La ultraderecha mexicana ha encontrado en el llamado Pin parental, ideado por la ultraderecha española, una nueva estrategia para tratar de impedir, una vez más, que se imparta educación sexual en las escuelas.

En Aguascalientes, la derecha fundamentalista (léase PES), logró la reforma a la ley que obligará a las autoridades educativas a someter todo programa, curso, taller y actividad educativa en los rubros de moralidad, sexualidad y valores al consentimiento de padres y madres “de conformidad con sus convicciones”. En los hechos, esto derivará en la supresión de todo contenido relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

La aprobación de esa ley es inconstitucional, toda vez que la Constitución mexicana incluye, en su artículo tercero, “la educación sexual y reproductiva” entre los contenidos obligatorios de programas y planes de estudio. Es decir, lo establece como un derecho de las y los infantes.

Ya encarrerados, los fundamentalistas intentaron reformar en el mismo sentido la ley del ramo en Nuevo León, pero su intento fue rechazado. Y anunciaron que impulsarán iniciativas similares en otros estados.

Por fortuna, en esta nueva batalla por la educación sexual, México cuenta con sólidas instituciones jurídicas y leyes laicas para impedir retrocesos en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.