Hace 30 años, el cronista Carlos Monsiváis describía, entre el asombro y la fascinación, los efectos culturales de los primeros debates masivos sobre el aborto. “¡Seis horas de debate de un tema antes inmencionable y en el ‘Canal de la Familia Mexicana’”, relató luego de un programa nocturno transmitido por Televisa, en aquellos días de absolutismo televisivo. A lo largo de la segunda década del nuevo siglo, la réproba, mediática y a ratos belicosa “marea verde” parece haber sellado el triunfo cultural de la lucha feminista por la despenalización del aborto. A-B-O-R-T-O, palabra hasta antes de ayer proscrita incluso entre el activismo –que en su cabildeo legislativo prefiere denominar “interrupción del embarazo”– y que hoy ha resurgido como consigna y como demanda al parecer ya imparable.

Para Monsiváis, la llama que encendió la actual ola pro derechos fue una iniciativa de ley para ampliar las causales de aborto no punible en el estado de Chiapas, en 1990, proyecto congelado indefinidamente luego de declaraciones y vestiduras rasgadas de la jerarquía católica y del Partido Acción Nacional. Tan lejos y tan cerca.

En 2007, la Ciudad de México consiguió lo que parecía imposible: una despenalización total del aborto practicado antes de las 12 semanas de gestación. La reforma resistió los embates de la derecha eclesiástica y las maniobras legales de la partidista; la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley y modificó radicalmente el panorama político y cultural del país. Una veintena de iniciativas similares, presentadas en los congresos estatales, fueron desechadas a lo largo de los siguientes 12 años, hasta que en septiembre de 2019, el Congreso de Oaxaca logró romper la inercia y convertir a la entidad en la segunda que despenaliza el aborto.

Un año después, los resultados de esta última reforma son, cuando mucho, discretos. De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), durante el primer año de vigencia se han realizado únicamente ocho abortos legales, todos en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña; en contraste, se calcula que cada año se realizan unos 2,300 clandestinos. Una muestra de que el derecho al aborto sigue siendo, todavía, un derecho interrumpido en Oaxaca.

Sin voluntad política

Pilar Muriedas es una activista histórica del feminismo mexicano y –como fundadora de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (CDPE)– una impulsora del proceso legislativo que derivó en la despenalización del aborto en Oaxaca. A un año de la reforma, ve trabas políticas pero también un escenario cultural muy distinto al de la ciudad de México.

En lo político, Muriedas considera que falta voluntad. Como el gobernador Alejandro Murat estuvo en desacuerdo con la despenalización, “todos los priístas votaron en contra. No hay un compromiso, no hay una política para respaldar la legislación. Sí hay iniciativas en algunos lugares, en hospitales públicos pequeños se está haciendo trabajo de sensibilización, pero es un trabajo de las organizaciones civiles”.

A propósito del aniversario de la reforma, se dio a conocer un programa de capacitación médica en los SSO, con el apoyo de la organización civil internacional IPAS, para ampliar el acceso al aborto legal. En entrevista con Citlalli López, de la agencia Cimac, la jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de los SSO, María del Carmen Pineda, aseguró que en los próximos meses se sumarán 14 unidades médicas a la atención de mujeres que requieran interrumpir un embarazo; “el semáforo epidemiológico [del COVID] es lo que nos impide avanzar”, dice la funcionaria.

Por su parte, diputadas de Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso del Estado, con la asesoría de organizaciones civiles, preparan una iniciativa para reformar la ley estatal de salud para establecer protocolos de atención y garantizar derechos, como la objeción de conciencia para el personal de salud, así como la obligatoriedad para las instituciones de contar también con médicos no objetores. “No vamos a negar el gran paso que se dio con la despenalización, pero hay que reglamentar y hacer protocolos para seguir avanzando. Lo primero es que haya un compromiso explícito legal para los servicios de salud”, considera Muriedas.

 

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, a un año de la despenalización del aborto se han realizado sólo ocho abortos legales, todos en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña. Una muestra de que el derecho al aborto sigue siendo, todavía, un derecho interrumpido en Oaxaca.

 

Desafío para los pueblos chicos

“Oaxaca tiene un gran significado en términos culturales, pues el entorno es muy distinto a la ciudad de México”, considera Pilar Muriedas. Con una población de unos 300 mil habitantes (menos de los que viven en la alcaldía Benito Juárez de CDMX), la ciudad de Oaxaca es la urbe más grande de un estado de gran diversidad étnica, lingüística y social, pero también con múltiples carencias y rezagos, y una tradición paternalista que limita el conocimiento y la reivindicación de derechos. “Acá, todavía, si cualquier autoridad dice que no, pues no”, resume Muriedas.

En las comunidades indígenas el aborto es un secreto, una práctica invisible a la se ha recurrido desde siempre. “Se habla poco, pero sucede. Lo primero es desmontar la falsa idea de que las mujeres indígenas no lo necesitan”, dice Zenaida Pérez Gutiérrez, activista ayuuk que coordina el Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. “Es una práctica histórica ancestral pero vigente. Las parteras y curanderas, sobre todo, han hecho este acompañamiento con las mujeres en edad reproductiva; se apoyan de hierbas y otros conocimientos que tienen”.

Hacer visible el aborto es un primer paso, pero no es un tema fácil de abordar. Hay múltiples dilemas éticos y de creencias. “Yo soy hija de una partera y para mi madre la vida es lo máximo, así que para mí misma es desafiante entrar a pensar este tema. Muchas mujeres hacen trabajo de acompañamiento, pero pocas lo hablan porque en su contexto comunitario todavía les implica grandes cuestionamientos”, cuenta Zenaida Pérez, quien es originaria de la comunidad serrana de Santa María Tlahuitoltepec.

Garantizar el acceso, pero con sensibilidad ante un tema complejo y polémico, y sin perder de vista las especificidades de la vida comunitaria, es un reto para el que no hay todavía respuestas concretas. “Las compañeras de los colectivos que están trabajando en las diferentes regiones del estado lo están analizando”, comenta Pilar Muriedas. “Siempre ha sido algo muy íntimo realizar un aborto, entre más pequeña es la comunidad más se corre la voz de que ‘aquélla fue’; pasa para el acceso a los anticonceptivos, las chavas no quieren ir a los centros de salud de su pueblo porque al ratito todo mundo sabe. El contexto es muy distinto al de las ciudades, por eso el proceso va lento”.

La despenalización ya abrió esta discusión entre las mujeres oaxaqueñas, pero todavía falta mucho en lo que respecta a la atención en los servicios de salud. Pérez Gutiérrez lo ilustra en los siguientes términos: “Si de por sí hay violencia obstétrica cuando vamos a parir a un hospital y eso que la sociedad ha valorado la maternidad como lo mejor que le puede pasar a una mujer. Si además eres indígena, pobre, monolingüe y eres campesina, imagínate qué pasaría si una va y expresa que quiere abortar en un servicio de salud pública”. El acceso al aborto legal, a pesar de la despenalización, sigue estando marcado por la dicotomía entre privilegio y exclusión.

“En la implementación es donde está realmente el desafío, pues implica un cambio cultural que no sólo es para las usuarias con la necesidad de acceder a este servicio, sino básicamente para el personal médico y toda su estructura”, concluye Pérez Gutiérrez.

 

“Siempre ha sido algo muy íntimo realizar un aborto en las comunidades indígenas, entre más pequeña es la comunidad más se corre la voz de que ‘aquélla fue’; las chavas no quieren ir a los centros de salud de su pueblo porque al ratito todo mundo sabe. El contexto es muy distinto al de las ciudades, por eso el proceso va lento”.

 

El peso de los antiderechos

Durante el último año, activistas de CDPE proporcionaron acompañamiento en un par de casos de mujeres que solicitaron interrumpir su embarazo en el Hospital Civil de la capital oaxaqueña. No fue un proceso tan complicado, cuenta Muriedas. “Si bien llegaron con una copia del decreto para demandar su atención, no encontraron trabas. Incluso en los servicios hay sensibilidad. A estas compañeras les fue bien”. Parece ser cuestión de suerte, pues notas de la prensa local han documentado, en el mismo hospital, casos en que se ha negado atención con argumentos religiosos.

Los grupos antiderechos, a pesar de la derrota cultural, todavía tienen mucha influencia en Oaxaca. Cobijados bajo membretes de rancia tradición conservadora como el Frente Nacional por la Familia (que entre sus muchas batallas ha impulsado las regresivas legislaciones sobre “pin parental” en varios estados del país) y por la Arquidiócesis de Oaxaca, colectivos locales como Ola Celeste impulsan manifestaciones contra el aborto, como la realizada en el Congreso del Estado al cumplirse el primer año de la reforma. Asimismo, el 1 de noviembre pasado planearon una “oración colectiva” afuera de la clínica de la organización civil Marie Stopes recientemente inaugurada en la ciudad. A pesar de la mínima convocatoria lograda, la incidencia de estos grupos clericales es real.

“Por supuesto que los curas tienen una incidencia en las comunidades, no podemos negarla. Sigue siendo un asunto que en el fondo pretende seguir controlando los cuerpos de las mujeres”, afirma Muriedas. En las comunidades indígenas, cuenta Zenaida Pérez, “no falta el cura que se cree ‘salvador de vida’, aunque más bien son violentadores de derechos. Les vale la vida de las mujeres, lo que les interesa es que cumplan con el rol tradicional”.

“Oaxaca es sorprendente”, dice Pérez Gutiérrez. La despenalización del aborto tomó por sorpresa incluso a muchos de los colectivos de mujeres del estado. Lo grato fue que tras la reforma han surgido oportunidades para organizar círculos de diálogo para reflexionar sobre lo que significa el derecho a decidir libremente la maternidad. “En la medida en que vamos teniendo más información se va reduciendo el prejuicio. Hemos podido hablar honestamente de qué información tenemos, qué nos llega, qué sabíamos, qué no sabíamos. Incluso gente que se oponía dogmáticamente ha comenzado a cuestionarse y a decir ‘oigan, creo que no es o blanco o negro, hay matices’. Algo pasó”.