Con la finalidad de evitar un retroceso en materia de acceso a educación sexual a raíz de la presentación de diversas iniciativas en los estados para que sean los padres y madres de familia quienes decidan si sus hijas e hijos pueden o no tomar clases y participar en actividades sobre el tema, 18 organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes de la República Mexicana conformaron el Colectivo Artículo 3.

A través de una conferencia de prensa virtual, las organizaciones señalaron que es urgente desechar todas las iniciativas referentes al pin parental –derecho preferencial de los padres sobre la educación de sus hijos o a la incorporación de la perspectiva de familia a los contenidos educativos– y legislar con base en lo establecido por la Constitución Política de nuestro país y los tratados internacionales reconocidos por el gobierno mexicano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con las agrupaciones, este tipo de iniciativas para modificar los artículos referentes a la educación en las constituciones locales aún están pendientes de discusión en los congresos de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato. En Nuevo León, ya se rechazó y se intenta volverla a discutir. Y en Aguascalientes, la iniciativa fue aprobada en mayo pasado, y ante ello, fue interpuesta una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al respecto, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía México, señaló que lo anterior representa un retroceso en materia de educación sexual y va en sentido contrario al principio de progresividad que caracteriza a los derechos humanos, en este caso, los de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Cristina Santana, del Instituto Simone de Beauvoir, consideró que estas iniciativas contravienen a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a los artículos 3, 4 y 6 de la Constitución Política, en detrimento de la protección de los derechos sexuales y reproductivos, pues bloquean las posibilidades de acceso a la información en materia de género y sexualidad.

Añadió que este tipo de medidas tienen un impacto diferenciado por género, pues nueve de cada 10 personas que son víctimas de delitos sexuales son mujeres, y de éstas, cuatro de cada 10 son menores de 15 años, sumado a que las tasas de embarazo en mujeres adolescentes en México son de las más altas a escala global, muchas veces posible producto de violación sexual.

Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, recordó que la educación sexual ya está garantizada en el artículo 3 constitucional, por lo que corresponde a la población adulta brindar a las generaciones de infantes y adolescentes las mejores herramientas para su bienestar y desarrollo, pero sin olvidar que las decisiones deben ser tomadas por ellos mismos.

Engaños e irresponsabilidad
Sofía Regalado, de Morras Help Morras de Aguascalientes, compartió que las y los integrantes del congreso local reconocieron que aprobaron la reforma al artículo 4 de la Ley del Instituto de Educación para establecer que madres y padres de familia deben conocer de manera previa cualquier lección académica, de modo que ellos decidan si sus hijas e hijos la deben estudiar o descartar, sin haberla leído previamente.

En el caso de Nuevo León, Frida Soto, del Colectivo Unidos por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que varios diputados locales decían en los medios de comunicación que la propuesta consistía en darle derecho a los padres y madres a decidir enviar a sus hijos a una escuela pública o privada.  Además, descalificaban las voces de niños, niñas y adolescentes que cuestionaron la propuesta con el argumento de que no sabían nada porque aún no eran ni padres ni madres de familia.

Alerta
La diputada federal por Quintana Roo del Partido Encuentro Social, Adriana Teissier Zavala, quien en 2018 presentó una iniciativa para establecer, a nivel constitucional, que los padres tienen el derecho a escoger la educación de sus hijos, consideró que “la Secretaría de Gobernación, no puede imponer y debe respetar las leyes mexicanas que están obligadas a cumplir con los tratados internacionales firmados por México y que garantizan los derechos de los padres.”

¿Qué es el Pin parental?
El Pin parental es una solicitud por escrito que padres, madres o tutores de menores de edad deben entregar en las escuelas a fin de permitirles participar o no en determinadas actividades educativas, entre ellas las de educación sexual, en caso de considerar que contravienen sus principios. Además, obliga a las autoridades escolares a dar a conocer el contenido de todas esas actividades para poder tomar la decisión.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación ha señalado que “la única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP. Esto no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o ‘pines parentales’ sobre los contenidos educativos”.

La Secretaría recordó que “uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos”.