La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras por el caso del asesinato de Vicky Hernández, mujer trans y trabajadora sexual, ocurrida en 2009 durante el golpe de Estado, significa un gran avance en el acceso a la justicia y en contra de la impunidad de los crímenes de odio o por prejuicio hacia las personas LGBTI+ que tendrá repercusiones no solo en ese país sino en toda la región de América Latina y el Caribe.

Sin duda será un precedente importante que deberán tomar en cuenta las autoridades de procuración y administración de justicia de los países latinoamericanos y caribeños a la hora de investigar, procesar y sancionar este tipo de delitos.

Además, resulta muy relevante que la Corte Interamericana haya retomado, entre las medidas de reparación del daño dictadas al Estado hondureño, las demandas enarboladas por las organizaciones LGBTI+ de la región. A saber: el reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas trans, la implementación de un sistema de recopilación de datos de la violencia ejercida en contra de personas LGBTI+ y la adopción de un protocolo de investigación de casos de violencia dirigida contra personas LGBTI+.

Esta sentencia aportará un importante insumo en la lucha contra los crímenes de odio, motivados por la orientación sexual y la identidad de género, y en la defensa de los derechos LGBTI+ en la región.

.