Notiese Con sólo 20 votos de los 28 necesarios para poder modificar el artículo 3 de la Constitución de Nuevo León, se rechazó la propuesta conocida popularmente como “Pin parental”, en cuyo contenido se proponía que los centros educativos entregaran a madres y padres un informe de los talleres, actividades extracurriculares, pláticas o programas educativos del grado que cursan sus hijos o hijas para determinar si los deben cursar o no.

Además, los padres y madres tendrían el derecho de externar su opinión y consentimiento sobre el contenido de las clases y actividades que se imparten en los centros educativos y que consideren contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas.

Si bien la iniciativa fue rechazada el pasado 29 de mayo, también se aprobó una modificación al artículo 7 de la Ley de Educación del estado, para establecer que, como parte de las actividades educativas, se debe “desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre su formación para la vida adulta, incluyendo la planeación familiar, la paternidad y maternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana”.

Otras iniciativas

En Aguascalientes, de manera unánime, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley del Instituto de Educación para permitir a los padres y las madres decidir si sus hijos podrán cursar o no materias con contenidos morales, sexuales y de valores de familia.

En el párrafo quinto del artículo 4, se estableció que madres y padres de familia conocerán de manera previa cualquier lección académica para que ellos decidan si los tutorados la deben estudiar o descartar.

De igual manera, “la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

Propuestas similares se han presentado en Querétaro, donde la diputada Elsa Méndez, presidenta de la Comisión de Familia, presentó una propuesta de modificación al artículo 58 de la Ley de Educación, para que “los tutores decidan sobre programas, cursos o pláticas que reciban nuestros hijos en lo referente a educación básica (preescolar, primaria y secundaria), a través de una autorización por escrito a la institución educativa a la que pertenezcan”.

En Chihuahua, la diputada local Marisela Sáenz Moriel promovió una reforma al artículo 130 de la Ley Estatal de Educación con el argumento de “garantizar el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

interrupción del embarazo

El pasado 26 de mayo, el Congreso de Guanajuato rechazó la iniciativa de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo propuesta por Madalena Rosales Cruz y Ernesto Prieto, en la que, también se proponía dejar de considerar al aborto como un delito grave.

También se rechazó ampliar las causales de interrupción legal del embarazo en caso de que éste sea producto de una inseminación artificial no consentida, ponga en riesgo el estado de salud o la vida de la mujer o el producto tenga malformaciones que le impidan un desarrollo pleno.

Una resolución similar se tomó en San Luis Potosí, donde a mitad de mayo, más de dos tercios del Congreso local votaron en contra de dos iniciativas en materia de aborto. Una proponía penalizar el aborto después de las 12 semanas de gestación y otra buscaba reconocer el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Entretanto, en Quintana Roo, colectivas feministas han exigido al Congreso local que analice y vote la iniciativa propuesta por la diputada Ana Pamplona Ramírez para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, presentada a principios de mayo. De acuerdo con las colectivas, en los últimos dos años, la legislatura local ha incurrido en omisiones puesto que entre 2017 y 2019 se presentaron tres iniciativas similares, pero no fueron dictaminadas por el poder legislativo.

Segob responde

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación cuestionó las iniciativas de reforma a las leyes de educación, y recordó que “uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos”.

El organismo a cargo de Olga Sánchez Cordero recordó que la Constitución y las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y de educación, otorgan a las y los menores el derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia, y su ejercicio debe estar libre de cualquier tinte ideológico.

Además, los contenidos educativos deberán invariablemente abordar “el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual”, sin que su enseñanza requiera de autorización expresa.