“Presa entre cicatrices” es como se define Carmen Sánchez, mujer de 39 años, madre de dos hijas y quien todos los días recuerda la lamentable forma en que cambió su vida hace nueve años, cuando su entonces pareja, Efrén, le arrojó ácido en su rostro y su cuerpo, en espera de que perdiera la vida y se fuera deshaciendo lentamente. Afortunadamente, lo anterior no ocurrió, pero ha tenido que someterse a más de 60 cirugías reconstructivas, entre cinco y seis por año, y tomar sesiones de terapia de manera constante. La mayoría de su tratamiento lo ha tenido que realizar en hospitales privados, pues en los públicos no le ayudarían con la constancia que requiere su situación.

“No quiso darme mi libertad y decidió acabar con mi vida”, asegura la ya casi abogada, con voz entrecortada, para quien todo lo ocurrido a partir del 20 de febrero de 2014 ha representado una tortura, y reitera que todas aquellas mujeres que sobreviven a ataques con ácidos u otros químicos jamás vuelven a tener momentos de tranquilidad, pues sus lesiones y sus cicatrices les recuerdan lo sucedido todos los días. Sobre todo, al mirarse al espejo, si es que, en algún momento, adquieren la fortaleza necesaria para poder hacerlo.

Carmen perdió sus parpados y su nariz, a pesar de que le han realizado cuatro cirugías reconstructivas. También su cuello aún está muy lastimado, casi no se asoma a través de sus ropas, prefiere mantenerlo cubierto. Movimientos simples como estirar completamente el brazo u otras extremidades le resulta muy doloroso, sumado a los cuatro años que tuvo cerrado un ojo, mermándole la vista de manera considerable.

Un gran desequilibrio emocional le provocó regresar a la casa donde aconteció la agresión, ver las huellas del ácido en los pisos y las paredes de la recámara en la que fue agredida, que debe seguir utilizando, y cuyas hijas observan a diario desde aquel fatídico día, además de una serie de mensajes amenazantes que por varios años recibió a fin de que no procesaran penalmente al agresor.

Por eso, le resulta muy injusto que en los ministerios públicos le digan que “sólo le arrojaron ácido”, pues su vida no sólo estuvo en riesgo al momento de los hechos, sino meses y años después, ya que el tratamiento para subsistir es muy largo. El ácido no sólo arrasa con el tejido, sino con la integridad corporal, la dignidad, la salud física, psíquica y emocional y se arrebata la libertad humana, simplemente, entre otros factores, por el tener que depender de una pañoleta u otros insumos para recubrirse y evadir los cuestionamientos de las personas.

Además, los sucesos no ocurrieron por accidente, ya que Efrén fue a comprar el ácido a alguna tlapalería o establecimiento comercial de ese tipo, sabiendo el daño que podía causar, y buscó el momento y el espacio para arrojarle los químicos a su cuerpo. Por eso, se empeñó en llevarlo ante la justica bajo el cargo de tentativa de feminicidio, y no desistió durante siete años para llevar a su agresor a la cárcel, que las lesiones no fueran consideradas como simples y se reconociera el cargo propuesto, pues hubo muchas negativas por parte de los jueces.

La ruta no fue fácil, tuvo que estudiar derecho, aprender muchos términos que le eran desconocidos, a fin de lograr que su carpeta de investigación avanzara en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde decían que se había perdido, que no había una denuncia formal o que sus lesiones eran simples y no tardarían más de 30 días en sanar, sin poner en riesgo su vida. En realidad, pasó más de ocho meses en el hospital, con un pronóstico reservado, y ha regresado muchas ocasiones para restaurar diferentes zonas de su cuerpo dañadas de múltiples formas.

 

De acuerdo con organizaciones civiles, 95 por ciento de los casos de violencia química o ácida que se han denunciado no han sido investigados. Hace falta que las autoridades investiguen con una perspectiva de género, ya que hasta hoy, son considerados como lesiones que no ponen en peligro la vida.

 

Búsqueda de justicia

En medio de las terapias de recuperación y de intervenciones quirúrgicas, Carmen pensó que era la única mujer a la que le habían arrojado ácido. Sin embargo, durante 2017, en un foro de violencia en contra de las mujeres en el Senado de la República, supo que había otros casos similares al suyo, y que carecían de ayuda o de alguna empatía para poder interponer las denuncias y llevar a cabos los procesos de recuperación médica.

Yazmín, Elisa, Karina, Marta, Liliana, Esmeralda, entre otras, han sido apoyadas por Carmen, quien en 2021 creó la Fundación Carmen Sánchez, única que atiende a mujeres sobrevivientes atacadas con ácido, surgida después de lo vivido personalmente en diferentes instituciones.

Desde 2021 a la fecha, han acompañado a nueve mujeres en diferentes estados del país. Parte de la intervención consiste en brindar acompañamiento legal, gestionar con hospitales privados el apoyo para las cirugías, aunque la activista considera que esa debería ser parte de las funciones del Estado, o más bien de sus responsabilidades, pues estos ataques se pueden prevenir, ya que la mayoría de quienes han sido agredidas con químicos habían realizado denuncias previas de violencia en su contra ante las autoridades, y no se habían tomado las medidas correspondientes.

A la fundación llegó Esmeralda, quien fue atacada con ácido el 2 de diciembre de 2018, por Fidel, con quien había mantenido una relación violenta por varios años y procreado dos hijos. El agresor no actuó sólo, se apoyó en otros tres hombres para cometer el acto de arrojar químicos a la cara y cuerpo de la víctima. Como consecuencia, ella sufrió quemaduras en el rostro, el cuello, perdió la córnea de su ojo derecho y se le dañó el esófago. Se ha sometido a 16 cirugías reconstructivas y su tratamiento aún no termina. Semanas después del ataque, Fidel fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa, pero nueve veces consecutivas se ha diferido la audiencia intermedia. Sus tres cómplices se mantienen prófugos hasta el momento.

También está Marta, quien en pleno Día Internacional de la Mujer fue rociada con químicos por parte de su ex yerno. La acción le provocó quemaduras graves en 40 por ciento del cuerpo, requiriendo estar tres semanas hospitalizada, ser inducida a un coma para determinar el daño en su cuerpo y ser sometida a 13 intervenciones quirúrgicas para reconstruirle su brazo izquierdo, espalda y piernas. A diferencia de otras víctimas, su rostro no fue afectado porque alcanzó a voltear y cubrirse, pero perdió la oreja donde cayeron los corrosivos. Su agresor ya está en prisión, pero recibió el beneficio de la reducción de un tercio de su condena por haber reconocido su culpa. Aquella tarde, Marta defendió a su hija del ataque de su hasta entonces pareja sentimental.

 

Durante el año pasado, 222 mujeres recibieron amenazas de ser agredidas con ácidos u otras sustancias químicas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

 

Urgencia judicial

Otro caso, que no ha sido atendido en la Fundación, pero que ha sido muy visible desde hace tres años, es el de la saxofonista María Elena Ríos, a quien le quemaron 90 por ciento de su cuerpo, y su agresor estuvo a punto de salir libre en enero pasado. Su caso ha sido polémico porque sus agresores fueron enviados por el ex diputado del PRI, Juan Vera Carrizal, y éste ha insistido en que se le deje llevar a cabo el proceso en su domicilio, argumentando problemas de salud. La medida fue rechazada ante la condena pública de la actuación del juez que estuvo a punto de permitírselo. Ella fue agredida por ya no querer seguir manteniendo una relación sentimental con el también empresario.

Por las arbitrariedades que pueden cometerse ante la falta de un marco normativo específico para estas agresiones, Carmen Sánchez considera urgente ampliar las leyes con respecto a este tipo de ataques, que asegura, no son novedosos, pues hay registro de ellos desde hace al menos tres décadas, y tan sólo el año pasado, revisando los casos de agresiones con químicos a mujeres que fueron atendidas en un hospital, se obtuvo la cifra de 105, de los cuales, únicamente se denunciaron 27.

Por su experiencia, Carmen considera que las propuestas de reforma a los códigos penales para sancionar estos ataques deben estar sustentadas en las vivencias de quienes los han sufrido, no sólo deben equiparar a ésta con la violencia física, sino investigarla como tentativa de feminicidio, y deben ampliar las penas de cárcel, que actualmente es de ocho a doce años de prisión. Además de tomar en cuenta que no sólo ocurre un daño físico sino también un daño a la salud psicológica y emocional y a un proyecto de vida.

Por ello, la Fundación y otras organizaciones impulsaron una propuesta en el Congreso de Puebla para tipificar a la “violencia con sustancias químicas” como “aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar, o no, lesiones internas, externas o ambas”, dentro de la Ley General del Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de Violencia local. También busca establecer en el Código Penal de la entidad que quienes cometan algún delito con este tipo de sustancias serán procesados por tentativa de feminicidio y se sancionarán con penas que van de los 20 a los 40 años de prisión.

En el caso de la Ciudad de México, se ha presentado una iniciativa similar para modificar el artículo 135 del Código Penal a fin de que se considere como una agravante que el ataque cause deformidad, dañe algún órgano o provoque la pérdida de la vista u otro sentido o que el agresor tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de parentesco con la víctima y que existan antecedentes de violencia, amenazas o acoso previos. En ambos casos, las sanciones pueden alcanzar hasta los 30 años de cárcel.

Hasta el momento, sólo en Oaxaca se reconoce este tipo de violencia en su Código Penal como un delito independiente bajo la figura de “alteraciones a la salud por razón de género”, que sanciona las “agresiones con ácido o cualquier otro tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva”.

En otras entidades como Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México se incluyen los ataques con ácido como agravantes en el delito de lesiones, pero no como un delito autónomo.

En realidad, asevera Sánchez, el ataque a una mujer con sustancias químicas “es una de las formas más extremas de violencia en contra de las mujeres, quedando sólo por debajo del feminicidio”, de la cual deriva una muerte social. Y su mayor deseo, al igual que el de las compañeras de la Fundación, es “garantizar que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir”.