Terapias vs VIH en riesgo por costos — letraese letra ese

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Terapias vs VIH en riesgo por costos


En el horizonte del control de la epidemia del VIH en nuestro país se avizora un nubarrón que amenaza la sustentabilidad misma de la cobertura del tratamiento antirretroviral. Si no se logran abatir los elevados precios de los medicamentos antirretrovirales, se pondrá en riesgo la universalidad lograda hasta ahora de tal cobertura. México paga seis veces más por esos medicamentos en comparación con países de ingresos similares. En América Latina, es el país que compra esos medicamentos a los precios más elevados. Las autoridades de salud han realizado esfuerzos por reducirlos, a través de diversos mecanismos, pero dichas medidas han sido insuficientes.

“Hemos disminuido el precio de los medicamentos, el costo por paciente era en 2012 cerca de 42 mil pesos, y ahora estamos en 35 mil pesos, pero tenemos el doble de pacientes, 80 por ciento más que en 2012, entonces el peso es grande”, así explica el problema el doctor Carlos Magis, el encargado en Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) de las compras de dichos medicamentos. El número de personas con VIH en tratamiento y cubiertas por la Secretaría de Salud pasó de alrededor de 57 mil en 2013 a cerca de 96 mil a finales del 2018. Este peso financiero sobre el gasto público llevó a la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud a poner en duda la sustentabilidad financiera de la cobertura universal de los tratamientos antirretrovirales.

Tan solo la infección por el VIH, un solo padecimiento, consume el 35 por ciento del presupuesto anual del fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que este año asciende a poco más de  nueve mil 500 millones de pesos, destinado a cubrir un total de 58 enfermedades consideradas de alto costo, de los cuales tres mil millones de pesos, aproximadamente, se destinarán a la compra de antirretrovirales. Dicha cantidad “equivale al costo que tenía Aeroméxico, o sea que con ese recurso podríamos haber comprado una línea aérea cada año”, ejemplifica el doctor René Leyva, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), para darnos una idea.

Esa fue la grave advertencia que la doctora Patricia Uribe recibió al asumir la dirección del Censida, en 2013,  al inicio de la pasada administración. “Cuando yo entré aquí, las proyecciones económicas indicaban que los fondos del Fideicomiso se iban a ir hacia abajo de manera dramática a partir del 2015. Esa era la amenaza, y ya no se iban a poder sostener los tratamientos (contra el VIH)”, nos relata aún con cierto estremecimiento.

Por fortuna, el crecimiento paulatino del gasto en la compra de antirretrovirales llegó a su pico más alto y ahora ha comenzado a descender debido a la adquisición de versiones genéricas de aquellos antirretrovirales cuya patente ya caducó, y a la política de compra consolidada de medicamentos, que favorece la negociación de mejores precios de los fármacos proporcionados por las instituciones de salud del Estado. Antes de eso, eran las múltiples y diversas instituciones que componen el sistema de salud mexicano las que competían entre sí en el mercado de los medicamentos, negociando los precios de manera separada, con el subsecuente mayor y desigual precio de los mismos debido a la mayor demanda. Ahora, acuden unidas al mercado, de manera consolidada como si fueran un solo comprador, y con ello obtienen ventajas comparativas. Sin embargo, esas medidas se han revelado insuficientes, la reducción de precios lograda no ha sido la deseada. En promedio, ejemplifica la doctora Uribe, los precios de los medicamentos genéricos solo han disminuido solo 13 por ciento los precios de los medicamentos genéricos, cuando esa reducción debería ser mínimo del 30 por ciento. “Incluso tenemos casos en que el genérico es más caro que el que ofrece el laboratorio de la patente original”, se lamenta.

 

Este año, el gobierno mexicano dispone de nueve mil quinientos millones de pesos para compra de medicamentos. De los cuales, alrededor de tres mil millones se destinaran a la adquisición de antirretrovirales para tratar al VIH.



Prioritario, abatir precios  de medicamentos
Mientras no se tomen medidas más audaces para lograr reducir los precios de los antirretrovirales, siempre estará presente el riesgo de la cancelación de la continuidad de la cobertura universal de esos medicamentos. “El gran problema es la presión financiera que tiene el gobierno mexicano para poder adquirir estos tratamientos. Es un hecho que cada vez hay más personas diagnosticadas con VIH. Si no hacemos algo para que se compren en los mejores precios, llegará un momento, según alertan los especialistas financieros, en que no alcance”, advierte Agustín López, director de Prevención del Censida.

Por su parte, Ricardo Baruch, activista y consultor independiente adelanta esta otra advertencia: “Muchísimas personas con VIH llevan décadas utilizando el mismo esquema de tratamiento, y estamos llegando a un punto en que necesitarán pronto cambiar a esquemas más complejos, lo cual va a implicar también un mayor gasto.  Pero entonces tendremos que reducir el gasto en los tratamientos anteriores para poder comprar los nuevos que son de patente y que serán mucho más caros”.

El problema de fondo radica en la política de adquisiciones de medicamentos del gobierno mexicano.  México es de los países de la OCDE que más gasta en medicamentos debido a esa política que por un lado otorga libertad absoluta de mercado, donde productores y distribuidores imponen precios a su conveniencia; y por el otro, protege las patentes hasta el último intento que hacen las compañías farmacéuticas por prolongarlas.

“México tiene un esquema de protección de patentes como un país europeo, pero los países más desarrollados al mismo tiempo tienen esquemas para ponerles tope a los precios (de los medicamentos), y eso no lo tiene México”, nos explica Patricia Uribe. Para ella, la protección excesiva de patentes y de datos clínicos es lo que está impidiendo una mayor competencia en el mercado de medicamentos. Las grandes farmacéuticas recurren a varias estratagemas legales que les permiten prolongar su situación monopólica en el mercado, más allá de los veinte años de vigencia legal de las patentes de sus productos. Pueden recurrir, por ejemplo, a la protección de datos, como información confidencial, de todos los estudios clínicos de un producto que realicen con fines comerciales. Si los estudios clínicos de un medicamento patentado los realizan pocos años antes de vencer la patente, con esa protección de datos logran prolongar en los hechos unos años más su vigencia. Y de esta manera impiden o retrasan la introducción de medicamentos genéricos en el mercado mientras no se liberen dichos datos, necesarios para el registro de los genéricos.

Las grandes farmacéuticas también recurren a las llamadas patentes “ociosas” o “me too”, como se conocen en inglés, con el mismo propósito. Son versiones de un producto, cuya patente venció o está a punto de hacerlo, que incorporan variaciones farmacológicas poco innovadoras en términos terapéuticos, pero que permiten extender el dominio exclusivo del mercado con “nuevos” fármacos a mayores precios sin ofrecer ventajas sustantivas.

 

En México, alrededor de 140 mil personas con VIH toman medicamentos antirretrovirales, de los cuales, 96 mil los obtienen a través del Seguro Popular.

 

Además, los procesos de registro sanitario de medicamentos son muy tardados por el gran rezago que existe, y las controversias jurídicas que los titulares de las patentes suelen interponer los entorpecen aún más.  

Todas estas barreras artificiales impiden la libre competencia en el mercado de fármacos. Por esa razón, en México la adquisición de genéricos por la vía de licitaciones públicas es muy pobre. Y sucede que aun cuando la patente de un medicamento caduque, su precio no baja sustancialmente. Los antirretrovirales de patente representan más del 80 por ciento del gasto destinado a la compra de ese tipo de medicamentos. “Hay una enorme inequidad, un enorme abuso por parte de productores y distribuidores, que suben al doble los precios de los fármacos sólo por distribuirlos”, aporta un tanto indignada la doctora Patricia Volkow, especialista en VIH del Instituto Nacional de Cancerología.    

Cambiar las leyes de compra
Por otro lado, la legislación en la materia es muy restrictiva. “No hay una producción fuerte nacional en el tema, y tienes muchas limitaciones en la posibilidad de salir a otros mercados a buscar mejores precios”, acota por su parte el maestro Agustín López. Esas limitaciones están dadas en gran parte por las disposiciones establecidas en los tratados de libre comercio suscritos por México con las grandes potencias, que prácticamente hace imposible que nuestro país compre medicamentos a países con los que no tiene ningún acuerdo comercial, como la India, aunque oferten precios mucho más bajos.   

Por su parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público impide que México pueda beneficiarse en la adquisición de medicamentos de las ventajas que ofrece el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como hacen otros países de la región, nos comenta la doctora Uribe. Dicho Fondo es un mecanismo de compra regional de insumos para la salud creado para hacer accesibles productos de alta calidad a un bajo costo a sus países miembros. Gracias a dicho mecanismo, la OPS ha logrado obtener precios significativamente inferiores para los medicamentos antirretrovirales.

De acuerdo con el estudio Marco Legal, Clínico y Económico en la compra de Antirretrovirales en México realizado por el INSP, los precios unitarios de los fármacos que adquiere Censida son entre 3 y 40 veces más altos que los precios negociados por la OPS. Y aunque nuestro país solo podría adquirir medicamentos genéricos, por la cuestión de las patentes, aun así se “podría ahorrar cerca de 19 millones de dólares al comprar medicamentos genéricos a través del Fondo Estratégico”. Pero una absurda cláusula de la ley de adquisiciones, que no permite realizar pagos anticipados, impide acceder a dicho Fondo. “¿Por qué aplica (la ley) igual de como si se tratara de una compañía internacional y nos limitan el poder acceder a esos insumos que como son producto de un volumen regional o internacional de compra se logran precios muy bajos de vacunas, antirretrovirales y de una serie de otros insumos?”, se pregunta un tanto contrariada la doctora Uribe. “A veces me dicen ciertas personas: ‘¡para que te metes en todo eso si no te toca!’ Pero sí nos toca, porque si no puede haber un problema muy serio de sustentabilidad.”, añade preocupada la funcionaria de salud con mayor experiencia en el ámbito de la epidemia del VIH.

 

Desde 2007, el gobierno de Brasil decidió no reconocer algunas patentes como la de efavirenz debido al impacto de su costo y comenzar a producir el medicamento en su versión genérica.

 

“Hemos caído en un mecanismo de exagerada rigurosidad”, expresa por su parte el investigador René Leyva. Y al respecto, parece coincidir con la conclusión a la que llegan sus colegas del INSP, autores del estudio mencionado: “Es por ello que se debe preguntar si vale la pena mantener los estándares más estrictos o si conviene reconfigurar la legislación y la política nacional en esta materia a fin de asegurar el valor constitucional de acceso a la salud pública de todos los mexicanos”.

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