“Baños para todos los géneros”, era la frase que podía leerse en una hoja rosa pegada en la puerta de un sanitario de la Universidad de Indiana. El espacio estaba originalmente destinado a los hombres. Dicho letrero resultaba transgresor en la ciudad de Indianápolis, capital del estado que aloja a la universidad, donde hace dos años entró en vigor la prohibición promovida por algunos sectores conservadores contrarios a las leyes aprobadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para garantizar la igualdad de las personas LGBTI en las escuelas.

La medida consistía en impedir a la comunidad estudiantil de las escuelas públicas utilizar el sanitario conforme a su identidad de género, y únicamente de acuerdo con su “género de nacimiento”, una auténtica afrenta para la comunidad trans.

Esta medida fue debatida en múltiples espacios y, tras varios meses de discusión, el entonces gobernador del estado y hoy vicepresidente de la nación norteamericana, Mike Pence, defendió la postura con el argumento de garantizar la libertad religiosa de las personas, dando pie a poder negar servicios en caso de considerar que brindarlos iría en contra de las convicciones y creencias personales.

A pesar del panorama, desde diferentes puntos de la Unión Americana, decenas de personas arribaron al estado, donde la capital es una de las 10 ciudades más recomendables para vivir en esa nación, aunque en la parte norte del territorio existen varias ciudades semiabandonadas entre las que se destaca Gary, cuna de los Jackson Five, cuyo aspecto ruinoso evidencia la crisis del sueño derivado del auge de la industria acerera. El motivo de la visita fue alzar la voz en contra de las leyes que penalizan la posible transmisión del VIH en los distintos estados del territorio norteamericano, en total, 34, que cuentan con alguna restricción en la materia, aglomerando, entre todos, más de 100 leyes punitivas hacia una posible transmisión del virus, sin que necesariamente ésta se haya consumado, es decir, castigan el “haber puesto en riesgo a otra persona”.

Indiana no es la excepción. Sus leyes exigen a quienes viven con VIH, e incluso con otros virus como los de hepatitis B o C, hacer público su estado serológico a fin de evitar ser acusados de exponer a otras personas a una infección, aunque se encuentren en etapa de infección indetectable. También se sanciona a quien, viviendo con un virus, exponga a otra persona a fluidos corporales como sangre, saliva, orina o lágrimas, y prohíbe donar, transferir o vender semen, sangre o plasma. Esto último, a pesar de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) cuenta con mecanismos para vigilar a la sangre y sus derivados, e incluso limpiarla.

Por esas razones, Indianápolis fue la sede de la tercera Academia de Entrenamiento VIH no es un crimen, coorganizada por Sero Project y la Red de Mujeres VIH Positivas, con la finalidad de terminar con la criminalización de las personas que viven con el virus y convertir al tema en una prioridad en la agenda pública de respuesta a la pandemia, pues, como se señaló a lo largo de los cuatro días de trabajo, las políticas punitivas generan miedo e impiden el desarrollo de actividades de prevención debido a que la gente no desea conocer su estado serológico por temor a represalias.

Entre abril de 2013 y octubre de 2015, se registraron 313 procesos legales en contra de personas con VIH alrededor del mundo. El país donde más registros
hubo fue Rusia con 115, seguido de Estados Unidos con 104 (HIV Justice Network).

Persecución en español
Después de haber platicado por semanas, Ariel, joven de 20 años, originario de Honduras, estudiante de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Florida, plantel de Tallahassee, decidió conocer a un nuevo amigo en persona. Tras una primera cita, las charlas vespertinas con sabor a café se hicieron costumbre hasta que una noche, ambos decidieron tener contacto íntimo.

Ariel sabía que era VIH positivo, por lo que no quiso poner en riesgo a su pareja, optando por la protección y el sexo seguro. Después de ese primer encuentro, continuaron manteniéndose en contacto. Al mes, su amigo le reportó que se sentía mal y había estado enfermo por algunos días. Entrado en confianza, Ariel le comentó que vive con el virus de inmunodeficiencia humana.
Su reacción fue inesperada. Amenazó a Ariel con llamar a la policía y abrir un proceso judicial en su contra en caso de resultar VIH positivo. Por más que hablaron y le explicó la imposibilidad de una infección, debido al poco tiempo transcurrido entre el encuentro íntimo y los síntomas de algún padecimiento, las represalias no se hicieron esperar.

Días después, las autoridades universitarias hicieron llegar a Ariel una carta en la que le prohibían acercarse a su amigo, tomar las mismas clases que él y dirigirle la palabra. En medio del desconcierto, encontró en su bandeja de entrada del correo electrónico institucional otro mensaje, una amonestación oficial por una conducta sexual inadecuada.

La situación aún no se ha resuelto, pues la universidad debe decidir si le permite o no continuar con sus estudios, lo cual mantiene al joven centroamericano en la incertidumbre. Es el primero de su familia en cursar estudios superiores gracias a una beca y teme ser expulsado, considerando que se le cerrarían oportunidades profesionales, las cuales aún no son abundantes para las juventudes hispanas radicadas en la Unión Americana, enfocadas, en su mayoría, a trabajos rudimentarios con salarios medianos. El menor daño sería una estancia condicionada en la institución universitaria.

Su amigo se encargó de difundir su estado serológico en redes sociales, argumentando que lo hacía para evitar que otras personas se pusieran en riesgo. A las autoridades escolares les contó los hechos con lujo de detalle, les compartió los mensajes de las charlas en las que él confesaba su estado serológico. Esta situación mantiene a Ariel en vilo, pues el hecho de que haya tanta información personal suya en manos de otras personas podría llevarlo a la cárcel.

“Pensé que sólo podía ser sancionado cuando había penetración, pero no por algo oral”, reflexiona el delgado joven, quien huyó de su país tras haber presenciado actos de violencia como el asesinato de una mujer en las instalaciones de la escuela donde estudiaba, y de una realidad como son 200 crímenes de odio en contra de personas LGBTI. Más allá de lo académico, aún no se cierra la posibilidad de una demanda judicial. En Florida, las leyes locales sancionan con hasta cinco años de cárcel y/o una multa por cinco mil dólares a quien no haya revelado su estatus serológico a su compañero sexual. Si la persona conoce su condición de salud, está informada de que el virus puede transmitirse por contacto sexual y tiene relaciones sexuales sin informar su estado puede ser sancionado con hasta 30 años de cárcel si tuvo más de un contacto sexual en esas condiciones.

Para Ariel, la situación es injusta porque toda la responsabilidad de la situación se le adjudica a él a pesar de que su amigo tampoco estuvo interesado en informarse o tomar precauciones al respecto, y su futuro podría quedar en manos de un juez.

De acuerdo con HIV Justice Network, en 26 países hay leyes específicas para sancionar  la transmisión del VIH, y en tres, Australia, Dinamarca y Estados Unidos,
se penaliza con leyes específicas y en leyes generales.

Color de piel y vulnerabilidad
Recibir postales por parte de su familia era algo que mantenía a Robert Suttle con esperanza de que su situación cambiaría pronto. Jamás pensó que el no decir algo, que consideraba muy personal, en una cita, le traería consecuencias legales severas, y lo haría pasar medio año en prisión, a pesar de que nunca había tenido problemas con la ley.

Lo que no quiso decir es que vivía con VIH, pues consideraba que mientras no hubiera una situación de riesgo no había necesidad, mucho menos si salía con alguien de manera casual. Sin embargo, la persona con la que salía no pensó lo mismo y decidió demandar a Robert por haberlo expuesto a una posible infección del virus, a pesar de que después de algún tiempo supo sobre su condición de salud y accedió a tener una relación más íntima.

Esto es posible en Louisiana, donde puede haber una sanción hasta por 10 años de prisión y una multa de cinco mil dólares a quien, de manera intencional, exponga a otra persona a una infección de VIH por contacto sexual aunque, al final, la persona demandante no haya adquirido el virus.

A siete años de los hechos, el hoy administrador de empresas describe al momento como “doloroso” y generador de un cambio en su vida. En primer lugar, porque tuvo que dejar su trabajo, paradójicamente, en el sistema de apelaciones de la Corte de su estado natal. Después, por salir de prisión y estar en bancarrota, debido a que él mismo cubrió los gastos de su defensa y el proceso legal, y por último, volvió a depender de su familia para cubrir sus necesidades básicas como vivienda y alimentación.

Al recordar su vida en prisión, asegura que a pesar de la dureza de la misma, siempre le permitieron tomar sus medicamentos antirretrovirales y nunca hubo un hostigamiento derivado de su condición de salud. Sin embargo, se percató de que el ser un joven afroamericano sí era un factor que lo predisponía a la cárcel, pues en su estado está registrado el mayor índice de presidiarios de origen afro. “Si eres negro y tienes VIH, las autoridades tiene un pretexto más para poder procesarte legalmente”, afirma Robert, uno de los pocos rostros visibles de personas que han sido encarceladas por presuntamente transmitir el virus a otras personas y uno de los impulsores del Instituto de Liderazgo Negritud Unida, una red surgida durante esta Tercera Academia a fin de incidir en la reducción de los índices de criminalización de personas con VIH afroamericanas y en el cambio de las legislaciones vigentes en la materia.
Una vez fuera, pasó un año en su tierra natal antes de partir rumbo a Nueva York para integrarse a Sero Project, una organización civil enfocada a erradicar el estigma y la injusticia alrededor de las personas con VIH, así como las leyes punitivas en contra de las personas que viven con el virus, ya sea por no revelar su estatus, por una exposición y/o la posible transmisión, a pesar de que esta última no se pueda comprobar de manera científica.

Su actual labor consiste en decirle a las propias personas con VIH que su condición de salud no es un delito ni debe ser una limitante en sus vidas, y que quienes vivan una situación similar a la que él padeció, no lo hagan solos, “pues es muy difícil”.