La falta de seguridad y certeza jurídica para las trabajadoras sexuales en casi toda la República mexicana es una realidad. A ella se suman otros factores como la prohibición del comercio sexual, las expulsiones de las trabajadoras de diversas zonas donde han tenido una presencia de más de 50 años, costosas multas y cobros excesivos, prohibición del table dance y abusos por parte de funcionarios públicas, así como de policías, sicarios y empresarios. Esta problemática la denunciaron integrantes del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual durante el XX Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

En el encuentro, celebrado el pasado 9 de agosto, se resaltaron algunos avances en materia del reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo no asalariado, como sucedió en Coahuila, donde se reformó el código municipal para obligar a todos los ayuntamientos a expedir reglamentos de trabajo no asalariado que reconozcan como tal al trabajo sexual.

Sin embargo, las asistentes también reconocieron retrocesos, por ejemplo, la prohibición del table dance en las leyes de Tamaulipas, el intento de retiro de las trabajadoras sexuales del Parque Morelos de Guadalajara, y la negación de la policía de Querétaro para atender las llamadas de emergencia de las trabajadoras sexuales, entre otros.

Trabajadoras sexuales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron la venta ilegal de condones y pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis del Sector Salud por parte del personal de la Secretaría de salud municipal adscrito a la zona de tolerancia donde laboran. La venta está encabezada por el médico encargado de hacerles las revisiones de control sanitario.

Cuestión legal
De acuerdo con el Observatorio, en octubre del año pasado, el Senado de la República votó a favor de un dictamen que derogaba los artículos 19 y 20 de la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que penalizan los contratos sexuales e impiden el reconocimiento de derechos y obligaciones patronales en establecimientos mercantiles en donde está presente la relación obrero-patronal, además de que validaban el consentimiento informado entre personas adultas para poder solicitar y ofrecer servicios sexuales.

Las y los participantes en el evento denunciaron que ninguna de las alertas de género decretadas en diferentes estados del país ha incluido ningún tipo de acción que prevenga la violencia feminicida en contra de las trabajadoras sexuales, tampoco que contemple cómo proteger a este grupo de mujeres y menos aún, cómo aumentar sus capacidades para que en forma individual o colectiva puedan reaccionar ante amenazas concretas.