco, aunque también, a nivel interno, con el hostigamiento y la represión hacia quienes eran identificados como “soldados homosexuales”.

Dos expedientes, con el nombre A/522.4/1 Averiguaciones previas 1986-1987, encontrados en el archivo de concentración de Secretaría de la Defensa Nacional, contienen registros de integrantes del Ejército acusados de ser homosexuales, y que fueron internados en hospitales psiquiátricos por supuestos intentos de suicidio.

También se señala que en varias ocasiones los mandos superiores llegaban a las fiestas LGBT y se llevaban con violencia a los cadetes que se encontraban en el lugar. Además, que hubo soldados que asistieron a esas fiestas y nunca más volvieron a verlos.

A nivel local, se ha identificado a la Dirección General de Policía y Tránsito capitalina; la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, de la misma entidad; la Dirección Federal de Seguridad, de orden nacional; así como policías municipales. Sumado a la creación de grupos especiales como el Jaguar, una red oculta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de operaciones de disuasión.

Los retos

Como parte de un ejercicio de reparación del daño, el documento ofrece una serie de recomendaciones generales y particulares para las autoridades federales, estatales y municipales. En el caso concreto de las poblaciones LGBTIQ se considera indispensable la adopción de una Ley General para una vida libre de violencia de las personas LGBTTTI+.

En esta, se deberá incluir la tipificación de “crimen de odio”, así como los estándares para la investigación del crimen de odio con perspectiva y enfoque de género, e interseccionalidad. Además de considerar las acciones necesarias para eliminar la violencia en contra de las disidencias genéricas por agentes policiales, ministeriales y judiciales, así como por la sociedad en general.