¿Los candidatos a un puesto de elección popular deberían o no revelar su orientación sexual? Esta fue la premisa que se debatió en la década de los setenta, cuando Harvey Milk, activista a favor de los derechos de las personas homosexuales y lesbianas en Estados Unidos, decidió postularse para ocupar un lugar en la Asamblea Estatal de California, el cual nunca obtuvo. Como supervisor de la ciudad de San Francisco, cargo que ganó en las urnas en 1977, tras dos intentos previos, se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en hacerlo. Sin embargo, sólo ocupó su sitio en la Junta de Supervisores de San Francisco durante un año, debido a que fue asesinado al interior de su oficina por Dan White, un ex compañero en el ayuntamiento.

Más de veinte años después, en España, el tema de la diversidad sexual cobró relevancia cuando los colectivos de dicho sector buscaban aliados políticos para conseguir el matrimonio igualitario y la adopción de menores por parejas conformadas del mismo sexo. El proceso electoral fue clave debido a que las y los integrantes de los colectivos en defensa de los derechos LGBTI consiguieron que el Partido Socialista Obrero Español, que postuló a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno español, incluyera la reforma a las leyes civiles en su agenda electoral. El resultado fue la victoria del candidato socialista y la celebración de los primeros matrimonios igualitarios en 2005.

Lo que parecía un tema aislado comenzó a cobrar tal relevancia que las posturas de los partidos políticos y sus candidatas y candidatos con respecto a los derechos de la población LGBTI en diferentes partes del mundo, incluida América Latina, es un factor de incidencia directa en las decisiones del electorado, a veces a favor y a veces en contra. Por ejemplo, en Costa Rica, el partido Restauración Nacional, directamente asociado con la iglesia evangélica, con su candidato, Fabricio Alvarado, logró colarse en la segunda ronda de elecciones presidenciales de este año, con un discurso abiertamente opositor al matrimonio igualitario, a la fertilización in vitro y al Estado laico, lo que le dio 40 por ciento de las preferencias electorales, colocándolo como segunda fuerza política de la nación centroamericana.

Situación similar ocurrió en Paraguay, donde los candidatos punteros Mario Abdo Martínez, a la postre ganador, y Efraín Alegre, segundo lugar, externaron su postura en contra del reconocimiento al matrimonio igualitario y el aborto en el país del cono sur.

Aunado a las posturas sobre la temática de cada participante en los procesos electorales, en las últimas dos décadas se debate cada vez más el peso del voto de las y los integrantes de este sector de la población.

En España, se ha sostenido que el voto de las personas LGBTI equivale a casi 10 por ciento del total del electorado. En ciudades como San Francisco, California, se ha calculado que un aspirante a la alcaldía de la ciudad requiere convencer al 40 por ciento de los posibles votantes que engloba la comunidad LGBT local para poder levantarse con la victoria en las urnas.
En Italia, en los recientes procesos electorales de principio de año, se estimó que era de casi 7 por ciento del total del electorado, pero la cifra se incrementaba hasta 16 por ciento al tomar en cuenta a personas “sensibles” al tema del respeto a los derechos de la población LGBT.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el porcentaje real de votos que aportan las comunidades LGBTI mexicanas. Incluso, son pocos los estudios y análisis que podrían mostrar una tendencia al voto o conocer sus preferencias electorales.

Algunos análisis realizados en Estados Unidos han mostrado que este sector representa alrededor de cinco por ciento del electorado, pero es el que más acude a las urnas, alcanzando hasta 92.5 por ciento de participación.

En cualquiera de los casos, el porcentaje de votos que otorga este grupo social podría representar la diferencia en un proceso electoral cerrado en el que la distancia entre la primera y segunda fuerza política sea menor a tres por ciento, como ha ocurrido en México en las dos últimas elecciones presidenciales.

Dimensión desconocida
Hasta el momento, se desconoce cuál es el porcentaje real de votos que aportan las comunidades LGBTI mexicanas. Incluso, son pocos los estudios y análisis que podrían mostrar una tendencia al voto o conocer sus preferencias electorales. Al igual que en otros países latinoamericanos, el tema ha salido a colación durante las campañas por la Presidencia de la Repúblicas, a diputaciones y a senadurías, además de cargos locales como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sobre todo por la falta de una postura clara al respecto por parte de la mayoría de las fuerzas políticas inscritas en la contienda, las cuales han conjuntado posturas antagónicas (tradicional y progresista) bajo una misma bandera.

Hace 10 años, tras el controvertido proceso electoral por la Presidencia de la República de 2006, en el que Andrés Manuel López Obrador cuestionó los resultados favorables a Felipe Calderón Hinojosa, y un año después de la aprobación de los Pactos de Solidaridad en Coahuila y las Sociedad de Convivencia en la capital mexicana, el Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la organización civil Letra S aplicaron la encuesta Violencia, Derechos, Política y Sexualidad, realizada en la Ciudad de México durante la 30 Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual, celebrada el 28 de junio de 2008.

Parte de los hallazgos revelaron que 55 por ciento de quienes contestaron el cuestionario participaban o habían participado en alguna agrupación social. El sector que lo había realizado en mayor cantidad era el de personas trans con 63 por ciento de sus integrantes. Sobre las preferencias políticas, de quienes manifestaron tener alguna simpatía por algún partido político, 19.7 por ciento afirmó que era por el Partido de la Revolución Democrática; 15 por ciento por el Partido Acción Nacional; siete por ciento por el Partido Revolucionario Institucional y 2.4 por ciento, por el extinto Partido Social Demócrata, cuyo registro fue retirado en 2009 por no recabar la cantidad necesaria de votos para conservarlo.

Cambios y permanencias
Casi una década después, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco, a través del Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México 2015 midieron la participación política de las poblaciones LGBTI Los resultados arrojaron que una cuarta parte de quienes integran este sector de la población participa en grupos, movimientos u organizaciones sociales, siendo las mujeres trans quienes más participan con un 49.24 por ciento, seguido de las personas queer, con 44.67 por ciento y las mujeres bisexuales, con 34.76 por ciento.

Al igual que en otros países, este bloque poblacional es más participativo que otros sectores sociales. Por ejemplo, 94.5 por ciento de sus integrantes cuenta con credencial para votar y más de la mitad ejerce su derecho al voto en cada período electoral.

El diagnóstico realizado por Juan Carlos Mendoza Pérez, Luis Ortiz Hernández y Dante Salazar Ballesteros mostró que casi 50 por ciento de quienes forman parte de los colectivos LGBTI (48.8 por ciento) optan por brindar su voto a favor de partidos cuya ideología está identificada como de centro, mientras que 40.1 por ciento prefiere sufragar por asociaciones políticas cuyas plataformas de trabajo tiene un corte de izquierda.

En los más de dos meses que han corrido de campañas oficiales para los próximos comicios electorales, los candidatos a la Presidencia de la República no han presentado alguna propuesta concreta que busque beneficiar a la comunidad LGBTI.

Con respecto a las preferencias políticas del sector LGBTI, el diagnóstico permitió ver que los simpatizantes de la izquierda fueron más frecuentes entre las personas queer, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres trans; mientras que los simpatizantes por el centro son más comunes entre hombres gays, hombres bisexuales y trans.

De acuerdo con los investigadores, las diferencias no son sustanciales. Entre el colectivo LGBTI, con mayor frecuencia, las personas son simpatizantes de la ideología y partidos de izquierda en comparación con la población general, y la mayor participación social y política, puede sugerir un alto nivel de queja social e institucional.

Además, señalan que el hecho de que las personas trans se acerquen en mayor medida a los canales de expresión política y mediación social y se organicen con la finalidad de impulsar una agenda particular, significa que deben robustecerse las instituciones que se encargan de dichos canales en los temas relacionados con las principales necesidades de estas poblaciones.

Sector relegado
En los más de dos meses que han corrido de campañas oficiales para los próximos comicios electorales, los candidatos a la Presidencia de la República no han presentado alguna propuesta concreta que busque beneficiar a la comunidad LGBTI, esto a pesar de la presión que han ejercido redes de abogacía política como la Coalición LGBT, que agrupa a activistas y organizaciones civiles de todo el país para que se presente una agenda en la materia.

A nivel local, en varias entidades como Jalisco y la Ciudad de México, aspirantes a puestos de elección popular han celebrado reuniones con representantes del sector. En tanto, en cargos de corte federal, no ha habido pronunciamiento alguno sobre la comunidad LGBTI y sólo Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática han recibido a las comunidades de la diversidad sexual.

A raíz del proceso electoral de 2016 en Estados Unidos, tras el cual resultó electo Donald Trump como presidente, Dara Z. Strolovitch, investigadora del departamento de política de la Universidad de Princeton, Pensilvania, cuestionó si el resultado no fue producto de una interseccionalidad entre raza, género, pobreza, marginalización y opresión en favor del heteropatriarcado blanco, y no un hecho excepcional.

Se trata de un factor a tomar en cuenta en una región del mundo donde está ocurriendo una transformación religiosa profunda en la que las iglesias protestantes están creando sus espacios de interlocución a través de una agenda política en franco rechazo a la categoría de género, al progreso de los derechos humanos y a la diversidad.