Madres en busca de sus hijos — letraese letra ese

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Madres en busca de sus hijos


Decidida a dedicar todo el día a cocinar suculentos guisos para la cena de Navidad, en pie desde temprana hora, Rosalía Castro Toss se enfrascó en sus labores culinarias para que, por la noche, su hijo Roberto Carlos y su novia estuvieran con ella durante la velada de Noche Buena, degustaran los platillos y platicaran hasta la madrugada, pues a pesar de la cercanía geográfica entre los poblados en los que vivían ella y su hijo, a veces los tiempos de convivencia no eran tan amplios.

Conforme pasaron las horas, tenía todos los detalles listos, pero Roberto no llegaba. Debido a que transitaría por la zona montañosa de Veracruz, no era raro que las comunicaciones a través del teléfono celular fueran difíciles. Sin embargo, la llegada de la noche la inquietó. La tarde anterior, él había acudido a visitarla para informarle que iría a recoger a su novia a Huatusco para llevarla al puerto jarocho a pasar la Navidad en compañía de Rosalía.

Lo que había planeado como una tarde-noche agradable y de convivencia familiar terminó en una caravana por ministerios públicos, hospitales, comisarías, y cualquier otro espacio donde pudiera haber alguna pista del paradero de su hijo Roberto y su novia. Una serie de búsquedas que no se han detenido en los últimos 10 años, pues Rosalía no ha podido dar con algún indicio del paradero de su hijo.

Desde aquella Nochebuena, dejó su trabajo como odontóloga para salir a buscar a Roberto. En ese trayecto ha conocido a otras madres que viven su misma situación, y en conjunto, han conformado el Colectivo Solecito, agrupación que ha dado a conocer la situación que se vive en territorio veracruzano con centenas de registros de personas desaparecidas y encontrando algunas decenas de restos en diferentes fosas, muchas de ellas, resguardadas por las propias autoridades por lo que su clandestinidad está más que puesta en duda y hay fuertes indicios de la participación gubernamental en los hechos.

Con siete años de existencia, el Colectivo ha logrado encontrar centenas de restos por su propia cuenta, sin apoyo de las autoridades, sino producto de la recolección de recursos financieros y materiales con kermeses, ventas de garage y otras vendimias, y el llenarse las manos de tierra por inacabables días en lugares diversos, con la esperanza de que todas las madres y las familias que buscan a alguno de sus integrantes sepan qué ocurrió con ellos.

Para Rosalía, no importa cuántas piedras que se tengan que mover, una madre puede remover miles con tal de encontrar a sus hijas o hijos a los que no ve desde hace días, meses o años, advierte. Desde aquella víspera de Navidad de 2011, nunca más ha vuelto a preparar una cena navideña, pues considera que no es un día de fiesta, sino una jornada más de búsqueda de personas en situación de desaparición en algún punto del amplio territorio veracruzano.

 

Los colectivos en búsqueda de personas desaparecidas han señalado que en el país hay 38 mil 891 cuerpos que pasaron por algún servicio forense en espera de ser identificados

 

Nada que celebrar

Al igual que Rosalía, miles de madres se han enfocado a buscar a sus familiares desaparecidos. Han conformado colectivos en muchos puntos de la República mexicana para salir a buscar, y han acogido al 10 de mayo como una efeméride, no para celebrar, sino para exigir resultados a las autoridades gubernamentales, para salir a las calles con sus colectivas de búsqueda de hijas e hijos, protestar ante la falta de resultados que permitan esclarecer los casos de las 61 mil 637 personas desaparecidas entre 2007 y el 31 de diciembre de 2019.

Algunos avances en materia de políticas públicas han sido la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas en 2017 y su entrada en vigor en 2018. Tres meses después, inició sus funciones la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya principal facultad es la búsqueda de las personas desaparecidas sin importar la fecha de su desaparición.

A esto se suma la reconceptualización del término persona desaparecida, para incluir a toda aquella persona “cuyo paradero se desconoce y que se resuma que esté desaparecida como consecuencia de cualquier delito, sin importar cuál sea éste y que puede incluir, por ejemplo, a víctimas de trata de personas, secuestro, homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, sustracción de menores, entre otros”.

Se creó el Sistema Nacional de Búsqueda y el Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, los diferentes movimientos de familiares han cuestionado algunas otras medidas como la reciente resolución de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que aprobó el dictamen para expedir la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, pues va en contra de los derechos de las víctimas.

Entre estas agrupaciones inconformes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 74 colectivos de 22 estados de la República mexicana y de tres países de Centroamérica, ha resaltado la importancia de establecer, de manera clara, cuáles serán las obligaciones de la Fiscalía General de la República como parte del Sistema de Búsqueda; así como revisar los procesos de intervención de los ministerios públicos, y la garantía del derecho de participación de las familias en los procesos de búsqueda, y la transparencia y la rendición de cuentas en los mismos.

Por esa razón, a pesar de que la pandemia por COVID-19 les impedirá salir a las calles como lo habían hecho desde hace 10 años, se movilizarán virtualmente para seguirle recordando a la población que miles de personas no regresaron un día a sus casas con sus familias.

Pendientes

“Para mí todavía era un niño”, asegura Perla Damián, madre de Víctor, quien en diciembre de 2013 fue desaparecido cerca de su hogar durante un operativo de la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina. Aún era menor de edad, “ni credencial de elector tenía”, afirma Perla, quien no ha dejado de exigir el esclarecimiento de los hechos.

En medio del puerto jarocho se detuvo a seis jóvenes, de los cuales, no se ha vuelto a saber nada. Amparos, pronunciamientos, y otros recursos han sido interpuestos pero la única respuesta ha sido el silencio. Desde un comienzo, las familias se toparon con la omisión de las autoridades. Entre el 6 y el 11 de diciembre, Víctor, Pablo Darío, José Ignacio, José Armando, Yonathan Isaac y Marco Antonio fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, sin haber cometido delito alguno.

Uno de ellos fue sacado de su centro laboral para ser detenido. Otro salió a la tienda antes de las 10 de la noche y fue interceptado por las fuerzas de seguridad. A uno más lo sacaron de su casa. A otro nadie lo volvió a ver después de haber ido al bar con sus amigos. A alguien más lo detuvieron mientras platicaba con una amiga. Y de uno, sólo se supo que estaba en la calle. Los rumores dicen que los cuerpos de seguridad llevaban hojas con fotografías de los chicos. Ninguno tenía antecedentes ni se les conocían vínculos con grupos del crimen organizado.

A mitad de abril, se esperaba que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un pronunciamiento con respecto al caso Formando Hogar, como se le ha nombrado al episodio, pues ocurrió en la colonia de dicho nombre, a fin de que el Estado mexicano asuma con seriedad sus obligaciones internacionales en materia de protección a las víctimas de desaparición forzada.

Desafortunadamente, la revisión del amparo se aplazó, sin que haya una fecha para su discusión, pero Perla y las madres de los otros chicos continuarán pugnando por que pronto se pronuncie la Corte y se sepa lo que ocurrió con sus hijos aquellos fatídicos días decembrinos.

 

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha emitido 414 acciones urgentes para México a fin de que atienda la problemática, pues ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.


¿Complicidad estatal?

En un rincón olvidado del panteón de Jojutla, población morelense conocida por la gran calidad del arroz sembrado en sus alrededores y sus balnearios, el municipio donó cuatro tumbas a un grupo de familias, las cuales, quedaron sobre un área donde el propio gobierno del estado había sepultado, al menos 84 cuerpos sin identificar, muchos de ellos con huellas de violencia y signos de tortura, que habían sido clasificados como “no reclamados”.

La situación se dio a conocer en 2017, cuando se descubrió la fosa clandestina, en la cual, comenta Angélica Rodríguez Monroy, de la colectiva Regresando a Casa Morelos, se esperaban encontrar 35 cuerpos, pero en realidad se exhumaron 84 y quedaron muchos más, entre ellos, varios de niñas.

Angélica, quien busca a su hija Viridiana desde hace seis años, narra que, en el caso de Jojutla, el municipio, sorpresivamente, otorgó permiso a ciertas familias para ocupar un espacio. Una vez que se descubrió la fosa, no se pudieron extraer todos los cuerpos debido a que al hacerlo, se vulnerarían las tumbas legalmente permitidas, y que, sostiene la activista, servían para ocultar la injerencia gubernamental en el entierro de cuerpos que no había querido identificar a pesar de los cientos de reportes de personas desaparecidas.

Para poder continuar, se requería la autorización de las familias a las que se les concedieron los permisos. Por algún tiempo, las autoridades municipales dijeron que no localizaban a los dueños de las tumbas o que no daban el permiso para hacer la intervención. La respuesta fue muy diferente cuando los propios colectivos buscaron a esas familias, pues todas accedieron a la posibilidad de remover las tumbas.

La maniobra no se ha realizado debido a que los 84 cuerpos localizados no han sido identificados, pues no hay certeza de que los perfiles genéticos tomados a los mismos ya hayan sido procesados. Así, a tres años del hallazgo de los cuerpos, se desconocen sus identidades y no han podido ser regresados a sus familias, pues no hay carpetas de investigación, ni registro alguno de quienes eran.

La Fiscalía General del Estado de Morelos no sólo ha usado el cementerio jojutlense para depositar cuerpos aparentemente sin identificación. Un año antes, en Tetelcingo, por orden judicial se exhumó el cuerpo de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, secuestrado y asesinado en 2013, colocado por “error” en la fosa común del panteón municipal a pesar de esta plenamente identificado con el ADN de sus familiares. Se supo que había más cuerpos, pero no se hizo nada.

A partir de 2007, cuando inició la política de combate a las drogas, los casos de desaparición de personas aumentaron considerablemente. Las madres y hermanas han asumido el rol de buscadoras: mujeres con palas y picos que excavan descampados en busca de respuestas que nadie les ha dado.

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