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Crímenes por prejuicio


Los gritos de dolor y angustia alertaron a los vecinos del barrio. El silencio del nocturno sabatino se esfumó y la negrura se tiñó del rojo de las luces de las sirenas de las patrullas que acudieron al lugar donde encontraron a Itzel Durán Castellanos abatida de varias puñaladas en el piso de su casa, un mes y dos días antes de su cumpleaños número 20. Los testigos decían que esa noche de 9 de octubre habían visto salir a una o dos personas del domicilio de la joven trans ganadora del concurso Nuestra Belleza Gay 2015-2016 y solidaria con otras mujeres trans que buscan el reconocimiento de sus derechos en su comunidad natal, Comitán, Chiapas, cuna del defensor de la libertad de expresión, Belisario Domínguez, e inmortalizada por la escritora Rosario Castellanos en su novela Balun Canan.

Las banderas multicolores se hicieron presentes. La calma de la ciudad cercana a la frontera con Guatemala se vio perturbada por varios días. Las compañeras de lucha de Itzel salieron a las calles para exigir la pronta resolución de su caso. Incluso, la familia de Itzel estuvo de acuerdo con las medidas. A ellas se sumaron colectivos de otras ciudades del estado como la capital Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al respecto, señalando que el gobierno municipal no cumplía con su responsabilidad de garantizar la integridad física, seguridad y vida de la población LGBTI. Entre tanto, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de Jonathan “N”, un joven de 25 años a quien en ese momento se señaló como presunto responsable del delito de homicidio calificado. Fue interceptado cuatro días después de los hechos, en los alrededores de su casa, mientras conducía una camioneta. En ella se subieron policías municipales para conducirlo ante el Ministerio Público.

Durante el juicio, la juez de control y enjuiciamiento Renata Cabrera Sánchez consideró que no existían las pruebas suficientes para culpar a Jonathan de los hechos debido a que las fuerzas policíacas no siguieron los protocolos adecuados y contaminaron las pruebas. Esto conllevó a que el pasado 13 de febrero, Jonathan, quien reconoció los hechos durante la primera audiencia, quedara libre.

Al respecto, Aleks, de la organización civil Diversidad, VIH y Sexualidad, que ha dado acompañamiento al caso junto con la familia de Itzel, explicó que dichas pruebas consistían en rastros de sangre en la camioneta de uno de los agresores de Itzel, y el arma homicida. Sobre la camioneta, en primer lugar, explica la activista, no fue remolcada por personal de la Fiscalía, sino que fue conducida por ellos hasta la sede del ministerio público. En el caso del arma, era un cuchillo con rastros de sangre, pero se consideró que no era una cantidad suficiente para extraer ADN. A esto se sumó que las pruebas hechas por el área de delitos especializados no fueron realizadas dentro del plazo estipulado por la ley sino que se elaboraron después, por lo que se argumentó que el resultado pudo haber variado y fueron declaradas como inválidas.

Lo más sospechoso, refiere la activista, es que siempre que acudían al ministerio público les decían que todo estaba bien, sin embargo, el día de la audiencia fue cuando las amigas de Itzel y su familia supieron de las omisiones cometidas y la liberación el presunto culpable, quien, se enteraron, ese mismo día abandonó la comunidad.

Ante los resultados, las amigas de Itzel no desisten y buscarán que se vuelva a girar una orden de aprehensión en contra del culpable, por lo que el caso será trasladado a los juzgados de Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal, además de una sanción a quienes resulten culpables de haber realizado malos procesos con las pruebas.

Sin embargo, no es la primera vez que se enfrentan a esta situación. En agosto de 2016, un joven gay fue asesinado en la vía pública. La policía dijo que había sido un asalto pero se encontraron todas sus pertenencias junto a su cuerpo. Meses más tarde, en octubre, Estrella, una mujer trans trabajadora sexual, salió de un bar con un sujeto. Lo siguiente que se supo fue que hallaron su cuerpo sin vida. Otra joven, Martina, fue asesinada en marzo de 2017. Se tiene un video con el rostro del agresor, pero nunca intentaron detenerlo ni se han tomado acciones al respecto.

Crímenes en Sinaloa
Una noche antes de la Cuarta Marcha del Orgullo LGBT de Culiacán 2017, en el área centro de la ciudad, se reportó el hallazgo del cadáver de “un travesti” con un balazo en la cabeza, pero con huellas visibles de tortura, por lo que se supuso que había sido privada de su libertad y posteriormente arrojada en la vía púbica. La marcha se celebró, pero el mensaje dirigido a las autoridades y a la sociedad era que había miedo de la población LGBTI ante lo que estaba ocurriendo.

En un lustro se han registrado ocho asesinatos de integrantes de las comunidades de la diversidad sexual sinaloenses. Uno de los más sonados fue el del estilista Dago Salcido, quien fue hallado sin vida por sus familiares el 12 de agosto de 2017 al interior de su domicilio en Culiacán. Las autoridades han ofrecido varias versiones al respecto, una de ellas dice que la situación derivó de un “ligue” de la víctima; otra versión sostiene que el incidente con arma blanca por el que perdió la vida Dago fue producto de un asalto.

La Fiscalía nunca ha contemplado la posibilidad de un crimen de odio, afirma Tiago Ventura, integrante del Comité de la Diversidad de Culiacán, quien explica que éste es el único caso al que se está dando seguimiento en la entidad, e incluso hay un detenido, pero no ha sido procesado. De los otros siete registros no se han sabido las causas ni ha habido interés de las familias en esclarecerlos; tampoco de la fiscalía.

“La familia no exige apoyo por miedo, temor o cultura porque no quieren relacionarse con una persona trans”, asegura el activista, quien relata que en 2015, en la capital sinaloense, hubo tres asesinatos de mujeres trans en un período corto de tiempo. Todas fueron acribilladas en diferentes puntos de la ciudad, y la fiscalía manejó versiones de que habían estado involucradas en un robo, del cual no se supo nada.

Una semana después de haberse dado a conocer la noticia del asesinato de Dago, en Mazatlán, se encontró colgado de un árbol el cuerpo de Eunice, una mujer abiertamente lesbiana, de 28 años, madre de dos hijos. Los peritajes indicaron que había padecido un ataque sexual antes de ser herida de muerte con un machete por parte de su cuñado, única persona que se encontraba en el domicilio al momento de los sucesos. Las autoridades ministeriales lograron detener y poner a disposición al presunto implicado, sin embargo, fue dejado libre a las pocas horas “por falta de pruebas”.

Un protocolo sin estrenar
Hasta el momento, a pesar de que en 11 entidades del país se han modificado los códigos penales para considerar a la orientación sexual y/o la identidad de género de las víctimas como una agravante de delitos dolosos, entre ellos el homicidio, no se ha emitido ninguna sentencia bajo estos términos.

Las constantes demandas de la sociedad civil fructificaron en la publicación del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, dado a conocer el 2 de febrero de este año.

El protocolo retoma algunas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para identificar elementos que pudieran indicar que el delito cometido estuvo motivado por algún prejuicio, como la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento, insultos o comentarios denigrantes referentes a la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima, el estatus de activista de la víctima, la naturaleza del lugar donde se llevó a cabo el crimen o la determinación de si la persona estaba o no con un grupo de personas LGBTI cuando los hechos ocurrieron.

Propone como acciones mínimas a realizar, la garantía de una valoración de los hechos libre de discriminación, considerar las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas en los hechos y agotar todas las líneas de investigación posibles, sumado a la salvaguarda de la seguridad y la integridad de las personas LGBTI durante la investigación de los hechos y el respeto al derecho a la intimidad y a la privacidad de cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal.

Uno más que se va
Todas lo vieron, lo detuvieron segundos después de haber detonado su arma de fuego en contra del cuerpo de Paola, una mujer trans, al interior de un automóvil. Dos patrulleros corroboraron los hechos y llevaron a Arturo “N” ante el Ministerio Púbico para denunciar la agresión que le costó la vida a Paola. Dos días después, el juez Gilberto Cervantes Hernández determinó que no había elementos suficientes para inculparlo y ordenó su liberación.

Activistas como Kenia Cuevas, quien dio acompañamiento al caso desde un principio, pues atestiguó los hechos ocurridos en la intersección de Puente de Alvarado y Aldama, en la Ciudad de México, presionaron para que se volviera a girar una orden de aprehensión en contra del guardia de seguridad que cegó la vida de su compañera. A pesar de que se volvió a girar dicha orden, ahora Kenia y un grupo de abogados están a la espera de que se les otorgue un amparo para obligar a la Fiscalía General capitalina a investigar la ubicación actual de Arturo y volver a arrestarlo, pues con el pretexto de que no hay presupuesto, no se ha podido ejecutar la orden de aprehensión.

El siguiente paso será buscar que se sancione a las y los funcionarios que han obstaculizado el acceso a la justicia para Paola, pues a pesar que desde 2009 se tipificaron los crímenes de odio en la capital mexicana y la fiscalía local cuenta con una unidad especializada, los resultados han sido nulos.

Entretanto, Kenia señala que en otros casos que no han sido tan mediáticos como el de Paola, la situación es peor. En enero fue asesinada otra mujer trans sobre Calzada de Guadalupe, al norte de la ciudad. Ella iba en un taxi y fue violentada al momento de bajar. A pesar de las gestiones, las autoridades no han revisado las cámaras de seguridad ni han citado a declarar al conductor de la unidad.

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