El 2 de diciembre de 2018, la vida de Esmeralda cambió radicalmente. Fue un domingo, recuerda, caminaba con su mamá rumbo a unos baños de vapor a donde acostumbraban ir cada semana. A unas calles de su casa, fueron acorraladas por cuatro hombres y uno de ellos le lanzó ácido a la cara. Ella lo reconoció inmediatamente: era su expareja, Fidel, el padre de sus hijos.

Tres meses antes, la mujer de 25 años de edad decidió dejarlo definitivamente debido a la violencia física y psicológica que padeció a su lado, durante casi una década. Él insistió en que regresara, pero esta vez ella se rehusó pensando en el bienestar de sus niños. Desde entonces, Esmeralda se fue a vivir con Verónica, su madre.
Aquel día, la joven trató de defenderse y cuando Fidel le lanzó el corrosivo por segunda vez, lo aventó y a él también le cayó en la cara. De inmediato salió huyendo con los tres hombres que lo acompañaban.

Esmeralda fue trasladada a un hospital público donde esperó más de media hora para ser atendida debido a que los médicos desconocían cómo quitarle el ácido del cuerpo. “No sabían si bañarme o no”. Su estado de salud era delicado, tardaron varias horas en estabilizarla porque inhaló el ácido.La originaria de Cuautlancingo, Puebla, permaneció hospitalizada tres meses debido a las graves quemaduras que sufrió en la cara, en la córnea del ojo derecho y en su cuerpo, las cuales le ocasionaron una perforación en el esófago.

Tras el ataque, la tía de la joven buscó al responsable “hasta que dio con él” y lo denunció ante las autoridades locales. Cinco horas después, lo detuvieron en el hospital donde fue atendido por las lesiones en su rostro. Desde entonces, Fidel se encuentra en prisión preventiva esperando que se le dicte sentencia, pero sus tres cómplices están prófugos.
Esmeralda teme que los agresores en libertad intenten terminar con su vida, ya que su expareja no lo logró. “Saben dónde encontrarme, por eso tengo miedo”, expresa su preocupación, la cual ha externado a distintas autoridades poblanas sin tener respuesta.

Acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla para solicitar medidas de protección, pero le respondieron que “lo iban a checar”. Su petición tampoco fue atendida por el Instituto Poblano de las Mujeres pues le dijeron que “no podían hacer nada” por ella.

Desde que fue agredida, Esmeralda no ha podido trabajar, pues sufre discriminación por parte de los empleadores, quienes le niegan una oportunidad por las cicatrices en su rostro y la pérdida de visión de su ojo derecho. La joven requiere un ingreso para la manutención de sus niños de 5 y 8 años de edad, “becas para mis hijos, alguna ayuda económica, aunque sea mínima a mí me va a servir de algo”. La joven poblana también necesita asesoría jurídica gratuita para dar seguimiento al proceso judicial en contra de su agresor, pues desde agosto pasado no recibe ninguna notificación y desconoce cómo va el caso.

“Lo que pido es justicia, que se le dicte sentencia a mi agresor, y una reparación del daño, porque he sufrido mucho y mis hijos también están sufriendo, porque si no tengo para comer, ellos padecen conmigo, es muy duro”. A pesar de todo, Esmeralda “trata de sobrevivir”.

Al ser agredidas con corrosivos, estas mujeres que “han querido ser libres, dueñas de su destino” pierden su identidad, afirma la investigadora Patricia Bedolla.

Seis años en espera de justicia
Carmen se ha convertido en un apoyo fundamental para Esmeralda y para otras mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. La mexiquense es considera un ejemplo por arropar a sus compañeras y abanderar esta causa, exigiendo mejores marcos jurídicos y atención integral para las víctimas.

La mujer de 37 años de edad conoce el infierno que atraviesan las sobrevivientes de este delito porque es una de ellas. Carmen fue agredida el 20 de febrero de 2014 por el padre de su hija menor, Efrén, quien desde entonces está prófugo. Previo a la agresión, la originaria de Ixtapaluca, Estado de México, lo denunció en tres ocasiones, sin embargo, las autoridades la desalentaron para que no siguiera con el proceso judicial. “Me decían que era mi pareja, que en algún punto lo iba a perdonar y a regresar con él, que si lo detenían mis hijas me iban a cuestionar el por qué estaba ahí y que yo no iba a saber qué responder”.

En vez de aprehenderlo, los citaron para firmar un acuerdo en el que él se comprometía a dejarla en paz, pero no lo cumplió. Un año después, la atacó causándole graves lesiones en la cara y el cuerpo por las que tuvo que permanecer hospitalizada ocho meses. Para aminorar el daño, se ha sometido a 57 cirugías y dolorosos tratamientos dermatológicos.
No obstante, el médico legista que la atendió en el Ministerio Público (MP) de Ixtapaluca dictaminó que sus lesiones no ameritaban hospitalización ni ponían en riesgo su vida. Ese fue el principio de una “omisa” y “dilatoria” investigación sobre el caso, documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación 85/2019.

En este documento, dirigido al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia y una vida libre de violencia en agravio de Carmen, así como la vulneración del interés superior de la niñez de sus dos hijas menores de edad por parte del personal de la FGJEM.

Durante cuatro años, el personal del MP le negó a la víctima el acceso a la carpeta de investigación argumentando que estaba perdida. “Me tenían todo el día esperando y salían a decirme que no la encontraban”. La carpeta apareció una semana después de que intervino la CNDH, entonces, el caso pasó a la Fiscalía Regional de Amecameca. La Fiscalía giró una orden de aprehensión en contra de Efrén y organizó un operativo para detenerlo en Nuevo León, pero fracasó y este hombre sigue prófugo.

La mexiquense lamenta que su agresor continúe libre, mientras ella y sus hijas viven resguardadas, portando aparatos de rastreo y con temor a salir solas. En esta circunstancia, “trato de sobrevivir a esta agresión, porque es sobrevivir, aún no podemos vivir hasta que, por lo menos en mi caso, mi agresor esté preso”. Con la ayuda de una abogada pro bono, Carmen logró que se emitiera un boletín de búsqueda para encontrar a Efrén, ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos. Además de justicia, busca una reparación del daño. Los avances en su caso han corrido por su cuenta, pues no recibió el apoyo de las instituciones mexiquenses a las que se acercó, entre las cuales están el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM.

Resurgiendo
La historia de desprotección se repite en la mayoría de los casos de ataques con ácido en México, documentados por el colectivo Resurgiendo, una iniciativa que Carmen creó con el propósito de ayudar a las sobrevivientes en su búsqueda de justicia y atención integral.

De 2010 a 2019 se han registrado 13 casos en diferentes estados del país, entre los cuales dos de las víctimas fueron asesinadas. De los 11 restantes, solo 2 agresores han sido detenidos y, de ellos, uno fue sentenciado a 3 años de prisión. Entre estos casos, se contabiliza el ataque con ácido a la saxofonista Elena Ríos, ocurrido el 11 de septiembre de 2019, en Oaxaca, cuyo agresor, el político y empresario Juan Vera, continúa prófugo.

Con base en estos datos, la mexiquense advierte que el número de agresiones va en aumento y que los casos son más de los que conocen, pues muchas víctimas no denuncian por pena o temor. En México no existe un registro oficial pues los ataques con ácido, con excepción de algunos estados, se clasifican como lesiones, cuya sanción apenas alcanza 3 o 4 años de cárcel.

Hasta ahora algunos estados del país como Ciudad de México,  Hidalgo y Baja California han aumentado la sanción a los responsables de estos
“crímenes de odio”.

Un mejor marco jurídico
Para enmendar esta situación se requiere un cambio jurídico a nivel federal que permita la creación de un tipo penal específico, aumente la condena a los responsables, brinde atención integral a las víctimas y regule la venta de corrosivos.

“A mí me hubiera gustado ser la única mujer agredida con ácido en mi país, pero desafortunadamente ya hay más; esperemos que no continúen estas agresiones tan devastadoras, no se lo deseo a nadie, pero si llegara a haber otro caso, con un mejor marco jurídico esa mujer tiene la oportunidad de que su carpeta sea mejor integrada que la nuestra”. Hasta ahora algunos estados del país como Ciudad de México, Hidalgo y Baja California han aumentado la sanción a los responsables de estos “crímenes de odio”. En el caso de la capital, el congreso local aprobó un aumento en la condena de 6 a 12 años de prisión y se presentó un punto de acuerdo para garantizar a las víctimas atención integral: médica, psicológica y económica.

De acuerdo con Alessandra Rojo de la Vega, diputada del Congreso de la Ciudad de México, las reformas en el ámbito local representan avances importantes, pero se requiere que el cambio sea federal pues estos crímenes ocurren en cualquier parte del país. Actualmente, está en el Senado de la República una iniciativa de ley que eleva la pena por este delito y establece la creación de un tipo penal específico.

Educar con perspectiva de género
Para Patricia Bedolla, académica e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el castigo es importante pero no soluciona el problema. Para avanzar es preciso invertir en la prevención de la violencia de género.

Un primer paso sería “atravesar las escuelas con un currículo con perspectiva de género, desde los primeros años escolares” para crear una “nueva subjetividad masculina y femenina que implique respeto”.

Debido al modo en que se educa a mujeres y hombres “a veces no nos damos cuenta que estamos ante alguien que nos puede llevar a la muerte, hasta creemos que podemos transformar a ese hombre, cuando nuestro sistema educativo nos tendría que decir, aléjate de esa persona”.

La masculinidad tradicional implica agredir “ante la menor provocación, porque eso es ser hombre. Además, no acepto el no, y menos de quien considere subordinado”, explica. Cuando su pareja le dice que no, no lo acepta, y las mujeres “que le han dicho que no a una persona que no sabe amar” se convierten en “objetos de venganza”.

Al ser agredidas con corrosivos, estas mujeres que “han querido ser libres, dueñas de su destino” pierden su identidad. “Es muy simbólico verter ácido en la cara porque se acaba tu identidad, eres un cadáver con vida, no te has muerto, pero ya no eres tú. Eres otro y te lo causó esa persona a la que le dijiste no, a la que desairaste… Tirarle ácido a una persona en la cara es tener claridad de que su vida va a ser un infierno”.