Más de 20 mil cargos de elección popular estarán en disputa durante los próximos comicios electorales. Una cifra y un referente que podrían no decir nada sino es porque, a diferencia de otros momentos históricos, por primera vez en el devenir de nuestra nación, alrededor del 50 por ciento de estos cargos serán ocupados por mujeres, incluido el de la Presidencia de la República, pues las dos principales fuerzas políticas del país postularon candidatas a dicho cargo.

En este proceso se elegirán 629 cargos de elección federal, y además del de presidencia, se disputarán 500 diputaciones y 128 senadurías. A nivel estatal, se elegirán nueve gubernaturas, mil 98 legisladores para congresos estatales, mil 802 presidencias municipales, 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares. En el caso de las gubernaturas, las fuerzas políticas están obligadas a proponer a mujeres en cinco de las nueve candidaturas.

Más del 50 por ciento de las personas que podrán votar en los comicios electorales del próximo 2 de junio serán mujeres, para ser certeros, 51 millones 355 mil 588, representando un 51.9 por ciento del total del electorado.

De igual manera, estará en vigor el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que hasta el momento ha sancionado a 50 personas por diversas situaciones de violencia en contra de mujeres funcionarias públicas o aspirantes a algún cargo de elección popular.

A la par, se aplicará “el 8 de 8”, un instrumento normativo para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar; violencia doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Todas estas medidas con la finalidad de evitar que el género represente un sesgo para poder elegir y ser elegida y participar en los procesos electorales sin restricción alguna a causa de la condición genérica, una deuda histórica con las mujeres mexicanas.

 

Más del 50 por ciento de quienes podrán votar en las elecciones del próximo 2 de junio son mujeres, para ser certeros, 51 millones 355 mil 588, (51.9 por ciento del total del electorado). Además, en el caso de las gubernaturas, las fuerzas políticas están obligadas a proponer a mujeres en cinco de las nueve candidaturas.

 

Participación política de las mujeres
A finales del siglo XIX comenzó a cuestionarse la nula posibilidad de las mujeres para participar en la vida política nacional. Entrado en años, durante el llamado Porfiriato, algunas corrientes de pensamiento derivadas de la creación de grupos de discusión de mujeres iniciaron debates sobre la posibilidad de otorgarles el voto.

Los cuestionamientos se incrementaron hacia 1910, previo y durante el estallido de la Revolución Mexicana, surgiendo periódicos y clubes como Las Hijas de Cuauhtémoc, encabezado por Dolores Jiménez y Muro, y varios otros a lo largo de toda la República Mexicana, caracterizados por emitir sus propias publicaciones periódicas.

Hacia finales del conflicto revolucionario, en Yucatán se celebró el Primer Congreso Feminista, al que asistieron 700 mujeres. En el mismo año, se llevó a cabo una segunda edición del mismo, teniendo como una de sus principales ponentes a Elvia Carrillo Puerto. En ambos, los temas a discutir fueron los derechos ciudadanos, sexuales y reproductivos de las mujeres.

A propósito de esas tribunas, Hermila Galindo solicitó al Congreso Constituyente de 1916-1917, concentrado en los trabajos de redactar una nueva constitución, incluir el reconocimiento legal de los derechos políticos de las mujeres, pero la propuesta no prosperó. Sin embargo, en las diversas publicaciones a su cargo no cesó de incitar a la permisión para poder ejercer su voto.

Fue hasta 1922 que se reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y del estado. La propia Carrillo resultaría electa como diputada local en Yucatán, pero las amenazas de muerte en su contra provocaron que declinara el cargo a poco de haberlo asumido.

Un bienio después, en San Luis Potosí se dio la autorización de votar en elecciones municipales y estatales a las mujeres que sabían leer y escribir. Una década más tarde, en Puebla, se estableció que las mujeres “son electores y por lo mismo tiene derecho a ser inscritos en el padrón electoral los varones y mujeres poblanas”.

Tras varios intentos de organización de agrupaciones de mujeres por parte de los diferentes presidentes, el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el entonces presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el Artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año, estableciéndose la posibilidad de la participación de las mujeres en las elecciones municipales en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.

El resultado fue que María del Carmen Martín del Campo se convirtió en la primera presidenta municipal de Aguascalientes. Sin embargo, el reconocimiento de la ciudadanía no era pleno por lo que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, se comprometió a garantizar el voto de las mujeres en cualquier tipo de comicios electorales.

Dicha promesa se cumplió un año después, reformándose los artículos 34 y 115 de la Constitución, eligiéndose a la primera diputada federal al año siguiente, y un cuatrienio después, a la primera legisladora de oposición. Una década posterior, a las primeras dos senadoras.

Sin embargo, pasarían casi dos décadas para que una mujer lograra ser electa como gobernadora de una entidad federativa. Fue el caso de Griselda Álvarez Ponce de León, quien resultó electa como titular del gobierno de Colima. A ella le siguieron otras mandatarias estatales en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Yucatán, siendo hasta el momento, 16 mujeres las que han ganado el cargo de gobernadoras dentro de una elección.

En los comicios de este 2024, nueve gubernaturas serán disputadas en distintas entidades, pero, a diferencia de otros momentos políticos, por ley, cada institución política deberá postular a cinco mujeres y a cuatro hombres para contender por dicho cargo por lo que, por primera vez en la historia del país, habrá una tercera parte de entidades de la República Mexicana encabezadas por mujeres gobernadoras.

 

La falta de espacios políticos para las mujeres comenzó a cuestionarse a finales de la década de los ochenta debido a las escasas posibilidades de representación y participación política para el sector femenino.mundo.

 

Paridad de género

La falta de espacios políticos para las mujeres comenzó a cuestionarse a finales de la década de los ochenta debido a las escasas posibilidades de representación y participación política para el sector femenino. Tras varios debates, en 1993, en la Cámara de Diputados se modificó la fracción III del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El objetivo de dicho cambio consistía en establecer que era deber de los partidos políticos promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, lo anterior se lograría a través de su postulación a cargos de elección popular.

Fue en ese momento que comenzó a hablarse de la paridad de género, comprendida como “un criterio de representación balanceada en puestos de poder y/o decisión en distintas esferas de la vida (política, económica y/o social) de un país”, impulsada por la agenda internacional de reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Si bien no se hablaba aún de paridad como tal, para 1996 se fijó un límite de 70 por ciento de legisladores de un mismo género tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. A nivel local, al comienzo del siglo, en Puebla, se reformó el Código Electoral estableciendo de manera explícita que “...en ningún caso los partidos políticos podrán postular a cargos de elección popular un porcentaje mayor al 75 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género para integrar el Congreso del estado y los ayuntamientos de la entidad”.

A nivel federal, dos años después, se publica en el Diario Oficial de la Federación una disposición para que todas las fuerzas políticas del país estuvieran obligadas a inscribir por lo menos el 30 por ciento de las candidaturas femeninas en las listas a puestos de elección popular en calidad de propietarias; además de asegurar en las listas plurinominales, una mujer por cada tres hombre.

Los siguientes cambios se produjeron una década después, cuando, durante el proceso electoral federal de 2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputaciones y senadurías, respectivamente. Por su parte, el Instituto Federal Electoral emitió un acuerdo para establecer los criterios a los que los partidos políticos debían de apegarse para cumplir con el mandato del tribunal.

El resultado del fallo del tribunal fue que el porcentaje de integración femenina en el Congreso federal alcanzó una cifra cercana al 35 por ciento, lo que implica que haya 185 mujeres diputadas y 42 senadoras, o sea, 227 curules ocupadas por mujeres. Un logro histórico.

De manera institucional, la paridad se implementó como tal hasta el proceso electoral de 2014-2015, alcanzando las mujeres un 42 por ciento de representación en la Cámara de Diputados y en las últimas dos legislaturas, prácticamente un 50 por ciento por género. Situación similar a la que ocurrió en el Senado de la República, donde también se ha aplicado este principio de paridad.

Para estas elecciones de 2024, no sólo en las cámaras legislativas, sino prácticamente en todas las instancias de gobierno se buscará alcanzar dicho principio, por lo que los próximos comicios electorales del 2 de junio serán los primeros en la historia democrática del país en los que se elijan para cargos públicos al mayor número de mujeres posible, alcanzado el 50 por ciento de todas las posiciones en disputa.

Los avances son múltiples. El escenario en el país es idóneo para, incluso, superar las desigualdades históricas de género en el ámbito de la representación popular pues en los próximos comicios podrían ser más mujeres que hombres quienes aspiren a cargos públicos de elección popular, pudiendo abrirse una nueva era en la administración pública y la vida política del país.