Política pública del VIH
En el sexenio pasado se diagnosticaron 96 mil 618 nuevas infecciones de VIH, casi una cuarta parte de las que se han detectado en poco más de cuatro décadas de presencia del virus en el país (un total de 380 mil), según cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida (Censida). En el sexenio previo, la cifra fue de 36 mil 250.
De acuerdo con el desglosado estadístico del propio organismo, en los últimos seis años, se registraron, un promedio de 16 mil nuevos casos anuales, con una ligera disminución en 2020 a causa de la pandemia por COVID-19. Entre 2012 y 2018, el promedio anual de casos registrados fue de seis mil.
Si bien los números se modificaron de manera sustancial a causa de múltiples factores, la estrategia de respuesta al VIH tuvo cambios en los últimos seis años con miras a la consecución de algunos objetivos trazados hace más de una década en el ámbito de la salud pública global.
Las metas internacionales llamadas 95-95-95 plantearon que para 2025, 95 por ciento de las personas con VIH conozcan su estado serológico; 95 por ciento tomen su tratamiento y 95 por ciento logren suprimir la presencia del virus en su cuerpo. En México, en 2018, sólo 67 por ciento conocía su estado serológico, incrementándose la cifra a 82 por ciento en 2023. En cuanto el acceso a medicamentos antirretrovirales, la cifra se ha mantenido en el 77 por ciento. Sobre la supresión viral, se comenzó el sexenio con 89 por ciento y se finalizó con 92 por ciento.
El presupuesto asignado para alcanzar estas metas fue de dos mil 122 millones de pesos en los últimos seis años, con un promedio anual de casi 400 millones de pesos, salvo en 2019, cuando se había aprobado la cantidad de 148 millones de pesos, con un aumento de más del doble para 2020.
Prevención
La disponibilidad de condones en un sinfín de espacios públicos ha sido una de las estrategias más seguidas a lo largo de los años para impulsar las prácticas sexuales sin riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos. Entre 2019 y 2024 se suministraron 191 millones 591 mil 483 condones externos en toda la República Mexicana. Los registros anteriores indicaban que entre 2013 y 2018 se facilitaron 91 millones 502 mil 430 de éstos, por lo que hubo un aumento de 109 por ciento de disponibilidad de insumos.
A esta estrategia se sumó la disponibilidad de condones internos o femeninos, de los cuales, se repartieron 3 millones 921 mil 238 piezas durante el periodo sexenal en todo el territorio nacional. De igual forma, se incorporó el gel lubricante de base agua, del cual se repartieron 10 millones 597 mil 102 piezas en los últimos seis años.
La aplicación de pruebas rápidas para que las personas puedan conocer su estado serológico es otra de las estrategias claves para la prevención y la detección de VIH y otras ITS. En el periodo sexenal recién concluido se aplicaron casi 11 millones de pruebas, tanto en unidades médicas como en unidades especializadas de atención al VIH, adquiridas con presupuesto federal, a las que habría que sumar las facilitadas por los gobiernos estatales.
El sexenio previo, de 2012 a 2018, se compraron, en promedio, de forma anual, 15 millones de condones, más de 600 mil pruebas de VIH, 350 mil de sífilis y 420 mil duales. En este periodo se financiaron los Centros de Detección Comunitaria, alrededor de 27, ubicados en zonas estratégicas del país donde pudiera haber mayor número de infecciones. También se implementó el Día Nacional de la Prueba. Estos últimos proyectos fueron cancelados después de 2018.
Ante la evidencia científica que sustenta el papel de los antirretrovirales para prevenir la transmisión del VIH si se toman ciertas dosis previas a encuentros sexuales de riesgo, se implementó el programa de profilaxis pre exposición (PrEP) durante 2021, con una atención a dos mil 668 personas. Culminó a inicios de 2024 con 14 mil 183 personas usuarias, con una proyección de 17 mil 300 para el cierre del año.
El sexenio que terminó tuvo que enfrentar retos muy diversos en materia de VIH, desde la política de austeridad presupuestal hasta la pandemia de COVID-19, que absorbió gran parte de los recursos financieros y humanos de los sistemas de salud.
Otras ITS
Si bien las labores están enfocadas principalmente a la prevención, atención y control del VIH, se atendieron otras ITS como parte de los servicios de salud. Para ello se aplicaron 9.5 millones de pruebas de detección de sífilis, tanto a población en general como a mujeres embarazadas, en unidades especializadas y en centros de salud en general.
En 2020 se implementó el Programa Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C, como parte de los compromisos internacionales en materia de prevención y control de hepatitis virales. De esta manera, se han aplicado un millón 566 mil 485 pruebas rápidas para la detección de virus de hepatitis C, y hay disponibles, tres millones 149 mil 392 pruebas para todo el país. A través de este programa, de las personas diagnosticadas, el 82.7 por ciento (69 mil 700 personas) accedió a tratamiento médico para revertir la situación de su salud hepática. También se inició un programa de vacunación de virus de papiloma humano (VPH) para las personas que viven con VIH a fin de disminuir el riesgo de complicaciones graves por esta coinfección.
Anteriormente, sólo se atendía directamente algunas ITS como la sífilis, pero no se habían incorporado otras como la hepatitis C ni se había promovido la prevención del VPH por medio de la vacunación, pues las campañas sólo se enfocaban a niñas y adolescentes, previo al inicio de su vida sexual.
Mujeres
La erradicación de la transmisión perinatal del VIH ha sido una de las metas trazadas desde hace años, por lo que en los últimos seis años se han realizado tres millones 142 mil 936 pruebas de detección de VIH a mujeres embarazadas. Labor que permitió la atención de tres mil 758 mujeres embarazadas con VIH, de las cuales, todas accedieron al tratamiento antirretroviral correspondiente.
Al tomar en cuenta las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres con VIH, en los seis años, se otorgaron 117 millones 400 mil pesos en apoyos a mujeres cis y trans en tratamiento antirretroviral y sin seguridad social, para que pudieran transportarse a sus consultas médicas en los centros de salud. En promedio, se otorgaron 15 mil apoyos al año.
Programas clave
Algunos programas no fueron nacionales, sino que otorgaron atención focalizada a ciertos sectores de la población no contemplados en las estrategias generales, como las personas migrantes, cuyo flujo en todo el país aumentó de manera considerable en los últimos años, y por diversas circunstancias, requerían de atención al VIH. La Clínica Especializada Condesa implementó el Programa Clínica Santuario, para agilizar el acceso a diagnóstico, prevención y atención de ITS y a servicios de salud sexual de las personas en movilidad, así como de los mexicanos que regresen al país, atendiendo a mil 405 personas en los últimos seis años.
Un proyecto similar fue la Clínica de Atención Trans, única en su tipo en el país, y probablemente, en América Latina, que no sólo brinda atención relacionada con VIH sino que impulsa un programa de salud integral con un enfoque diferenciado, resolviendo necesidades de diferentes tipos. A partir de su instauración, ha beneficiado a cuatro mil mujeres trans.
Sociedad civil
Entre 2012 y 2018 se financiaron 760 proyectos con participación de 190 organizaciones de la sociedad civil y una inversión de 559.5 millones de pesos. Entre ellos estaban los más de 20 centros de detección comunitaria implementados a lo largo de ese sexenio, experiencias que fueron calificadas como exitosas.
A partir de 2019, este programa de financiamiento desapareció bajo la premisa de que no se podían transferir recursos públicos a las agrupaciones de la sociedad civil conforme al decreto publicado por el entonces presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Para aquel año, se habían destinado 116 millones de pesos para el apoyo a los proyectos comunitarios y fueron reconducidos. Posteriormente, esa partida fue asignada a otros rubros.
Las metas internacionales, conocidas como 95-95-95, plantean que para 2025, 95 por ciento de las personas con VIH conozcan su estado serológico; 95 por ciento tomen su tratamiento y 95 por ciento logren suprimir la presencia del virus en el cuerpo.
Normatividad
Como parte de la adaptación a nuevas estrategias de atención y de prevención, se publicó la Guía de atención para otorgar Profilaxis Pre-Exposición en México, para establecer los lineamientos de implementación del programa de prevención combinada que incluye la PrEP y otras estrategias.
También se actualizó la Norma Oficial Mexicana 010, referente al VIH, con la finalidad de actualizar los métodos, principios y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud para la atención integral de la prevención y control de las infecciones por el VIH y el cuidado de las personas que se encuentran en los diferentes estadios de la infección, y cuya última actualización había ocurrido hace tres lustros.
En los últimos dos años, tres entidades federativas, Ciudad de México, Colima y Nayarit, modificaron sus códigos penales para derogar los artículos que contenían el delito de peligro de contagio, el cual servía como pretexto para procesar judicialmente a quienes viven con VIH a propósito de la ambigüedad de suponer que una persona puso en riesgo o no la salud de otra.
Pendientes
Aún restan algunos puntos porcentuales para cumplir con las metas de 95-95-95 para 2025, por lo que probablemente se lograrán alcanzar en años posteriores. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible indican que para 2030 debe erradicarse al VIH así como a las hepatitis y otras enfermedades transmisibles como las ITS, sin embargo, las cifras de diagnóstico actuales no permiten vislumbrar el alcance de dicha meta a corto plazo.
La Declaración Política sobre el VIH y el Sida 2021-2026 plantea la derogación de aquellas leyes que criminalizan al VIH, pero en el país aún hay vigentes 27 códigos penales estatales que permiten la sanción legal a quienes viven con VIH, sumado al Código Penal Federal, que mantiene vigente la figura de delito de peligro de contagio.
El alcance de las metas internacionales aún no se vislumbra en la política publica nacional en materia de VIH, por lo que deben continuar los esfuerzos para ceñirse a los estándares en el rubro, pero sobre todo, para cambiar las realidades de quienes viven con VIH a través de la garantía de derechos como el de la protección a la salud, la igualdad y la no discriminación, y trabajar en evitar que las cifras actuales de nuevas infecciones se sigan engrosando con alrededor de 15 mil nuevos casos al año