¿Morir es un derecho? para muchas personas podría parecer un cuestionamiento absurdo, sin embargo, para especialistas en el campo de la bioética, la ética médica, la política, los derechos humanos, las formas en que se entiende la vida debería modificarse para asumir que cada persona debe poder tomar las riendas de su devenir en sus propias manos, como lo afirmó el titular de la Comisión Nacional de Bioética, Patricio Santillán Doherty, quien consideró que el aumento de la expectativa de vida ha modificado de manera sustancial la noción de vida, pues ahora predominan las enfermedades crónico-degenerativas en la sexta o séptima década de vida, las cuales, en muchas ocasiones, provocan ciertas discapacidades o condiciones de salud que muchas personas no desean vivir y prefieren morir que sufrir.

Con el objetivo de analizar la situación en México, se llevó a cabo el seminario "Libertad para morir: Por la legalización de la eutanasia”, convocado por organizaciones de la sociedad civil, en el que se explicó que este tema ha sido debatido en diferentes partes del mundo, y en nuestro país, diversas entidades federativas hoy permiten la voluntad anticipada, comprendida como “la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona”.

Sumada a dicha ley, otras opciones legales disponibles son la limitación o el rechazo del tratamiento médico sugerido o el recurrir a los cuidados paliativos para brindar calidad de vida a las personas, atendiendo también sus necesidades psicológicas y las de sus familiares hasta el momento de la muerte.

Sin embargo, organizaciones civiles como Libertad para Morir, conformada por especialistas de diversas áreas del conocimiento, han propuesto que se debe contar con ayuda médica para morir para favorecer una muerte digna en la atención al final de la vida. Por ello, debería haber una obligación del Estado al respecto cuando las personas están recibiendo atención médica, debido a que en ese contexto es en el que la mayoría de las personas están llegando al fin de su existencia.

Ese fin debe ser una muerte digna dada en el contexto de la atención médica, definida como una etapa que precede ese momento a partir de que hay indicios de que una persona va a morir porque las posibilidades médicas han llegado al límite de sus posibilidades de éxito. Desde esta perspectiva, se debe evitar el sufrimiento y respetar los valores y el deseo de las personas sobre la muerte.

 

La terminación voluntaria de la vida es un tema polémico que involucra aspectos éticos, morales, legales e incluso espirituales. Sin embargo, también es un asunto que cada vez interesa más a las personas, por lo que es necesario abrir debates serios en la materia.

 

Problemas éticos y morales

Otorgar a las personas la libertad para decidir su momento de morir abre un debate en materia de reconocimiento de derechos, e incluso, algunos debates de corte ético y moral, que deben analizarse a fondo, señaló el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Villegas, para quien otro dilema que se presenta es el de determinar si cualquier persona en un estado de salud óptimo debería poder decidir terminar o no con su vida o si necesariamente debe estar enferma, en una condición de salud agravada o puede ser una decisión voluntaria que la persona tome en su momento.

El también catedrático consideró que, de fondo, el derecho a morir implica pensar si la persona debe actuar por sí misma o puede tener agentes intermedios que participen en su decisión, e incluso oponerse, o si nadie debe inmiscuirse. Y en caso de querer llevar a cabo el procedimiento, establecer mediante qué mecanismo podría llevarse a cabo.

Para Arnoldo Kraus, médico y bioeticista, un factor primordial a tomar en cuenta es que la eutanasia es “elitista” porque la gente de escasos recursos muere por muchos factores ajenos a estar hospitalizada durante varias semanas, y está más enfocada en la supervivencia diaria.

También consideró que hay una crisis en la profesión médica debido a que, actualmente, el personal de salud no sabe lo que quiere la persona al final de la vida, pues hay una tendencia a la especialización y poca aplicación de la medicina general. La principal consecuencia de esto es que se dedica muy poco tiempo a las personas y a conocer sus opiniones sobre la enfermedad o la muerte.

En términos de derechos, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entidad anfitriona del seminario, Nashieli Ramírez Hernández, consideró que la muerte digna no sólo implica el derecho a la muerte, sino también a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud.

Otras experiencias

Desde finales del siglo pasado, tras la legalización de la eutanasia en Países Bajos, el debate sobre la terminación voluntaria de la vida se ha polarizado. Pero, a pesar de las posturas contrarias, Rob Jonquiere, de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir, afirmó que todas las personas tienen derecho a morir con dignidad, paz y sin sufrimiento, y tal decisión debe tener un respaldo legal.

Con varias décadas de experiencia en España, Fernando Marín, de Por el Derecho a Morir con Dignidad, compartió que se debe tomar en cuenta que una cosa es tomar la decisión de tramitar la eutanasia y otra es tomar la decisión de morir, además de que las peticiones no sólo se deben a enfermedades terminales sino también provienen de personas con padecimientos crónicos, principalmente degenerativos, y en menor número, de cáncer. Al compartir la experiencia canadiense, Stefanie Green, de la Asociación Canadiense de Asesores y Proveedores de Asistencia Médica para Morir, refirió que la ayuda para morir es un término amplio, que implica un servicio legal con compasión para el término de la vida, de forma segura, efectiva y específica mediante una dosis de medicamentos administrada.

En América Latina, el único país con avances en la materia es Colombia, donde en 2015 se aprobó el derecho a la muerte digna. Camila Jaramillo Salazar, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, explicó que el derecho a morir dignamente no es sinónimo de eutanasia, sino que su significado es más amplio e implica el reconocimiento de un derecho que hasta el momento no había sido exigido.

Varios de los panelistas negaron que el otorgamiento de este derecho implique una gran oleada de solicitudes. Por ejemplo, en Suiza, representan menos de dos por ciento de las muertes anuales y en Colombia se han aplicado menos de 500 procesos en casi ocho años.

 

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre el Fin de la Vida, 72 por ciento de las personas piensa que se deben modificar las leyes para favorecer el acceso a la ayuda médica para morir.

 

Propuesta de ley

Históricamente, la Ciudad de México fue la primera en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada, en 2008, para otorgar a las personas la posibilidad de decidir sobre los tratamientos que desean o no recibir si llegan a caer en estado de incompetencia. Pero dicho reconocimiento no significa la posibilidad de acceder a la eutanasia, entendida como la acción u omisión por parte del médico para producir la muerte de un paciente sin dolor y terminar con su sufrimiento a causa de una enfermedad, o al suicidio asistido, aquella acción donde el médico proporciona los medios a la persona para que pueda terminar con su propia vida.

A varios años de distancia, integrantes de Libertad para Morir han preparado una iniciativa ciudadana para permitir la ayuda médica para morir en caso de que una persona sea diagnosticada con una enfermedad terminal, cuya sobrevida no sea mayor a seis meses, o para quien tenga una condición corporal discapacitante que le cause sufrimiento permanente, irreversible, incurable, físico o mental. Ambas situaciones deben ser validadas por un médico.

La propuesta contempla dos modalidades de ayuda: que el personal médico aplique las sustancias letales, en conjunto con las de sedación, o que la persona se la administre a sí misma, supervisada por personal médico. Esto puede ser en un centro hospitalario o en el domicilio de la persona.

El sustento de la iniciativa es que en todos los casos, el proceso dependería de la presentación de una solicitud libre y voluntaria y la reiteración de la petición dos veces, con al menos 15 días de diferencia, ante personal médico. Este debe evaluar la situación y darle a conocer su diagnóstico completo para que la persona tome la decisión.

Para la revisión de la solicitud se requerirá de otra opinión médica, ajena a la del médico tratante. Si hay acuerdo entre ambas revisiones, la solicitud sería canalizada a un Comité de Ayuda para Morir, que conocería del caso y verificaría que no hay coacción en la petición. En caso de aprobarse solicitud, ésta se puede revocar en cualquier momento. De igual forma, la decisión se puede ejecutar en el instante que la persona lo desee, una vez aprobado el proceso. Cualquier persona que habite o transite en la capital mexicana podría gozar de esta protección judicial, sólo se requiere ser mayor de edad y poder expresar conscientemente su deseo.

De acuerdo con las y los especialistas, el derecho a la muerte digna en esta propuesta no se contrapone con derecho de nadie más y no puede ser solicitado por una tercera persona, ya que depende de la autonomía y el consentimiento informado de quien lo solicita. En el caso del personal de salud, contempla la garantía del respeto a la objeción de conciencia.

Al ser una iniciativa ciudadana, se requiere juntar las firmas del 0.25 por ciento del padrón electoral de la Ciudad de México para poder presentarla al Congreso. Es decir, poco más de 150 mil firmas, una cantidad que se espera alcanzar si se toma en cuenta que en el país, más de 50 por ciento de las personas están a favor de la permisión a morir en caso de padecer condiciones de salud complejas.

Por lo tanto, el reconocimiento de este derecho implica el respeto de la dignidad de las personas y de los principios bioéticos de autonomía, al privilegiar la voluntad de la persona, y de solidaridad por parte del personal médico, así como la garantía de la libertad de creencias, y, por que no, de decidir sobre nuestros propios cuerpos.