La mesa se quedó servida, Liz había prometido ir a comer con su madre, pero nunca llegó ni avisó que no acudiría. Tampoco respondió a los mensajes de texto que le enviaban; ni siquiera los había leído. En varios días no llamó a casa de su familia para saber cómo se encontraba su hijo, quien vivía con sus abuelos. Si bien su carácter era fuerte, nunca había dejado de hablarles por tantos días. Ante los hechos, su madre se empeñó en comunicarse con la pareja de Liz, a pesar de que nunca les tomaba la llamada. El truco al que recurrió fue llamar de un teléfono público a altas horas de la noche. La respuesta que obtuvo fue que Liz, de 21 años, había salido de noche, tras un enojo, de su domicilio de Palo Solo, colonia ubicada en los linderos de Naucalpan de Juárez y Huixquilucan, y nunca regresó. Él dijo que no había tenido dinero para salir a buscarla o avisar a la familia.

La madre no quedó satisfecha con la respuesta y desde septiembre de 2016 no ha cesado en su búsqueda. Tapizó de carteles con fotografías de Liz la zona donde vivía, pero al otro día fueron retirados. Denunció los hechos ante el Ministerio Público de Huixquilucan ,donde levantaron el reporte de la desaparición. A los pocos días la llamaron porque habían encontrado un cuerpo con las características descritas, sobre todo los tatuajes, insistieron los policías ministeriales. El cadáver no era de Liz y ninguno de los tatuajes coincidía con los de ella. Al interior de las instalaciones del M. P. le dijeron que les diera dinero y en dos meses entregaban resultados. La mujer se negó y continuó la búsqueda por su propio camino.

Una de las pocas herramientas con la que se auxilió fue Facebook. Allí vio que Liz dejó de conectarse a mediados de agosto. Contactó a todas sus amigas y amigos y sus versiones coincidieron en que después de esas fechas, nadie la había visto ni hablado con ella, aunque algunas le dijeron que la había visto con el rostro golpeado unos días antes del 26 de agosto, último día en que estableció comunicación con su mamá. Se enteró de varias cosas como que Liz vivía con su pareja y la esposa de éste, quienes cuidaban a la hija de Liz; que la noche en que supuestamente había salido, unos chicos de la zona la habían visto irse rumbo a El Zapote, y que incluso pudo haberse dado una violación tumultuaria.

La familia de Liz levantó una denuncia en contra de su pareja a fin de que narrara lo ocurrido esa noche y establecer una ruta de búsqueda. Tras varias vueltas a la mesa 7 de los Juzgado de Primera Instancia de Barrientos, le comentaron que harían una visita sorpresa, pero alguien debería “poner” al hombre. La madre accedió y lo vio con el argumento de que faltaban algunas cosas para la hija de Liz, quien ya vivía con ella. Fue escoltada por unos 20 policías y unos perros, que servirían para ayudar a la búsqueda con su olfato. El operativo no duró más de 10 minutos, pues un hermano de la pareja de Liz llegó y entró a la casa con los elementos policiacos, quienes salieron a los pocos minutos, alegando que la situación se había puesto “caliente” y ya no podían permanecer en el lugar. Después de los hechos, la pareja de Liz interpuso una denuncia por abuso de autoridad. Entretanto, las autoridades comentaron que harían una investigación en Internet. El resultado fue que “habían revisado las fotos de su perfil de Facebook” y no encontraron nada. A un año y 7 meses de la desaparición de Liz, su pareja no ha rendido su declaración ni ha sido citado por los jueces para hacerlo; incluso, ya se cambió de domicilio.

“Es frustrante ir al juzgado, escuchar que te digan que están trabajando, pero en realidad no pasa nada”, afirma la madre de Liz, mientras mira indignada su celular y lee un mensaje en el que del juzgado le dicen que en breve se pondrán en contacto con ella. La fecha del mensaje es del 14 de agosto de 2017.

Nadie parece haberlas contado bien. Las mujeres desaparecidas suman 10 mil en los últimos 12 años, de acuerdo con cifras de organizaciones civiles,
mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, mecanismo de la Secretaría de Gobernación, reporta 8 mil 791 en el mismo lapso.

En estado de alerta
A lo largo de varios años, se han solicitado las declaratorias de Alerta de Violencia de Género en distintas entidades del país, y organizaciones de la sociedad civil han hecho énfasis en dos problemas a los que se enfrentan las mujeres: la violencia de género que puede derivar en un feminicidio y la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En este último rubro se registran, por lo menos, 10 mil en los últimos 12 años, de acuerdo con la sociedad civil organizada; 191, según registros en instancia federales en los últimos tres años, y ocho mil 791 durante el mismo lapso en las diferentes entidades federativas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, mecanismo creado por la Secretaría de Gobernación para recopilar los datos de personas no localizadas, obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante autoridades estatales o federales.

Algunas de las respuestas dadas por las autoridades a los familiares han sido como las de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que ya no buscaran a sus niñas y mujeres desaparecidas porque seguramente estaban trabajando en alguno de los bares instalados en la frontera del país. Así lo refiere el informe elaborado para decretar la alerta de género en algunos municipios neoleoneses, en cuyo contenido se reportaron mil 250 casos de rapto, 59 de secuestro y dos de desaparición de mujeres.

El documento señala que algunas de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas fueron encontradas muertas tiempo después. En varios de estos casos estuvieron involucrados elementos de las fuerzas policiacas locales. Uno de los incidentes retomados ejemplifica la situación: una joven fue detenida por agentes de tránsito municipales, lo siguiente que su familia supo de ella fue que apareció muerta. La investigación oficial afirma que fue entregada al crimen organizado. La misma respuesta fue dada en otros 199 casos acontecidos entre 2010 y 2011, la mayoría en los municipios de Apodaca y Guadalupe. Incluso, en dicho municipio, las autoridades policiacas afirmaron saber que hubo elementos vinculados con organizaciones criminales “levantando personas que se quejaban de los Zetas”.

En el caso del Estado de México, el informe presentado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, encargado de atender la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género, mostró que en territorio mexiquense, entre 2005 y 2014 se documentaron cuatro mil 281 mujeres y niñas desaparecidas, de las cuales sólo fueron encontradas dos mil 727: dos mil 632 con vida y 95 sin ella. De las mil 554 restantes no se supo nada. El rango de edad en el que hubo mayor número de desapariciones fue de 15 a 17 años.

Hacia el golfo de México, en Veracruz, ante las imprecisiones de información dadas a conocer por la entonces Procuraduría General de Justicia local, en las que cada vez que emitía información al respecto proporcionaba diferentes números de registros, la sociedad civil realizó su propia investigación, según asienta el informe para el decreto de la Alerta de Género en territorio veracruzano. Esta arrojó que en la entidad, entre 2004 y 2010, hubo tres mil 998 casos de niñas y mujeres desaparecidas, de las cuales, sólo se localizaron mil 709, aunque no se supo si vivas o muertas, y del resto se desconoce su destino.

Recientemente, el Congreso de Nuevo León derogó del Código Penal de la localidad el delito de desaparición forzada. Una desaparición se considera como forzada cuando en ella están involucrados elementos del servicio público, o cuando éstos se niegan a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona.

Las causas de desaparición reportadas por la Procuraduría veracruzana eran problemas familiares en 74 por ciento de las denuncias, y “otras causas” como problemas escolares, que la chica se quedó a dormir con algún familiar o amigo, andaba de fiesta, se fue a trabajar a otro lugar, o problemas de adicciones.

Entre los estados con Alerta de Género vigente, Colima registró 28 desapariciones entre 2010 y 2014 y ninguna consignación vinculada a dichos casos. Guerrero indicó que en la fiscalía local se atendieron 468 denuncias de desaparición entre 2009 y 2016, aunque no aclaró si se resolvieron. Nayarit sólo registró seis entre 2012 y 2016. Sinaloa reportó tres casos de desaparición en los que estuvieron involucrados servidores públicos. Quintana Roo documentó 269 desapariciones entre 2014 y 2015, de las cuales, 37.5 por ciento eran menores de 17 años. Michoacán, sin ofrecer cifras, resalta el fenómeno de desaparición de mujeres a manos de oficiales rurales.

Las autoridades, estáticas
La Ley General en Materia de Desaparición, aprobada en noviembre pasado, plantea la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuyas funciones son impulsar “los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”. Sin embargo, hasta el momento no se ha nombrado a algún titular de dicho organismo ni se ha dado a conocer la manera en que se elegiría al mismo o la interacción que tendría con quienes están buscando a sus familiares.

Por esa razón, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el cual reúne a más de 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas de diferentes partes del país, ha recalcado la necesidad de dialogar con las y los candidatos registrados a ocupar la titularidad de la CNB a fin de conocer la motivación personal para postularse al cargo, su comprensión y análisis de la problemática, y las principales estrategias para abordar el fenómeno.

En entrevista, Janet Carmona, integrante de Servicios y Asesorías para la Paz, comentó que la legislación recién aprobada ayudará a crear comisiones de búsqueda locales, así como fiscalías especializadas, un registro único de personas desaparecidas, que a diferencia del actual, no separará la información conforme a la instancia en la que fue denunciada la desaparición, y se espera ayude a solventar los vacíos actuales de los registros, en los cuales no hay nombre ni sexo ni edad de la persona ni se sabe de qué tipo de desaparición se trata.

Sumado a eso, explicó que las tareas se dividirán a fin que las comisiones estatales de búsqueda se enfoquen a encontrar a la persona y las fiscalías de justicia investiguen el delito que hay detrás de la desaparición, además de unidades de contexto que permitirán establecer las causales por las que pudo haber desaparecido alguna persona.