Notiese Ante la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar el amparo en el que se pedía el reconocimiento de la omisión legislativa del Congreso de Veracruz al no haber modificado diversos artículos del Código Penal de esa entidad que violentan o restringen los derechos humanos de las mujeres, conforme a lo establecido en la Alerta de Género por Agravio Comparado, decretada el año pasado, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el actuar del máximo tribunal mexicano.

Al respecto, María de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia de Género y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmó que la resolución deja en un estado de indefensión a las mujeres del estado de Veracruz, debido a que no se discutió a fondo la situación del acceso al aborto legal en dicha entidad.

Para la activista, resultó sorprendente que, sin haberse dado una discusión más amplia del tema, se desechara el proyecto y se regresara para emitir una nueva sentencia.

Por su parte, Esmeralda Lexiur Ferreira, integrante de la Fundación Mexicana para la planeación Familiar (Mexfam), comentó que el proyecto enviado a la corte estaba a la vanguardia porque iba claramente encaminado a sentar un precedente en el tema de las omisiones legislativas.

En su oportunidad, Rodolfo Domínguez, director de la organización civil Justicia, Derechos Humanos y Género, mencionó que las organizaciones que promovieron el amparo estaban buscando implementar un mecanismo político, jurídico y administrativo que pudiera dar respuesta a las obligaciones que tiene que cumplir el Estado mexicano y que se encuentran contenidas en tratados internacionales como la convención de Belem do Pará.

Una de esas obligaciones es modificar los marcos normativos que discriminan y violentan a las mujeres, agregó el abogado.

Las organizaciones esperan que quien retome la nueva sentencia de este caso, centre su interés en los derechos humanos, en el principio de progresividad y en lo establecido en el artículo primero Constitucional para garantizar la mayor protección de derechos para las mujeres en Veracruz

El proyecto que fue rechazado por 4 votos en la corte proponía que el Congreso de Veracruz modificara los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del estado para de esta forma despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, además de que se incluyera la causal de riesgo para la salud de la mujer en dicho código, así como eliminar el plazo de 90 días para la interrupción del embarazo en casos de violación.