Notiese. Recientemente se presentó la propuesta de Ley de Trabajo No Asalariado de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados local, con la finalidad de  “reconocer, regular y establecer las normas y procedimientos para decretar los derechos y obligaciones, inspección y vigilancia, de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes en el espacio público”.

Al respecto, la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” ha externado que en el marco de dicha ley no se contempla al trabajo sexual de manera integral debido a que, en un principio, no había sido considerado como parte de los oficios reconocidos como trabajo no asalariado.

De igual manera, cuestiona que en el marco de la propuesta de ley, “las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, establecerán las Zonas Especiales de Comercio y Cultura Popular para el ejercicio del trabajo no asalariado de manera ordenada, con la consulta de las personas trabajadoras no asalariadas”.

Además de que la iniciativa de ley estipula que “queda prohibido exigir la inspección médica obligatoria a las personas trabajadoras sexuales”, pero conmina a la Secretaría de Salud y de Seguridad Ciudadana a implementar “acciones vigilancia sanitaria de los espacios aptos para el ejercicio del trabajo sexual y seguridad en el ejercicio del trabajo”, situación que podría derivar en la utilización de estrategias de control sanitario bajo el pretexto de establecer políticas públicas de control sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual.

Una medida, que de acuerdo con la organización, es “una práctica discriminatoria, inconstitucional e ineficaz, que va en contra de las disposiciones de la Ley General de Salud, y la Norma Oficial Mexicana, NOM-010-SSA2-1993 Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, así como de las directrices internacionales sobre el VIH/sida y los derechos humanos y la Cartilla de Derechos Humanos de las Personas Trabajadoras Sexuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Para la organización con más de 30 años de trabajo con personas que ejercen el trabajo sexual, la ley de trabajo no asalariado capitalina no debe contemplar la posibilidad de un cobro de cuotas o impuestos a quienes laboran en las calles y ocupan los escalafones más vulnerables de la sociedad, tampoco se debe dejar a cada alcaldía la supervisión y la regulación de este tipo de trabajo, pues el organismo más adecuado para hacerlo es la Secretaría de Trabajo local.

Asimismo, consideraron que la medida va en contra del amparo 112/2013, otorgado por la juez primera de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, que ordenaba a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo emitir licencias de trabajadores no asalariados a quienes ejercen el trabajo sexual y garantizar el derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y a sus derechos laborales.

Situación en Yucatán
La más reciente reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio de Mérida el pasado 13 de septiembre, estableció en su Sección III, artículo 15, referente a “las infracciones a la dignidad de las personas”, que una de dichas infracciones es “ejercer o promover el trabajo sexual en la vía pública”.

Al respecto, Carlos Méndez, coordinador general de la organización civil Oasis de San Juan de Dios, explicó a Letra S que el Consejo contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del ayuntamiento propuso que ese apartado del artículo fuera derogado, pero en lugar de llevar a cabo la propuesta, se cambió la palabra prostitución por trabajo sexual y se estableció sanción.
Por lo tanto, un conjunto de organizaciones locales exigen una revisión con perspectiva de derechos humanos a los más recientes cambios al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, y establecer medidas a favor de quienes ejercen el trabajo sexual a fin de disminuir los riesgos derivados de su actividad en aras de garantizar sus derechos.

Ya no es delito en el norte

En municipios como el de Chihuahua, recientemente se aprobó el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Chihuahua, que sustituye al Bando de Policía y Buen Gobierno. Así, dejó de ser considerado como delito “ejercer la prostitución o el comercio carnal sin contar con el debido registro sanitario y ejercer dicha actividad en áreas de lugares públicos no destinadas a ese fin”.

En el mismo municipio, en noviembre de 2018, quedaron sin efecto los Lineamientos para la Prevención, Detección y Control de las Enfermedades por Trasmisión Sexual del Municipio de Chihuahua, y se puso en marcha el Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”, cuyos objetivos son buscar el bienestar y la salud de las personas trabajadoras sexuales; fomentar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales, y establecer las bases para que, mediante la colaboración de distintos sectores se atienda de forma solidaria a quienes ejercen el trabajo sexual.