En los últimos tres meses hemos asistido a un boom de aprobación de leyes que reconocen derechos y protegen a las personas LGBTI+. En por lo menos 9 entidades del país han sido aprobadas reformas a códigos civiles y penales que permiten el matrimonio igualitario, reconocen la identidad de género de personas trans, penalizan los crímenes de odio y prohíben las terapias de conversión de la orientación sexual/identidad de género. Además, en la CDMX se aprobó una ley general de derechos de las personas LGBT+.

Todos estos avances legislativos fueron el resultado de un activismo muy dinámico y tenaz por parte de las organizaciones de la diversidad sexual y de género de las entidades y de legisladores de los congresos estatales, quienes en conjunto lograron vencer prejuicios, temores y oposiciones infundadas.

Sin embargo, está racha de avances en el reconocimiento de derechos se frenó de tajo con la negativa del Congreso de la CDMX a discutir la llamada ley de infancias trans que, de aprobarse, extendería la posibilidad de rectificar el género en las actas de nacimiento de las personas trans menores de edad.

La existencia de las infancias LGBTI+ sigue siendo el tabú más resguardado. El pesado silencio impuesto sobre ellas las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de sufrir toda serie de abusos incluso al interior de los hogares. Urge aprobar leyes que las protejan.