Funesta noticia la que dio a conocer la organización Fundar: en lo que va del actual sexenio, el presupuesto en Salud acumula un decremento de 18 por ciento, un porcentaje que sin duda ha impactado negativamente en la calidad de los servicios de salud. Eso explicaría el deterioro de las unidades hospitalarias en su capacidad de atención, así como la saturación de los servicios y la falta de personal sobre todo en las zonas marginadas del país.

Y si a lo anterior agregamos la pérdida de recursos por la corrupción que domina en las finanzas públicas de los estados, la situación adquiere rasgos trágicos. Son decenas de miles de millones de pesos los que se han desviado del Seguro Popular en varias entidades del país, las más empobrecidas incluidas, para beneficiar al gobernador en turno. Cabría preguntarnos, ¿cuánto de esos recursos ha ido a parar al financiamiento ilegal de las campañas electorales del PRI y de otros partidos?

En ese sentido, ya el ombudsman nacional advirtió que la corrupción viola directamente los derechos humanos al reducir las posibilidades de acceso a los servicios y programas públicos de salud, educación y otros por parte de los sectores más pobres de la población. Por lo mismo, antes de pugnar por que se aumenten los recursos a la salud pública, es necesario combatir la corrupción y castigar severamente a quienes desvían los recursos de la nación.