Volar puede ser sinónimo de libertad, tal vez sí, tal vez no, pero para Armando sí lo era. Después de haber trabajado arduamente por años, empezó a estudiar para convertirse en sobrecargo en una tripulación aérea. El poder trabajar en las alturas, conocer otros lugares del país y del mundo, aprender más idiomas, interrelacionarse con muchas otras personas, eran los factores que lo motivaron a pensar en un proyecto de vida lleno de nuevas posibilidades y caminos.

Tras terminar la academia con el promedio más alto de la generación, comenzó a buscar oportunidades de trabajo en distintas compañías aéreas. La que más le llamó la atención fue la aerolínea Volaris.

Era el proceso de reclutamiento de 2017 y, con mucho nerviosismo, fue pasando las diferentes etapas del proceso con la calificación más alta posible. Ilusionado, pensaba en que tendría que reconstruir su vida para adaptarse a su nuevo empleo, idea que se concretaba más cuando las personas que estaban llevando a cabo el proceso de selección le informaron que lo había culminado exitosamente.

Sólo faltaba cubrir un detalle para formar su expediente como empleado: acudir a realizarse un examen médico. El lugar a donde se le citó fue en los laboratorios de Médica Sur, pertenecientes a Laboratorios Médicos Polanco, S.A., donde le extrajeron una muestra de sangre, sin explicarle la finalidad de la misma.

Después de haber acudido a los exámenes médicos, se cortó la comunicación con las personas reclutadoras de la aerolínea. No le volvieron a llamar por teléfono ni a escribirle un correo electrónico. Se enteró a través de otros participantes en el proceso de contratación que ya se habían dado a conocer los resultados. Todos los participantes habían sido aceptados, menos él.

Sus sospechas de que en los laboratorios médicos le habían aplicado una prueba de VIH sin su consentimiento se confirmaban. Por esa razón, consideró, le negaron el contrato a pesar de que ya sólo faltaban detalles para iniciar el entrenamiento previo a comenzar a dar servicio en los vuelos.

Desconsolado e indignado por la situación, pidió ayuda para saber qué pasos podría dar para que los hechos no quedaran impunes. Con más de una década viviendo con VIH, si algo sabía es que nadie lo podía vulnerar por esa situación, pues su condición de salud no representaba un impedimento para poder desempeñarse profesionalmente.

Empresas discriminadoras

Tras dos años de recopilación de información y de investigación, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México emitió una resolución en la que se señaló claramente el acto de discriminación de la aerolínea y sus subsidiarias hacia Armando debido a que se le negó la posibilidad de laborar en la compañía aérea por su condición de salud.

Derivado de la opinión del organismo especializado, se solicitó al juez la inscripción de la demanda de daño moral en la Bolsa Mexicana de Valores, tanto de Volaris como de Laboratorios Médicos Polanco, pues ambas cotizan en el organismo financiero, y conforme a lo marcado por la Ley de Mercado de Valores, se debe dar a conocer información relevante sobre ellas. Así, cualquier posible cliente o inversor podría saber que en esas empresas han ocurrido prácticas discriminatorias.

Sin embargo, desde 2019 que se admitió la demanda, las empresas han tratado de impedir su inscripción, aun cuando en agosto de 2020 perdieron el amparo que tenían interpuesto. La negligencia ha provocado que Armando salga a las calles a exigir justicia, y a buscar apoyo con organizaciones de la sociedad civil.

De igual manera, está a la espera de los resolutivos del proceso judicial que se ha llevado a cabo desde hace tres años. Confía en que la justicia triunfe y que se sancione a las empresas con prácticas discriminatorias durante los procesos de contratación de personal.

Volar y poder trabajar en alguna aerolínea es algo remoto para Armando, pues sabe que difícilmente lo contratarán. Por mucho tiempo, esa realidad lo atormentó pues era su objetivo de vida. Ahora, lo motiva el saber que su caso puede ayudar a que otras personas no pasen por lo mismo. Además, ha comenzado a soñar en convertirse en abogado para ayudar a quienes, como él, no tienen recursos y deben pelear por sus derechos.

 

Armando y Jorge viven con VIH, pero esa característica no interfiere de ninguna forma con los empleos que buscan desempeñar. Volar un avión o vender boletos para un bar no son actividades de riesgo si las realiza una persona con el virus, pero ellos se han visto relegados, por su condición de salud, de las tareas para las que están capacitados.

 

Rechazo disfrazado en Veracruz

Desesperación es la palabra con la que Jorge definiría los últimos siete años de su vida, desde que se le negó la posibilidad de continuar laborando en los centros nocturnos de los municipios veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Una noche de 2014, en Minatitlán, el bar donde laboraba Jorge recibió la visita de inspectores sanitarios municipales para decirle a los dueños del establecimiento que él vivía con VIH y no podía continuar allí, a pesar de que no se dedicaba al trabajo sexual y que su labor no implicaba ninguna situación de riesgo para una posible infección, sólo cortaba boletos e invitaba al público a entrar a los establecimientos.

Meses antes, había sido detectado VIH positivo e inmediatamente comenzó a recibir tratamiento, por lo que su estado era indetectable y mantenía un estado de salud óptimo. Pero esos no fueron argumentos suficientes para que las autoridades le permitieran continuar trabajando en la industria restaurantera y de la diversión nocturna.

La única forma en que podría reincorporarse a su centro laboral era obteniendo la “tarjeta de profilaxis social”, un documento en el que se avalaba “que estaba libre de enfermedades”, cumplía con todas las normas higiénicas y “no representaba un peligro”. Nunca se la otorgaron. A pesar de tocar muchas puertas y explicarles a las autoridades, con argumentación científica, que estaba totalmente “controlado”.

Ante el panorama, Jorge se mudó al municipio vecino de Coatzacoalcos, donde el escenario se repitió. Él sospecha que las autoridades lo boletinaron en los municipios vecinos. Desesperado por la situación, interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, de la cual, se emitió la Recomendación 36/2015 a los referidos ayuntamientos “para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se dediquen al comercio sexual”. Ninguna de las dos instancias municipales aceptó dicha recomendación. Buscando otras alternativas de subsistencia, Jorge decidió no ceder y no permitir ser relegado por su condición. Continuó buscando la posibilidad de volver a laborar en los centros de diversión nocturna, pero en ninguno se lo permitieron.

Tres años después, la misma CEDH emitió la recomendación 49/2018, en los mismos términos que la anterior, pero la respuesta fue también la misma, ninguno de los dos gobiernos municipales la aceptó. En ese momento, el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, argumentó que no se han violentado los derechos humanos de Jorge, sino que se implementan medidas preventivas para evitar infecciones por VIH ya que el estado es una de las zonas del país donde se presenta el mayor número de nuevos casos de la infección.

Ante lo ocurrido, Jorge interpuso un Recurso de Impugnación que fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El organismo emitió un oficio, dirigido a los ayuntamientos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán para que acepten las recomendaciones de la CEDH, pero de nueva cuenta ambos municipios rechazaron las recomendaciones, por lo que la CNDH envió otros oficios para que lo ayuntamientos reflexionen sobre su postura con respecto al otorgamiento de tarjetas sanitarias a personas que viven con VIH y trabajan en la industria de los servicios restauranteros, debido a que no representan un riesgo en la preparación de alimentos o para las personas que acuden a estos centros.

Sin embargo, ambos municipios publicaron en días pasados la negativa de aceptación de la recomendación en meses pasados. En el caso de Coatzacoalcos, se argumentó que no han violentado los derechos de Jorge porque el municipio no emite las tarjetas sanitarias y su objetivo final es proteger la salud de la población.

En el caso de Minatitlán, las autoridades indicaron que la tarjeta sanitaria sólo se le exige a quienes ejercen el trabajo sexual o tienen la función de barman.

 

Para Armando y Jorge hay esperanza de obtener justicia en sus casos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del establecimiento de la prueba de VIH como requisito para la contratación del personal médico.

 

Prejuicios y esperanza

La CNDH considera que la postura de los ayuntamientos está sustentada en argumentos relacionados con estigmas y prejuicios que padecen las personas que viven con VIH e incurren en discriminación en materia laboral, al considerar a la víctima como un riesgo para la colectividad, restringiendo toda posibilidad de ejercer su derecho al empleo.

Para Jorge, la negativa de ambas municipalidades para reconocer que ha sido discriminado durante los últimos siete años le ha provocado un desgaste y también le ha impedido mejorar sus condiciones de vida, ya que le ha sido imposible continuar trabajando en un rubro en el que ya había acumulado casi dos décadas de experiencia. Después de tantas negativas, la siguiente opción para Jorge es esperar que el Senado de la República se pronuncie sobre la situación, debido a que los municipios se han negado reiteradamente a aceptar las recomendaciones. El organismo legislativo tiene la facultad de llamar a los gobiernos municipales para que informen sobre la situación y se analice si es o no correcto el manejo que le han dado.

Para Armando y Jorge hay esperanza de obtener justicia en sus casos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del establecimiento de la prueba de VIH como requisito para la contratación del personal médico en una institución de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que viola el derecho a la igualdad, pues permite negar el empleo a la persona, simplemente por su condición de salud; no resulta necesaria para proteger la salud de otras personas y que la protección al derecho a la salud se podría cumplir si se aplica la prueba después de la contratación.

Ambos esperan que ese criterio sea aplicado en sus casos, y se reconozca que fueron víctimas de discriminación por su condición de salud, además de que se eliminen prácticas como la aplicación de pruebas de VIH sin consentimiento o como condicionantes para acceder a un empleo.