Notiese. Después de varios meses de disputa jurídica, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación dictaminó que la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua debe proporcionar inmediatamente servicios de aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación.

Esta decisión, tomada por unanimidad de votos en el Tribunal, responde a tres amparos colectivos presentados por mujeres cis, personas trans y no binarias de la entidad chihuahuense.

Las sentencias reconocen que la negativa de la Secretaría de Salud de brindar estos servicios viola los derechos reproductivos protegidos por el artículo cuarto de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre un caso similar en Coahuila.

Este fallo es significativo no solo para Chihuahua, sino para todo México, ya que establece un precedente al reforzar la obligación de las autoridades de salud de ofrecer servicios de aborto voluntario, incluso en estados donde el aborto aún está penalizado, señalaron las organizaciones Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, CHEROS, Morrxs Autónomxs y AbortistasMx, que iniciaron esta estrategia legal en 2021.

Actualmente, los amparos se encuentran en fase de cumplimiento, y los jueces han solicitado a la Secretaría de Salud Estatal que informe cómo implementará la sentencia. Como parte de la resolución, las personas pueden acudir a los servicios de salud estatales para solicitar el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación.

Derecho exigible

Las colectivas involucradas han señalado que, aunque el gobierno Estatal ha mostrado resistencia a cumplir con las sentencias, es crucial que la población se acerque a ellas para recibir acompañamiento y verificar que se cumpla con la atención médica. En caso de negarse el servicio, se exhorta a informar a los jueces para que tomen medidas, que podrían incluir multas y destituciones.

Además, las organizaciones recordaron al Congreso del estado y a la gobernadora su obligación de reformar el Código Penal local para que ninguna persona sea criminalizada por interrumpir su embarazo.

En octubre de 2023, la SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto en Chihuahua. La Primera Sala del Máximo Tribunal del país resolvió que los artículos 143, 145 y 146, fracción primera, del Código Penal de Chihuahua son normas que criminalizan el aborto en la entidad y que fueron consideradas como “inconstitucionales por ser contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad”.