Hot dogs, tortas, sopes, rebanadas de pizza, sándwiches, galletas, pastelitos, chicharrones y bebidas azucaradas bien frías son los alimentos que niñas, niños o adolescentes pueden adquirir en su escuela durante el recreo. Si bien es posible comprar vasos de fruta con chile piquín, éstos no son tan demandados como una rebanada de pizza hawaiana, unas papas fritas saladas con mucho chile o algún taco de guisado con tortilla doble.

Este escenario ya no debería existir. En 2014, se modificó la Ley General de Educación para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, tanto públicas como privadas, en todos los niveles educativos, priorizado la disponibilidad de agua natural; cereales como el amaranto o la avena; leguminosas secas como garbanzos y habas; oleaginosas como las semillas de girasol, cacahuates y pepitas; frutas y verduras, y únicamente los viernes, algunos tipos de alimentos chatarra, considerados como tales por su carencia de fibras y vitaminas, alto contenido de azúcar, grasa o sal, e incorporación de aditivos químicos como colorantes y saborizantes.

Sin embargo, monitoreos realizados por organizaciones de la sociedad civil como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México mostraron que 51 por ciento de los alimentos y bebidas en venta al interior de los planteles educativos en el país no cumplían con las normas y recomendaciones correspondientes a una alimentación adecuada para la población infantil y adolescente.

Escuelas, nicho de riesgo

De acuerdo con Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la medida adoptada en Oaxaca es muy importante debido a que existen espacios específicos donde las niñas y los niños están expuestos al consumo de un sinfín de alimentos que al paso del tiempo afectan de manera considerable a su estado de salud.

Uno de estos espacios, señaló el especialista en problemas nutricionales infantiles, es el ambiente escolar, donde refirió que conforme los niños y las niñas avanzan de grado, también aumentan su peso corporal, pero no de manera proporcionada, sino desmedida.

Durante su participación en una mesa de análisis organizada por la Alianza por la Salud Alimentaria, el también académico resaltó que las más recientes evidencias han mostrado que hay posibilidades de daño metabólico desde los seis años.

A comienzo del año, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, siendo la población en edad preescolar uno de los sectores poblacionales donde más índices de consumo de estos alimentos hay, con alrededor de 40 por ciento de la población total.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 mostraron que el consumo de frutas y leguminosas en el sector demográfico de entre cinco y 19 años es menor al 50 por ciento del total del grueso poblacional de esa edad, una cifra que disminuye hasta el 25 por ciento en el caso de las verduras. Un contraste con respecto al consumo de bebidas endulzadas, las cuales, son tomadas por casi 90 de la población de este sector etario y las botanas, dulces y postres en más de 50 por ciento.

Alrededor de 37 por ciento de la población de entre cinco y 11 años presenta sobrepeso (18 por ciento) y obesidad (19.5 por ciento) y casi 40 por ciento de la que está entre los 12 y 19 años registra sobrepeso (24.7 por ciento) y obesidad (15 por ciento).

México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, siendo la población en edad preescolar uno de los sectores más afectados por este consumo.

Larga historia

Al segundo intento se logró modificar la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, señaló Yesica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de la asociación Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, al explicar que en marzo del año pasado se había presentado una iniciativa similar, pero fue rechazada por el poder legislativo de Oaxaca.

En noviembre pasado se volvió a presentar la propuesta con el argumento de la necesidad de la protección del derecho a la salud, a la alimentación, al sano desarrollo y a la justicia social de las infancias y juventudes oaxaqueñas.

La iniciativa consistió en agregar a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad el artículo 20 bis. En este apartado, se prohíbe expresamente “la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico” en cualquier espacio, y de manera enfática en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior y/o a través de máquinas expendedoras.  En la modificación se indica que las sanciones no aplican para madres ni padres, quienes podrían consentir el consumo de estos productos por parte de su hijas e hijos.

Para la abogada, este proceso regulatorio respondió a que no se quisieron subsanar disposiciones ya legisladas anteriormente en la materia, por lo que hubo que buscar mecanismos legales para lograr su cumplimiento.

Mecha encendida

Después de conocerse la resolución de Oaxaca, semana y media después, el Congreso de Tabasco aprobó medidas similares para prohibir la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad.

El poder legislativo tabasqueño reformó la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Hacienda Municipal para impedir el suministro de estos productos a los menores, salvo que sus padres, madres o tutores legales lo permitan. También se prohibió la instalación de máquinas expendedoras en los centros educativos de nivel básico, así como en los hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud.

Además, se limita la publicidad de estos productos, ya que no podrán anunciarse dentro de un radio de 300 metros alrededor de centros educativos de educación básica y centros de salud y deberán pagar una tarifa aumentada en 25 por ciento con respecto a los costos normales de publicidad para poder anunciarse en lugares autorizados.

Dichas disposiciones entraron en vigor el pasado 22 de agosto, convirtiendo a Tabasco en la primera entidad del país en regular la venta de productos chatarra.

Uno de los espacios de mayor riesgo para el consumo de comida chatarra es el ambiente escolar, donde se ha observado que conforme los niños y las niñas avanzan de grado, también aumentan su peso corporal, pero no de manera proporcionada, sino desmedida.

En otras entidades se presentaron iniciativas similares como en Colima, Ciudad de México e Hidalgo, donde se retomó el proyecto oaxaqueño a fin de implementarlo en cada entidad. Una versión similar se ha propuesto en Chihuahua, donde se plantearon sanciones a vendedores y expendedores que no respeten el cumplimiento de la normatividad.

Otra propuesta es la de Nuevo León, donde se contempla modificar la Ley Estatal de Salud, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o la Ley para Prevenir la Obesidad y Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León para impedir la venta de estos productos en todos los comercios y limitar la publicidad.

Muy cerca, en Coahuila, se presentó una propuesta similar a la de Oaxaca, con la particularidad de regular la venta de los comercios cercanos a los centros educativos, al considerarse que la restricción al interior de las escuelas debe extenderse a sus alrededores. De igual manera, en Guerrero, también se propone prohibir la donación de alimentos chatarra a poblaciones menores de edad.

En el Senado de la República, el Partido Acción Nacional presentó una propuesta, actualmente en estudio en las comisiones de Salud y Estudios Legislativos, para prohibir la venta de alimentos empaquetados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas a menores de edad. Se plantea también regular la publicidad de este tipo de insumos para evitar que se asocien con la idea de prestigio o éxito, que no participen menores de 18 años en los anuncios, que no se exhiban los mensajes publicitarios en espacios privilegiados y que en los comercios haya leyendas claras sobre la prohibición de su venta.

Tras un análisis sobre las implicaciones de los recientes cambios legales en materia de alimentación, Gabriela Rodríguez Huerta, del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, señaló que, a pesar del avance, la industria alimentaria intentará usar todos los recursos legales posibles para revertir las medidas y evitar que entren en vigor.

A casi un mes de la aprobación de la reforma a la ley de Oaxaca, aún se espera que el gobernador, Alejandro Murat, publique la nueva medida en el diario oficial de la entidad.