Notiese. Javier trabajó en el Fantasy Men’s Club de Minatitlán, Veracruz, como cobrador de boletos durante el segundo semestre de 2014. Debido a las características y actividades del lugar, se le pidió que siguiera la normativa vigente en el municipio y tramitara su permiso sanitario correspondiente.

Desde un principio, le comunicó a sus jefes que vivía con VIH, y éstos le comentaron que ese no era un problema. Sin embargo, cuando faltaba, le cuestionaban “si aún no se había muerto” y hacían alusión a su condición de salud de manera peyorativa.

En noviembre de ese año, tanto el encargado del local como el dueño del mismo le indicaron que ya no podía continuar trabajando con ellos porque no tenía el permiso laboral correspondiente.
Javier lo tramitó pero le negaron volver a trabajar, argumentando que su situación iba a causar revuelo en los demás empleados del lugar y que podría meterlos en problema cuando hubiera revisiones sanitarias, causando la clausura del local, pues no tenía una tarjeta sanitaria “de profilaxis” sino únicamente el permiso laboral, el cual era insuficiente.

Su plaza fue ocupada por otra persona y Javier interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Mencionó que fue amenazado por sus anteriores jefes con no pagarle nada de lo que le debían.

Entretanto, Javier continuó tratando de obtener la documentación solicitada para poder seguir trabajando en centros nocturnos, pero la novena regidora del municipio, Dulce Mariel Ruiz Sánchez, encargada de los asuntos de salud, sólo le entregó una carta, pero no una “tarjeta sanitaria de profilaxis”.

La funcionaria argumentaba que el Reglamento Municipal establecía que a las personas con VIH no se les podía otorgar dicha tarjeta porque había la posibilidad de “la propagación de enfermedades transmisibles”, por lo cual se negó a hacerlo, a pesar de que el trabajo de Javier no implica ningún tipo de contacto íntimo.

A la par, Javier interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por considerar que la atención recibida por parte del entonces médico del municipio, Adrián Ficachi, y de la regidora Ruiz Sánchez no fue la correcta al no haberle expedido su tarjeta sanitaria.

De la queja derivó una recomendación en la que se dio una amonestación a la regidora, así como la petición de implementar cursos de sensibilización y capacitación en materia de derechos humanos, y el cambio al Reglamento de Salud y Salubridad Pública de Minatitlán para establecer que “aquellas personas que les llegaren a detectar y padezcan de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero que se compruebe que en el bar, cantina y/u otra negociación similar, no se dedique a actividades de sexo servicio, no se les deberá prohibir laborar y/o permitir que continúen trabajando, para no vulnerar su derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

En tanto, Conapred señaló que no se acreditó el acto de discriminación debido a que la situación derivó de una reglamentación local, la cual no es de su competencia.

Aún sin derechos
A pesar del cambio, hasta la fecha Javier no ha podido obtener una “tarjeta sanitaria de profilaxis” para poder trabajar en el ramo de los bares y centros nocturnos. El municipio ha continuado argumentado que requiere comprobar “un buen estado de salud” y someterse a las revisiones y estudios necesarios para ratificarlo.

En el municipio aledaño de Coatzacoalcos su tarjeta sanitaria fue retenida por la Dirección de Salud Municipal Pública y no se la ha otorgado otra, pues, de acuerdo con el propio cabildo municipal, la medida ha sido tomada como parte de las estrategias para evitar “la propagación” del VIH, ya que hay un riesgo a terceros “cuando se trata de situaciones calificadas de estricta vigilancia y regulación normativa, pues en los bares y cantinas es factible su comercialización sexual, de la misma manera lo es cuando se trata de aquellos que tienen contacto con los alimentos y bebidas, así como las herramientas o utensilios para preparar éstos…”.

Javier interpuso un amparo y la resolución fue que el municipio de Coatzacoalcos “no coarta el derecho a trabajar del quejoso en diversos lugares, sino que... se pondera el beneficio de la sociedad ante un potencial riesgo de contagio”, por lo que no pudo obtener su tarjeta sanitaria.

Malas prácticas
En 2013, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida hizo un llamado al gobierno de Grecia para detener los controles sanitarios que se llevaban a cabo para monitorear la posibilidad de nuevas infecciones de VIH en quienes ejercían el trabajo sexual y en los lugares donde éste se llevaba a cabo, debido a que violentaban sus derechos humanos, pues les obligaban a realizarse pruebas de detección, e incluso, se les llegaba a procesar penalmente en caso de dar positivo en las mismas. 

El organismo señaló que no hay evidencia de que estas medidas punitivas ayuden a dar una respuesta efectiva al VIH sino, por el contrario, dificultan el acercamiento y acceso a los servicios de salud y a las tareas de prevención.

Para el caso de México, la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez ha señalado que “el control sanitario del trabajo sexual es una práctica discriminatoria, y por ello inconstitucional”.