Víctimas del prejuicio — letraese letra ese

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Víctimas del prejuicio


“Las navidades ya no serán las mismas”, afirma don Jesús, cabizbajo, mientras enciende un cigarrillo. El verde de sus ojos está opaco. Cansado de ir y venir entre su hogar, en Ciudad Juárez, y Chihuahua, la capital del estado. Si de por sí duerme poco debido a la alteración de su metabolismo por haber trabajado tantos años en el turno nocturno de una maquiladora, las primeras tres semanas de septiembre durmió mucho menos.

“Cada diciembre mi hija llegaba y ponía alegría en el hogar, organizaba la cena navideña, llamaba a sus hermanos para que estuvieran en la casa esos días. Arreglaba la casa y cocinaba para todos”, dice este hombre con sombrero y botas, como es la vestimenta del norte, afirma, pero quien desde la madrugada del 2 de septiembre, cuando recibió aquella llamada terrible, como él mismo la califica, cambió su vida.

Mientras charla, don Jesús aún no cree que Mireya Rodríguez Lemus, su hija de 31 años, esté muerta, que haya sido asesinada de manera violenta al interior de su hogar el pasado 30 de agosto y que aún no se encuentre a todos los culpables, pues para él, no fue una sola persona quien cometió el crimen, sino que tuvieron que haber sido varias, pues ella sabía defenderse muy bien.

De pocas palabras, pero franco, señala estar un poco cansado de tanta vuelta y trámite. Para poder sepultar a su hija, tuvo que esperar dos semanas a que le entregaran el cuerpo. Se acumuló tanto la tensión y el dolor que aquella tarde septembrina, en medio de las arenas semidesérticas de los alrededores de la capital chihuahuense, donde se ubica el camposanto en el que reposan los restos de Mireya, casi se desmayó, y sólo pudo balbucear un “gracias” para todas las personas asistentes, la mayoría de ellas, mujeres trans a quienes siempre apoyó la fundadora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.

Recuerdos, dice don Jesús, es lo que quiere tener de su hija. Por eso, pidió que le permitieran llevarse consigo todos los diplomas y reconocimientos que ella había obtenido en los últimos seis años, gracias a su labor como defensora de derechos humanos de mujeres trans, en específico, aquellas dedicadas al ejercicio del trabajo sexual.

Con una leve sonrisa que se traza en su bigote, recuerda que de adolescente, durante las inundaciones de 2006 que afectaron a más de 100 colonias en Ciudad Juárez, Mireya estuvo muy activa ayudando a los vecinos, y a partir de ahí, siempre se involucró en apoyar a otras personas.

Ese es el recuerdo que él quiere guardar de su hija, a quien, varios medios estadounidenses dedicaron espacios para compartir la indignación a raíz de su asesinato. Jamás hubiera imaginado que la hija de un trabajador indocumentado hubiera llegado a los periódicos y los noticiarios “de allá”. El pesar de su rostro es ineludible, la opacidad de esos ojos tan “chuleados”, igual. Por un lado está contento porque las investigaciones sobre el caso avanzan, pero por otro, le sigue pesando que la próxima Navidad, Mireya no estará.

 

En Chihuahua, entre 2017 y 2020, han ocurrido 32 crímenes motivados por prejuicio contra la diversidad sexual. Siete se dieron en 2017; 20 en 2019 y cuatro en lo que va de 2020. Veinte víctimas eran mujeres trans; cinco, hombres gay; seis, mujeres lesbianas y una mujer bisexual.

 

Nadie la vio

¿Alguien vio a Mireya? Fue la pregunta más común en la esquina de las calles 12 y Libertad del centro histórico de Chihuahua, durante el último fin de semana de agosto. A ese lugar solía acudir la activista trans de manera cotidiana a ejercer el trabajo sexual y a brindar apoyo a otras trabajadoras sexuales.

La mañana sabatina del 29 de agosto fue la última vez que alguien la vio en los alrededores de su casa, después nadie supo de ella. Pasaron tres días, en los cuales no hubo noticias de ella, ni una llamada telefónica, ni un mensaje de Whatsapp o alguna nueva publicación en Facebook.

“Un nuevo novio” fue lo que pensaron sus compañeras. Ante la extrañeza, el miércoles 2 de septiembre, acudieron a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Solar del Valle, alejado considerablemente de la zona céntrica de la capital chihuahuense, más bien, cercano al Centro de Readaptación Social de la localidad y de la zona de maquilas. Para poder llegar, uno de los caminos está pavimentado y el otro es de terracería. Es el último reducto de la urbe, después siguen inmensos campos arenosos, tumba de múltiples crímenes.

Al llegar al lugar, las chicas no pudieron ingresar de manera inmediata a la casa debido a que estaba cerrada, pero una vez que lo lograron se percataron de la presencia del cadáver de la activista, con signos de violencia, en la sala del domicilio. Una escena dantesca, debido a la abundante sangre seca regada por casi la mitad de la casa, a las huellas de sangre en las paredes, al inevitable aroma de la muerte, aún perceptible semanas después, y a la evidente putrefacción del cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado llegó por el cuerpo, pero no acordonó el área ni resguardó la escena del crimen. Varias instancias intervinieron, entre ellas, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), antes de que se determinara que fuera la de Derechos Humanos la que asumiera la investigación, al reconocerse que Rodríguez Lemus era defensora de derechos humanos, debido a su participación en la emisión de la primera recomendación (58/2016) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, donde se reconocían los derechos humanos de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales para que las autoridades municipales de Chihuahua cesaran sus operativos arbitrarios en las zonas de trabajo sexual, en los cuales se les forzaba a aplicarse pruebas de VIH o eran sancionadas con varias horas de prisión.

Dos semanas después de los hechos, la propia Fiscalía anunció la detención de Iván Arturo González Palma, presunto responsable material del crimen en contra de Rodríguez Lemus, debido a que estuvo vinculado con la venta del automóvil de la activista a través de Facebook, días después de los hechos, y al hallazgo del celular de la víctima en su domicilio, así como un par de tenis, cuyas huellas fueron halladas en la escena del crimen, además de otras pruebas que refuerzan su participación en el asesinato.

Las compañeras de la activista señalaron que desde hace meses había sufrido amenazas y recibió mensajes de intimidación, al igual que varias integrantes de la organización. Además, en la capital chihuahuense, en este año, se han registrado al menos otros dos crímenes motivados por el prejuicio hacia la identidad de género de las mujeres trans.

 

Entre agosto y septiembre de este año, al menos otros 7 asesinatos motivados por el prejuicio contra la diversidad sexual se han cometido en otras entidades de la República como Baja California, Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz.

 

“Tenemos miedo”

Miedo es la palabra que taladra la cabeza de Regina, actual secretaria general de Unión y Fuerza, quien asegura temer por represalias debidas a la visibilización del asesinato de Mireya. Teme también que se pudieran repetir sucesos como los de 2011, cuando alrededor de siete mujeres trans fueron asesinadas en las calles donde hacían trabajo sexual. De sólo rememorar, tiembla y prefiere resguardarse en casa.

La idea no sale de su mente, pues en este año han ocurrido varios asesinatos de mujeres trans, tanto en la capital estatal como en Ciudad Juárez, y salvo en uno de los casos, todas las demás chicas asesinadas eran conocidas suyas y mantenían un vínculo con Mireya.

Recién comenzado marzo, se supo del caso de Patsy Andrea Delgado, una mujer trans de 42 años, asesinada al interior de su domicilio, en la capital del estado. En el lugar de los hechos, encontraron un martillo con manchas de sangre, que al parecer fue utilizado como arma para cometer el homicidio. El auto de la víctima fue robado. Hasta el momento, se desconoce el paradero del auto y no hay avances en la investigación, a cargo de la FEM.

Días después del asesinato de Mireya, el sábado 5 de septiembre, se halló el cuerpo de Leslie Rocha, también activista a favor de los derechos de las personas trans, en su domicilio en Ciudad Juárez. Las primeras investigaciones arrojaron que fue atacada con un arma punzocortante y quedo envuelta en unas sábanas. Ese mismo día, se realizó una marcha para exigir el esclarecimiento del caso de Mireya, sin embargo, hubo más de 20 detenciones de personas participantes por parte de la policía municipal juarense.

Una semana más tarde, al sur del paso fronterizo, fue asesinada a balazos Chuya, mujer trans, sin conocerse más hechos hasta el momento. Su cuerpo quedó expuesto por algunas horas en la calle.

Tres transfeminicidios en dos semanas ¿Habrá un siguiente?, pregunta al aire Regina mientras termina de revisar las notas sobre los casos y da una profunda exhalación.

 

Justicia para todas

Entre 2015 y 2019, al menos 441 personas LGBT fueron víctimas de violencia homicida, revela el informe que año tras año da a conocer Letra S. Las cifras pueden ser mayores, incluso miles, pues, desde hace década y media se hace este monitoreo y se sabe que hay un subregistro de casos.

A pesar de las cifras, fue hasta principio de septiembre, durante la primera audiencia del caso de Mireya, que se pidió considerarlo un homicidio agravado por razones de género, un suceso relevante, pues es la primera vez que una fiscalía considera como tal al asesinato de una persona integrante LGBTI. Para Laura Hernández García, coordinadora general del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, de Letra S, y abogada acompañante del caso, es inédito en Chihuahua y en el país que se reconozca la identidad sexogenérica de una mujer trans, además de la violencia y saña con la que fue privada de la vida y su vulnerabilidad por ser trabajadora sexual y defensora de derechos humanos.

El siguiente paso, consideró la especialista, es que se den medidas de protección para que se resguarde la integridad de las mujeres trans que forman parte de Unión y Fuerza, además de reconocerles su calidad de víctimas indirectas de estos sucesos. En el caso del padre de Mireya, este reconocimiento ya fue otorgado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, y se da seguimiento a sus garantías, comentó la jurista.

También se aplicó por primera vez el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, de la Fiscalía General de la República, para determinar si en el crimen de la activista influyeron su identidad de género y los aspectos sociales asociados a la misma.

Sin embargo, la inseguridad permea entre las integrantes de Unión y Fuerza y otras, quienes piensan que hasta que no se esclarezcan, al menos, los casos ocurridos este año, no hay certeza para volver a caminar por las calles. Así, el mensaje será el que conocen hasta el día de hoy: son invisibles para las autoridades y la sociedad.

 

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