Muerte materna en la pandemia — letraese letra ese

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Muerte materna en la pandemia


Como si el reto de disminuir la mortalidad materna en México no hubiera sido lo suficiente difícil en los años pasados, la pandemia de COVID-19 lo ha hecho prácticamente insalvable. La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 es ahora la primera causa de muerte materna en el país, muy por encima de las otras causales registradas: enfermedades cardiovasculares (como la preeclampsia) y hemorragias durante el parto. Un estudio publicado en la revista The Lancet en marzo pasado, indicó que la COVID-19 provocó un aumento de 37 por ciento en la mortalidad materna respecto a lo esperado para 2020 en México.

Las grandes incógnitas siguen rodeando al nuevo coronavirus y las formas en que éste afecta al organismo humano. De igual manera, la concepción sobre los grupos más vulnerables ante el virus ha ido variando conforme avanza el tiempo. Primero se determinó que las personas de la tercera edad eran las que más riesgos corrían frente a una infección. Después se observó riesgo de muerte importante en adultos más jóvenes con alguna de las comorbilidades identificadas: hipertensión, diabetes, obesidad. A la par, en los meses más recientes se ha ido perfilando el alto riesgo que corren las mujeres embarazadas en general, independientemente de su edad o estado de salud.

Una antigua deuda

Al entrar en el siglo XXI, en septiembre de 2000, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Eran 8 objetivos que buscaban mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta para 2015.

El Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) número 5 era “Mejorar la salud materna”, pues se reconocía que las complicaciones de salud prevenibles relacionadas con el embarazo que enfrentaban muchas mujeres estaban en niveles inaceptables, sobre todo en los países en desarrollo.

El principal indicador de este objetivo es la tasa de mortalidad materna, es decir, la proporción de mujeres que no sobrevive al parto en comparación con las que sí. Como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes relacionadas con el embarazo y el parto son evitables con la atención médica adecuada.

Pero en 2012, México estaba muy lejos de lograr su meta de disminuir a la mortalidad materna a 22.2 muertes de madres por cada 100 mil nacidos vivos, pues tenía una incidencia de 42.3, casi el doble de la meta propuesta. De hecho, la mortalidad materna era, para ese momento, el único indicador del ODM 5 cuya meta no se había alcanzado.

El recuento final de los ODM en 2015 arrojó que México no cumplió con ese objetivo, pues la mortalidad materna terminó en un índice de 38.2 muertes de madres por cada 100 mil nacidos vivos.

 

La mortalidad materna era, en sí misma, un problema pendiente de resolver. El panorama se ha complicado ahora que algunas investigaciones científicas sugieren que las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19 y que, en algunos casos, podrían morir.

 

Servicios ineficaces

De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública acerca de los datos recolectados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, solamente el 71.5 por ciento de las mujeres embarazadas recibía una atención prenatal apropiada. Este fue el promedio nacional, pero los índices más bajos de atención se registraron en estados con gran nivel de pobreza: en Chiapas la cifra de atención apropiada fue de 44.2 por ciento, en Puebla fue de 57.9 por ciento y en Oaxaca, de 60.8 por ciento.

A esto hay que sumar el impacto desproporcionado que tiene la mortalidad materna en las comunidades indígenas, que están entre las más vulnerables en México, como lo señala el Grupo de Información para la Reproducción Elegida (GIRE). “En 2015, 6 por ciento de la población mexicana eran mujeres indígenas, sin embargo, 11.2 por ciento del total de muertes maternas en el país en ese año corresponden a esta población”, explica la organización civil en su sitio web, retomando la información recabada por el Observatorio de Mortalidad Materna, un organismo que desde hace diez años ha seguido de cerca el tema en el país.

El golpe del COVID-19

De acuerdo con la OMS, el 75 por ciento de las complicaciones que causaban las muertes relacionadas con el embarazo y el parto eran: hemorragias graves, infecciones (generalmente después del parto), hipertensión gestacional (como preeclampsia o eclampsia), complicaciones del parto y abortos riesgosos. Este panorama dio un vuelco a raíz de la aparición del SARS-CoV-2.

Sin embargo, no fue sino hasta después de 8 meses en los que todo el mundo médico estaba volcado al estudio del nuevo coronavirus que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica relacionada con las mujeres embarazadas y su riesgo frente a la COVID-19. En el documento, publicado el 13 de agosto de 2020, el organismo reconoció por primera vez que “estudios y resultados de la vigilancia de COVID-19 publicados recientemente indicaron un mayor riesgo de la mujer embarazada de presentar formas graves de COVID-19”. A esta observación había que sumar–aun actualmente– la “escasa información científica disponible” sobre el efecto del virus en el embarazo y en el feto.

Ante la falta de datos, la OPS retomó algunos estudios realizados en mujeres embarazadas en Europa, aunque reconoció que la situación del mismo grupo en América podría ser diferente. Uno de estos estudios, llevado a cabo en el Reino Unido, indicaba que la mayoría de las mujeres que habían requerido hospitalización por complicaciones del SARS-CoV-2 se encontraban a finales del segundo o en el tercer trimestre del embarazo.

Un segundo estudio, este realizado en España, mostraba que la prevalencia de la infección era similar entre mujeres que cursaban el primer trimestre del embarazo y las que cursaban el tercero, pero la proporción de mujeres con síntomas y las que requirieron hospitalización fue mayor en el grupo que estaba en el tercer trimestre.

La OPS indicó entonces que, de acuerdo con los datos disponibles, podía pensarse que “las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19 y, en algunos casos, podrían evolucionar a la muerte”.

El saldo en México

El mismo documento de la OPS reporta que, entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de agosto de 2020, México reportó 3 mil 916 casos de mujeres embarazadas o en puerperio con COVID-19, de las cuales, 106 habían fallecido (2.7%). Las entidades federativas con más casos fueron la Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. De las mujeres fallecidas, la mediana de edad fue de 30 años, el 43.3 por ciento perdieron la vida en el tercer trimestre del embarazo, contrastando de forma importante con 16 por ciento que se encontraban en el segundo trimestre y 5.6 por ciento, en el primer trimestre. Además, el 34 por ciento de las fallecidas estaban en puerperio.

Para ese momento de 2020, donde se contabilizaba la semana epidemiológica 31 del año, la razón de mortalidad materna causada por COVID-19 era de 8.1 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

Luego de esta alerta epidemiológica, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, junto con la Dirección General de Epidemiología (DGE), ambas instancias de la Secretaría de Salud, emitieron un Aviso Epidemiológico el 17 de agosto. En él reconocía que Brasil y México eran los países que reportaban el mayor número de defunciones de mujeres embarazadas en todo el continente americano.

 

Para agosto de 2020, el COVID-19 se había convertido ya en la primera causa de mortalidad materna en México, con el 20.6 por ciento del total de muertes reportadas durante esos meses. Hasta este momento, mantiene esa posición.

 

Además, el documento informó que la COVID-19 se había convertido en la primera causa de mortalidad materna, con el 20.6 por ciento del total de muertes reportadas hasta ese momento del año. Las afectaciones a la salud de esta población parecen reafirmar el hecho de que el embarazo es, por sí mismo, un factor de riesgo frente al SARS-CoV-2, pues en la población de mujeres embarazadas que desarrollaron enfermedad grave de COVID-19, la mediana de edad fue de 29 años y sólo el 10.6 por ciento presentaban obesidad como comorbilidad, mientras que 47 por ciento de ellas se encontraban en el tercer trimestre del embarazo.

Las cifras siguieron aumentando aceleradamente durante el resto de 2020, y no han dejado de hacerlo en lo que va de 2021. Para la semana epidemiológica 53 del año pasado, la DGE registró una razón de mortalidad materna de 46.6 muertes por cada 100 mil nacimientos, lo cual representó un incremento de 37.8 por ciento respecto a la misma semana del año anterior. La COVID-19 se mantuvo como principal causa de muerte materna con 21.6 por ciento de los casos.

En el seguimiento que hace el Observatorio de Mortalidad Materna semana a semana, con base en los boletines de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se puede observar que en este 2021, hasta la semana epidemiológica 16, se han registrado 305 muertes maternas en todo el país, comparado con la misma semana del año pasado, que había contabilizado 173 muertes.

Recomendaciones

Las recomendaciones más actualizadas sobre cómo atender al grupo de mujeres embarazadas en medio de la pandemia son aquellas de agosto de 2020. En ellas, la DGE indica reforzar la vigilancia epidemiológica de la morbilidad de mujeres embarazadas y en puerperio, así como buscar formas de mantener la comunicación con mujeres embarazadas y en puerperio diagnosticadas con COVID-19, ya sea mediante brigadas comunitarias u otros mecanismos, para facilitar la atención oportuna en casos de enfermedad severa.

También se recomienda establecer coordinaciones estatales para designar sitios de atención para mujeres de este grupo con COVID-19 que ameriten hospitalización y también para la atención oportuna de emergencias obstétricas, sin importar el diagnóstico de infección (implementar una política de “cero rechazo”), entre otras medidas de seguimiento epidemiológico.

Mientras la crisis sanitaria continúe, será necesario impulsar estas medidas, además de tomar en cuenta, por otro lado, las limitaciones que muchas mujeres embarazadas han enfrentado con las políticas de restricción de la movilidad, y el propio temor que les genera a mucha de ellas atenderse en centros hospitalarios donde, consideran, podrían enfermarse de COVID-19.

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