Notiese A casi dos meses de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un oficio a los ayuntamientos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán para que acepten las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) referentes a un caso de discriminación de una persona que vive con VIH, éstas han sido rechazadas o no han sido contestadas por las autoridades competentes.

A la persona afectada se le ha negado el empleo en ambos municipios por su condición de salud y las autoridades no le han otorgado los documentos sanitarios necesarios para el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con fuentes consultadas por Letra S, en el caso del municipio de Coatzacoalcos, la recomendación fue rechazada, por lo que la CNDH envió otro oficio para que el ayuntamiento reflexione sobre su postura con respecto al otorgamiento de tarjetas sanitarias a personas que viven con VIH y trabajan en la industria de los servicios restauranteros, debido a que no representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos o para las personas que acuden a estos centros.

En el caso del municipio de Minatitlán, no contestó el oficio de la comisión a pesar de haberlo recibido desde finales del año pasado y tener como fecha límite para hacerlo el 4 de enero. El motivo de la misiva es el mismo que el de su municipio vecino.

Para Jorge, quien ha sido afectado por la situación, la negativa de ambas municipalidades para reconocer que ha sido discriminado durante los últimos seis años le ha provocado un desgaste y también le ha impedido mejorar sus condiciones de vida, ya que le ha sido imposible continuar trabajando en un rubro en el que ya había acumulado casi dos décadas de experiencia.

En 2015, la CEDH emitió la Recomendación 36/2015 a los referidos ayuntamientos “para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se dediquen al comercio sexual”. Y tres años después, también emitió la recomendación 49/2018 con la misma solicitud. En ambos casos, las recomendaciones fueron rechazadas.

Para la CNDH, la postura de los ayuntamientos está sustentada en argumentos relacionados con estigmas y prejuicios que padecen las personas que viven con VIH e incurren en discriminación en materia laboral, al considerar a la víctima como un riesgo para la colectividad, restringiendo toda posibilidad de ejercer su derecho de acceso al empleo.

El caso de Jorge no es el único, ya que otras dos personas han interpuesto quejas ante la CEDH por los mismos motivos, y han visto afectado su modus vivendi durante los últimos dos años.