“En materia de estupefacientes, la estrategia es ya insostenible”. Con esta frase, breve pero contundente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostraba desde el inicio su franca apertura a la posibilidad de legalizar las sustancias psicotrópicas que hasta ahora han sido consideradas ilegales no sólo por el Estado mexicano, sino por todos los países del mundo. Asentada la afirmación en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con “la estrategia”, el presidente se refería al paradigma prohibicionista que se adoptó desde hace prácticamente un siglo y que se ha defendido mediante leyes que penalizan la producción, el tráfico, la venta, la posesión y el consumo de las drogas, un concepto que agrupa a todas aquellas sustancias que alteran la conciencia y la lucidez mediante procesos químicos, y de entre las cuales se ha excluido a las bebidas alcohólicas.

La política de combate frontal a las drogas, dice el PND, ha generado violencia y arrojado “malos resultados en materia de salud pública”, puesto que “en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo”. En un reclamo a la “guerra contra las drogas” emprendida por el panista Felipe Calderón entre 2006 y 2012, López Obrador señala que aquello que era un problema de salud pública tuvo como destino convertirse en una crisis de seguridad pública.

La alternativa para esto, sigue el documento, es que el Estado deje de combatir las adicciones a través de la prohibición de las sustancias involucradas, y que se enfoque en mantener bajo control los problemas de adicción de quienes ya los padecen “mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación”. Y remata afirmando que la única posibilidad real de reducir el consumo de drogas es “levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas”, al tiempo que los recursos actualmente dedicados al combate se reorientan hacia programas de reinserción y desintoxicación.

De esta forma, en un solo párrafo del documento que guía la administración pública actual, se abrieron de par en par las puertas a la despenalización, mismas que ya habían sido entornadas por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 31 de octubre de 2018, que determinó que debía autorizarse el consumo personal de mariguana con fines recreativos. De esa forma, siguiendo los pasos del estado de Colorado, primera entidad de Estados Unidos en despenalizar el uso recreativo en 2014, no quedó otra opción más que poner el tema sobre la mesa y el gobierno federal lo incluyó como parte de su plan para el país.

El argumento del consumo
“Nos vamos a fumar todo lo que podríamos producir”, es el primero de muchos argumentos que se esgrimen al momento de oponerse a una política lejana a la persecución de la margiuana, que es el estupefaciente que encabeza la lista de las candidatas a legalizarse. Sin embargo, esta premisa pierde de vista que el problema de consumo de drogas (de todas las drogas ilegales) en México, aunque innegablemente ha crecido, no está presente en un porcentaje significativo de la población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, el uso de drogas puede clasificarse en tres categorías: haberlas consumido alguna vez en la vida, haberlas consumido durante el último año y ser dependiente de la sustancia. Sobre el consumo de drogas ilegales (en este dato no se incluye el alcohol) alguna vez en la vida, el 9.9 por ciento de las personas encuestadas lo había hecho. Al preguntarles sobre si habían consumido drogas ilegales durante el último año, sólo 2.7 por ciento dijo que sí. Y en cuanto a si habían tenido dependencia a drogas ilegales en el último año, el porcentaje fue menor al 1 por ciento (a saber, 0.6). En este último dato hay un importante sesgo de género, pues el 1.1% de la población masculina tenía dependencia y sólo 0.2% de la población femenina estaba en la misma situación.

 

La política de combate frontal a las drogas, dice el PND, ha generado violencia y arrojado “malos resultados en materia de salud pública”, puesto que “en la
mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo”.

 

La presentación de la ENCODAT recuerda que hasta hoy existe un sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, que “realiza una medición del consumo de drogas en distintas instituciones”. Si se buscara alejarse del paradigma prohibicionista, sería necesario especificar que se mide el “consumo problemático” o “dependencia” y no solamente el consumo como tal. Sin embargo, se observa la perspectiva crítica desde la cual se realiza esta medición al conocer las instituciones que dan seguimiento epidemiológico: centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales (conocidos popularmente como “anexos”), Consejos Tutelares para Menores, servicios de urgencias hospitalarias, Unidades de Especialidades médicas-Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) y Centros de Integración Juvenil. Es decir, instituciones que reciben a personas que han tenido consecuencias negativas (en ocasiones extremas) a causa de su dependencia a ciertas drogas.

Ya que han transcurrido cinco años desde la despenalización de la mariguana recreativa en Colorado (que ya permitía el uso medicinal desde hace 18 años), las encuestas realizadas al respecto del consumo tras la legalización no reportan grandes cambios, sino más bien que el nivel de consumidores se ha mantenido estable después de la legalización total, esto de acuerdo con un reportaje del diario The New York Times publicado en julio de este año.

El argumento moral
“Los orígenes de la restricción sobre usos de sustancias psicoactivas son ante todo étnicos, sociales y políticos”, afirma el texto de Un libro sobre drogas, una publicación argentina definida como “un proyecto sobre ciencia, política y la relación entre las sustancias psicoactivas y las personas”, cuyo objetivo es “desnaturalizar prejuicios, cuestionar costumbres” y generar espacios de discusión sobre la manera en que están pensadas las políticas antidrogas.

De acuerdo con los autores y autoras, todos investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, instancia del gobierno de Argentina, las raíces históricas de la prohibición del consumo de drogas se ubicó primero “en el terreno de la etnofobia”. En segundo lugar, se arraigaron los argumentos morales y de seguridad, y sólo más recientemente se comenzó a adoptar el discurso sanitario.

Fue así que el uso de drogas como la mariguana en América hispanoparlante floreció en sectores marginales como los indígenas, la población rural y los esclavos, por lo que la clase dominante comenzó a ver esta práctica como indeseable, por estar vinculada a espacios de bajo rango social.

Una propuesta de acción
En septiembre de 2018, el expresidente de México Ernesto Zedillo, en su calidad de director del Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, encabezó la publicación del documento La política de drogas en México, causa de una tragedia nacional: una propuesta radical, e indispensable, para remediarla.

En el escrito se proponen una serie modelos regulatorios para las drogas que más se mueven en los mercados ilícitos actuales. Pero la propuesta que encabeza esta lista, igual que otros pliegos de recomendaciones que han publicado organizaciones académicas y no gubernamentales, es la liberación de personas que han sido encarceladas por delitos no violentos relacionados con drogas, en gran medida mujeres (que las transportan) y campesinos (que las cultivan).

Cabe señalar que, en este mismo tenor, el 17 de septiembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía en la que, entre otros grupos, se verían beneficiadas aquellas personas que hayan cometido delitos contra la salud en condiciones de extrema pobreza, de alta vulnerabilidad o que hayan sido obligados a delinquir.
Además, el documento, que comparte la autoría de los investigadores Catalina Pérez Correa González, Alejandro Madrazo Lajous y Fernando Alonso Aranda, recomienda despenalizar el uso y la posesión personal de todas las drogas, y el acceso legal, seguro e informado a ellas. Si bien se sugiere prudencia y dar cambios graduales y escalonados, se resalta que “regular sólo una droga y dejar a las personas que usan otras en manos de los delincuentes y el sistema de justicia penal, significa aceptar daños sociales injustificables”.

 

Apenas este martes 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados, presentó la primera iniciativa que
materializa el cambio de enfoque hacia las drogas, concretamente en cuanto a la legalización de la mariguana.

 

No obstante, los estudiosos también advierten sobre el riesgo que implicaría el libre mercado para los estupefacientes. Siguiendo la postura fijada por la Comisión Global de Política de Drogas, sostienen que la prohibición total y el mercado totalmente libre son funcionalmente equivalentes, puesto que “ambos serían mercados sin regulación alguna, donde se maximizan los riesgos y daños potenciales derivados del comercio no regulado de sustancias psicoactivas”.

La primera iniciativa de ley
Apenas este martes 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados, presentó la primera iniciativa que materializa el cambio de enfoque hacia las drogas, concretamente en cuanto a la legalización de la mariguana.

La propuesta se centra en la creación de una empresa propiedad del Estado, que se llamaría Cannsalud, la cual estaría autorizada exclusivamente para adquirir cannabis y sus derivados, de particulares que hayan obtenido permisos para comerciar con esta sustancia. Esta empresa tendría el monopolio de la compra de cannabis y sus derivados al mayoreo, y posteriormente los vendería a franquiciatarios que la venderían al menudeo.

La iniciativa propone crear la Ley General para el Control de Cannabis, y reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y otros reglamentos. También prevé que las personas puedan cultivar su propio cannabis para uso personal y “compartido en el hogar”. El consumo y el autocultivo podrán practicarlos las personas mayores de edad, y se prohíbe que ambos actos se realicen en espacios públicos.