Alrededor de 50 escalones separaron a Evelyn del módulo de la policía municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, ubicado en la colonia Praderas de San Mateo. El 31 de octubre del año pasado había salido de casa desde temprana hora a jugar futbol y posteriormente acudiría a la escuela donde cursaba el quinto año de primaria. Hasta el momento, nadie sabe qué ocurrió entre los andadores de esta zona del municipio, que se caracteriza por haber crecido entre los cerros, porque la menor de 10 años no llegó a la escuela.

Una gran escalera con peldaños irregulares de cemento es la vía de entrada hacia las casas que están sobre las elevaciones de terreno. Un camino de ida y vuelta conduce desde el Toreo de Cuatro Caminos o el Periférico hasta esta colonia que devoró la orografía de la zona. Antes de comenzar la subida por el andador con escaleras se cruza un puente que cubre un río de aguas negras. El primer bloque de escaleras agota pero no impide continuar hacia el segundo que es más escarpado. Casi a la mitad de los escalones llama la atención una pequeña cruz blanca colocada junto a un baldío y la puerta de un andador de tierra conducente a casas encerradas entre otras construcciones.

Esa cruz fue colocada por familiares de Evelyn. Allí la encontraron muerta a las cinco y media de la tarde del último día de octubre de 2016. “Violada y picada”, fue como la describieron sus propios parientes. Su cuello estaba desecho por la acción de un arma punzocortante. Su casa estaba a cuadra y media de donde fue encontrada. Las investigaciones continúan, pero no hay resultados. En la zona hubo mucha tensión en aquellos días, incluso hubo incidentes con integrantes del ejército cuando se reportó un intento de secuestro de dos niñas, de 7 y 14 años respectivamente, y la población cuestionó el actuar de las fuerzas armadas.

El caso de Evelyn es uno de los 87 homicidios dolosos de mujeres o feminicidios que han ocurrido en territorio naucalpense desde 2012, año en que el actual gobernador Eruviel Ávila tomó posesión como tal. Ese municipio, ubicado al norte del valle de México, es el cuarto más peligroso para las mujeres mexiquenses y tiene decretada una alerta de género.

De 9 mil 581 mujeres asesinadas, 7 mil 694 que fueron ultimadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueron
reconocidas como víctimas de feminicidios.

País en alerta

La alerta de género tiene el objetivo de garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. Está contemplada en el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y debe decretarse en territorios donde se registren altos índices de violencia feminicida, entendida como esa forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, o agravios en contra de sus derechos.

La primera alerta decretada fue la del Estado de México. En julio de 2015, la Secretaría de Gobernación determinó que ante cifras como los 929 feminicidios que se registraron en la entidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, era necesario implementar dicho mecanismo. Se seleccionaron los 11 municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Un mes después, la alerta se decretó en ocho municipios de Morelos y un año más tarde en 14 de Michoacán. En noviembre del año pasado, siete municipios de Chiapas también fueron decretados con alerta, así como cinco en Nuevo León y 11 en Veracruz.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), hay otros procedimientos en trámite: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Y dos se descartaron: Baja California y Guanajuato, aunque se llevan a cabo acciones de prevención.

Además, en Jalisco se decretó una alerta de género emitida por el gobierno local para la Guadalajara y su zona metropolitana, principalmente.

Autoridades deficientes

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo nuevas cifras a través del proyecto Feminicidios ocultos, consistente en pedir, por medio de solicitudes de información, a las fiscalías de cada entidad federativa el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres y las causas específicas de la muerte, además de saber si tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras. Los datos mostraron que entre enero de 2012 y junio de 2016 fueron asesinadas 9 mil 581 mujeres de forma violenta en todo el país.

De acuerdo con la investigación realizada por Valeria Durán, de estas mujeres asesinadas, 7 mil 694 que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios. Sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, es decir, el 19 por ciento.

En torno a los organismos de procuración de justicia, se halló que sólo dos fiscalías están encabezadas por mujeres (Baja California y Tlaxcala). También se observó un déficit en la definición de feminicidio en los códigos penales estatales y escasa armonización en la estipulación de las circunstancias clave que permiten identificar un feminicidio, pues sólo 11 de 32 códigos han incorporado en su contenido las propuestas del Código Penal federal.

Los municipios más peligrosos para las mujeres están diseminados  por todo el país: Ciudad Juárez, Acapulco, Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Guadalajara y León

Al respecto, el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México ha señalado que uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado la alerta en territorio mexiquense es la falta de disposición de las autoridades municipales para su implementación, para lo cual se necesitaría: capacitar en materia de género a todo el personal gubernamental, asignación específica de presupuesto, transparencia en los gobiernos municipales, voluntad política, elaboración de políticas públicas con perspectiva de género, garantía de derechos para las mujeres y mejoramiento de los mecanismos de acceso a la justicia.

Urgencia

El ruido provocado por la ruptura de un vidrio despertó a Margarita. Era de madrugada y le inquietaba que alguien hubiera entrado en su domicilio, ubicado en la colonia Ampliación de los Llanos Báez de Ecatepec, Estado de México. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que quien forzaba la puerta para ingresar era su ex marido, quien, según relatos de personas cercanas a la familia, la acosaba y celaba constantemente desde que se habían separado.

Casi no hubo palabras de por medio. Él sacó de entre sus ropas una pistola y la detonó en el mentón de Margarita, provocando su muerte instantánea, quedando tirada en la sala de su casa ante la mirada de sus hijos.

Lo ocurrido a Margarita lo han vivido muchas otras mujeres que habitan en el municipio mexiquense, clasificado por una investigación de ONU-Mujeres e Inmujeres como el más peligroso del país para la población femenina. Dicha información coincide con la de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que reportó 258 homicidios dolosos de mujeres en los últimos cuatro años.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres, sobre todo la feminicida, no sólo se con concentra en el Estado de México. El mismo estudio reveló que los otros nueve municipios más peligrosos están diseminados por todo el territorio mexicano: Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Chihuahua, Chihuahua; Iztapalapa, ciudad de México; Gustavo A. Madero, ciudad de México; Guadalajara, Jalisco y León, Guanajuato.

La justicia es una palabra poco asociada a la violencia de género. En diferentes tribunales del país se dirimen resoluciones emitidas sin tomar en cuenta el contexto social de la víctima o se hacen investigaciones parciales como en el caso de Nadia Muciño Márquez, asesinada por su pareja sentimental y su cuñado en 2004, y cuyo veredicto fue que se suicidó. O el de Xochitl, una joven estudiante de Ixtlahuaca que fue obligada a subir a una camioneta y fue violada, cuyo agresor, a pesar de haber sido identificado por ella ante jueces, fue liberado a los pocos meses de los hechos “por falta de pruebas”. Ella espera que la sentencia pueda ser revertida pues teme por su seguridad y la de su familia.