A los obstáculos que enfrentan las mujeres en México para acceder a los servicios de salud reproductiva, en particular la interrupción legal de embarazos, las y los legisladores han añadido uno más: la figura de la objeción de conciencia, ahora incluida en la Ley General de Salud, que permitirá al personal médico negarse a prestar un servicio si éste contraviene sus convicciones morales.

De esta manera, los conservadores se han anotado otro tanto en contra de los derechos de las mujeres. No es que al Partido Encuentro Social, impulsor de la iniciativa, le importe proteger la conciencia del personal médico, lo que realmente pretende con esta ley es impedir en la práctica el acceso a los servicios de interrupción de embarazos en los casos permitidos por la ley, como aquellos producto de una violación sexual.

De nueva cuenta, serán las mujeres en las condiciones más desfavorables las más afectadas por esta nueva disposición. Si de por sí el personal médico objetor ya venía negándose soterradamente a cumplir con la ley y practicar abortos legales, con esta nueva arma a su disposición el acceso a ese derecho será prácticamente nulo por la incapacidad del Sistema Nacional de Salud de contar con personal no objetor suficiente en toda institución de salud. Solo queda esperar que algún organismo con capacidad jurídica interponga un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN.