El alcance universal de la salud sexual y reproductiva, y por ende, de los derechos sexuales y reproductivos, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda internacional para ser cumplidos en 2030. Esta meta se intersecta con la de reducir las desigualdades a través de, entre otros factores, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, sin importar de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra condición.

Por lo tanto, los gobiernos de cada uno de los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas se han comprometido a impulsar el cumplimiento de dichos objetivos. México no es la excepción, y a propósito del reciente fin de período administrativo del Ejecutivo federal, se han dado a conocer algunos datos como que en los últimos seis años se ha incrementado el conocimiento correcto sobre el uso del condón entre la población adolescente mexicana, con un paso de 40 por ciento en 2018 a casi 50 por ciento en 2023. Sin embargo, en este lapso no se ha reportado un incremento del uso del mismo durante la primera relación sexual, manteniéndose un nivel de alrededor de 80 por ciento, de acuerdo con datos comparativos de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 2018 y 2023.

También se observó que el porcentaje de adolescentes que utilizaron condón en su última relación sexual se reduce a 62 por ciento, y de igual manera, del 69.8 por ciento que lo reportaba con un uso consistente hace seis años, actualmente la cifra es de 57.1 por ciento.

Como parte de ese ejercicio también se muestra que la tasa de fecundidad de adolescentes se redujo de 72.4 a 60.3 en mujeres de 15 a 19 años entre 2015 a 2023, lo cual se traduce en cifras como que el porcentaje de mujeres embarazadas que eran adolescentes se redujo de 8.4 en 2018 a 6.1 por ciento en 2023. A la par, en el mismo periodo de tiempo hubo una disminución del porcentaje de niñas y adolescentes con un inicio de vida sexual antes de los 19 años y que resultaron embarazadas, de 46.2 a 34. 7 por ciento.

Afianzando la educación sexual

Al comienzo del sexenio que termina, se reformó el artículo 3 constitucional para establecer que todos los programas y planes de estudio deben estar elaborados con perspectiva de género y orientación integral, incluyéndose materias como las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, el cuidado del medio ambiente y, por primera vez en la historia, la educación sexual y reproductiva.

A esta reforma le ha seguido la propuesta de un nuevo plan de estudios, denominado como Nueva Escuela Mexicana, sustentado en los pilares de la inclusión, el pensamiento crítico, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas.

Con esta iniciativa, aún no puesta en marcha del todo, se hace énfasis en que las personas construyan su identidad personal mediante la exploración de gustos, intereses, necesidades, posibilidades, formas de entender e interactuar en diversos contextos sociales y naturales y conciban la sexualidad como resultado de una construcción cultural conformada por distintas maneras de pensar, representar y entender el cuerpo en su relación con la igualdad de género.

 

La administración federal que acaba de terminar brindó un ambiente propicio para el avance de los derechos sexuales y reproductivos, a diferencia de gobiernos anteriores donde los temas de educación sexual, diversidad sexual y aborto difícilmente encontraban cabida.

 

Aborto, un derecho ampliado

En 2018, sólo una entidad había despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación. Esta era la Ciudad de México, donde se había discutido la temática desde 2007 para su posterior aprobación y respaldo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El tema no había sido abordado hasta que, en 2019, el pleno de la corte resolvió que el aborto, en los casos en que el embarazo implique un riesgo para la salud física, emocional y social de las mujeres y personas gestantes, es un servicio de atención médica, por lo que queda previsto en la Ley General de Salud. Además, establece que la negación de servicios que sólo las personas gestantes requieren, como el aborto, constituye un acto de discriminación.

A partir de ese llamado, en el mismo año, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Un bienio después, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima modificarían sus leyes en el mismo sentido, llamado al que se sumarían en 2022, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintano Roo.

A partir de otra resolución de la SCJN, Aguascalientes reformaría sus leyes en la materia, y este año se han sumado San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Yucatán y Puebla. A esto se añade que todos los sistemas de salud que operan en el país (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX e Insabi) deben de proporcionar el servicio.

Avances del matrimonio igualitario

En diciembre de 2018, sólo era posible que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio en 10 estados de la República. En caso de desear realizarlo en otras entidades, tenían que recurrir a la figura del amparo judicial para poder celebrarlo sin restricciones de por medio.

A pesar de que en la Ciudad de México se había modificado el Código Civil en diciembre de 2009 y la SCJN decretó la constitucionalidad de dichas uniones, pasaron 10 años para que iniciara una avalancha de modificaciones a las leyes civiles locales. Quienes dieron el primer paso en 2019 fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí. Los tres años posteriores fueron muy fructíferos en la materia, hasta noviembre de 2022, cuando el Estado de México se convirtió en la última entidad en modificar su Código Civil.

A partir de ese momento, fue una realidad la posibilidad de celebrar una unión entre personas del mismo sexo en cualquier rincón del país y en cualquier representación consular mexicana en el extranjero sin ninguna cortapisa.

Reconocimiento de la identidad de género

En varios estados aún están pendientes las modificaciones a los Código Civiles para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans como un mero trámite administrativo sin necesidad de llevar a cabo un juicio o peritaje para poder acreditar dicha identidad.

Lo anterior a pesar de que en 2010 se iniciaron las reformas a favor del reconocimiento al derecho del desarrollo de la libre personalidad en la Ciudad de México, y a ésta le han seguido otras 24 entidades. Sin embargo, en Guerrero recién se detuvo una iniciativa a favor de este derecho; en Durango está pendiente la discusión de una propuesta en el Congreso local, mientras que en Querétaro se volverá a presentar una iniciativa. En Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas no se vislumbran propuestas al respecto.

En este rubro, la SCJN emitió una resolución a favor del reconocimiento de este derecho para personas menores de 18 años en 2022. En consecuencia, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos y Sinaloa se apegaron a dicho criterio y modificaron sus leyes y códigos en la materia. Antes que estas entidades, en 2020, Jalisco había realizado la primera reforma en la materia en el país.

 

Múltiples fueron los avances, pero también quedan numerosos pendientes, como la protección del derecho a interrumpir el embarazo en todo el país o el reconocimiento de la identidad de género de todas las personas, entre otros.

 

Terapias de conversión

Tras seis años de cabildeo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a pesar de haber sido una de las primeras iniciativas presentadas en la legislatua, la prohibición de las denominadas terapias de conversión o de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) finalmente fue aprobada por ambos órganos legislativos.

Dichas “terapias” han sido consideradas por la Organización de las Naciones Unidas como actos de violencia y discriminación debido a que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, partiendo del prejuicio de que las personas LGBT están “enfermas”.

Anteriormente, algunas entidades como el Estado de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán, Baja California Sur, Sonora y Ciudad de México habían modificado sus códigos penales locales en el mismo sentido.

Retos del nuevo sexenio

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, al final del sexenio se identificó que 63.7 por ciento de la población adolescente con inicio de vida sexual son hombres y 36.3 por ciento son mujeres, y el 95.4 por ciento se encuentra en el grupo de 15 a 19 años. De éstos, 33.4 por ciento buscó información o atención en temas de salud sexual y reproductiva en los servicios de salud y 31.6 por ciento utilizó los servicios especializados. Es decir, sólo uno de cada tres adolescentes con vida sexual activa recurre a las instituciones de salud a pesar de que la meta esperada es que arriba del 90 por ciento lo haga para 2030.

Aún restan 14 entidades federativas por modificar sus leyes y permitir la interrupción legal del embarazo. En siete estados aún no se reconoce la identidad de género de las personas trans, y en 25, no se les permite a las personas trans menores de edad modificar su documentación legal.

Más de 20 entidades federativas requieren reformar sus Códigos Penales para poder sancionar a quienes pretendan dar terapias de conversión a fin de homologarse con el Código Penal Federal.

De igual manera, está pendiente la implementación del nuevo plan de estudios en todas las escuelas de educación básica del país ante la reticencia de ciertos sectores de padres y madres de familia que se han opuesto a su entrada en vigor.

A nivel individual, se ha observado que el uso del condón tiene más frecuencia en la población adolescente, alcanzándose un pico de hasta 74 por ciento mientras que entre el sector de personas adultas se reduce a 40.7 por ciento durante su última relación sexual. Lo anterior a pesar de que, actualmente, hay disponibilidad de 48 millones de condones externos y un millón 700 mil condones internos en los centros de salud de todo el país.

Si bien el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población mexicana tuvo un avance constante en los últimos seis años, aún restan múltiples pendientes para cumplir con los estándares internacionales en la materia y alcanzar la cobertura universal de salud sexual y reproductiva.