Bajo el hashtag #MentirasDelAborto, el diputado neoleonés Juan Carlos Leal Segovia, recientemente expulsado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por comentarios homofóbicos, argumentó por varios meses, a través de sus redes sociales, que los grupos “proaborto” mienten al decir que en México hay mujeres presas por abortar, pues “sólo hay cinco”, según datos que él mismo recopiló tras haber hecho una solicitud de acceso a la información al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Añadió que en el país sólo se registran 60 muertes maternas al año, lo que no representa estrictamente un problema de salud pública, según su visión.

En sus interacciones en Facebook, a comentarios que le cuestionaban su apoyo a la adición al artículo 1 de la Constitución local para indicar que en Nuevo León se protege el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, situación que implica que a todo óvulo fecundado se le reconoce como “nacido”, contestaba que las personas pueden decidir por su vida, pero no por la de otras, además de que no es posible que las mujeres accedan a un aborto seguro ni gratuito.

Integrante original del Partido Encuentro Social (PES), donde ostentaba el cargo de presidente del Comité Directivo Municipal de San Nicolás, en Nuevo León, Leal Segovia se autodefine como provida, y actualmente, funge como primer vicepresidente del Congreso de Nuevo León, espacio desde donde también ha cuestionado al matrimonio igualitario e incluso ha bloqueado la discusión al respecto. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del estado por considerar que su Código Civil es discriminatorio al definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con fines procreativos.

El pasado febrero, en ausencia de Marco Antonio González Valdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso neoleonés, Leal Segovia promovió que fuera la Comisión de Legislación, encabezada por un parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y no la de Desarrollo Social y Derechos Humanos, presidida por un integrante de Movimiento Ciudadano, la que discutiera una iniciativa de reforma al Código Civil local, promovida por Morena, para invalidar los artículos vigentes en materia de matrimonio.

Un halo que se extiende
Mientras el Día Internacional de la Mujer se debatió sobre si el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, había dejado entrever que la posibilidad de interrumpir el embarazo en todo el país de manera legal hasta la semana 12 de gestación podía ser sometida a consulta popular, en Hidalgo, el coordinador de la bancada del PAN, Asael Hernández Cerón, anunciaba la necesidad de defender el derecho a la vida en la entidad ante la postura de otros partidos como Morena, el Partido de la Revolución Democrática, y sorpresivamente, el PES, de legislar en la materia a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.

En el primer debate legislativo sobre el tema, llevado a cabo el pasado 13 de marzo, Hernández Cerón reiteró su postura al argumentar que “no le hubiera gustado ser arrebatado de la vida desde el vientre de su señora madre” y señalar que es un tema “sensible”, por lo que consideró necesario tomar decisiones legislativas similares a las aprobadas por el órgano legislativo neoleonés.

En San Luis Potosí también se ha comenzado a debatir el tema tras la propuesta presentada por la diputada de Morena Alejandra Valdez Martínez de permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Al respecto, el PAN ha señalado que en sus estatutos está la defensa de la vida, por lo que no apoyarían la propuesta.

De manera similar, Marisela Terrazas Muñoz, diputada por parte del PAN en el Congreso de Chihuahua, titular de la Comisión de Juventud y Niñez, calificó lo ocurrido en Nuevo León como “un gran avance” y anunció que se buscará replicarlo en su entidad, pues consideró que parte de las labores de los legisladores es “preservar la vida”.

Durante su exhorto en el pleno del Congreso chihuahuense para que las instancias federales no legislen a favor del aborto, la legisladora panista indicó que “El aborto es un acto contra el ser humano, un delito en contra de una persona indefensa, contra un ser que merece y que requiere la protección amplia en un derecho humano fundamental como lo es la vida”.

Por todo el país, lo mismo diputados que presidentes municipales no han tenido reparos en tratar de imponer su moral religiosa en las leyes. Hasta el momento, se cuentan casos como los de Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Estado de México y Zacatecas

Aquella tarde, Terrazas Muñoz tomó la palabra en el pleno con un pañuelo azul pendiendo de su cuello, en el cual se podía leer la frase “Salvemos las dos vidas” y que es símbolo de un movimiento denominado Ola Azul, cuyo alcance es a nivel de América Latina, y agrupa a integrantes de organizaciones a favor de la familia para difundir el mensaje de que el aborto no es un derecho, sino que lo que sí es derecho es el acceso a un hospital, a vitaminas, a medicamentos y a la atención médica necesaria para que el embarazo llegue a buen término.

Diálogos parciales
La unión matrimonial entre personas del mismo sexo continúa a debate en varias entidades federativas, en las cuales, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que sus normativas vigentes en la materia son discriminatorias, éstas no se han modificado.

Uno de los casos es el de Sinaloa, donde a finales de marzo, las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos y de Equidad, Género y Familia del Congreso de Sinaloa se reunieron con el Consejo Interreligioso de la entidad para dialogar sobre el tema a fin de evitar una “polarización” sobre el tema en la sociedad sinaloense. Sin embargo, el mismo diálogo no ha sido llevado a cabo con integrantes de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas a los derechos de las poblaciones LGBTTTI.

En el Estado de México, otra de las entidades que ha recibido señalamientos de la Suprema Corte sobre el tema, la discusión se ha postergado en el Congreso en dos ocasiones ante la ausencia de los grupos de legisladores, quienes no han atendido a la convocatoria para la discusión del tema.

Ante la omisión, en el Ayuntamiento de Naucalpan se planteó la posibilidad de permitir los matrimonios igualitarios en el municipio sin necesidad de un amparo, como se ha hecho en Zacatecas. La respuesta por parte de regidores municipales, quienes rechazaron la propuesta, fue que no había prisa por atender el tema, “pues no se presentaban solicitudes al respecto” ni era óptimo tomar atribuciones correspondientes a diputados.

Misión moralizadora
“Moralizar a la sociedad” es el argumento que varias asociaciones religiosas han enarbolado para exigir la concesión de medios de comunicación para sus grupos en señales y frecuencias abiertas como parte del respeto a su derecho a la libertad religiosa.

La demanda se ha dado al calor de la exigencia de la modificación al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que ni las asociaciones religiosas ni los ministros de culto pueden poseer o administrar concesiones de telecomunicaciones o medios de comunicación masiva, salvo en el caso de publicaciones impresas.

Quienes han llevado la delantera en esta petición ha sido la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), organización civil surgida en 1992 que agrupa  a diversas asociaciones de corte evangélico, que en días pasados sostuvo una reunión con el titular del Ejecutivo federal para cabildear el tema.

De acuerdo con Arturo Farela, líder de la Confraternice, la discusión del tema es necesaria debido a que hoy en día “es más fácil tener un canal pornográfico a que existan medios en el cual se transmitan valores a favor de la familia “, y según sus propios datos, “los países menos corrupto del mundo son evangélicos”.

La obtención de las concesiones permitiría que las asociaciones religiosas pudieran operar canales de televisión.

La agrupación ha externado su apoyo a la propuesta de que el tema del aborto sea sometido a una consulta pública, pues “el bebé en el vientre es humano y tiene derechos”, e incluso, hace 10 años, ante las modificaciones del Código Civil de la Ciudad de México para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, fue una de las organizaciones peticionarias para que la Procuraduría de Justicia capitalina interpusiera una acción de inconstitucionalidad.

El derecho a la libertad religiosa consiste en la posibilidad de cada persona para elegir libremente su religión o de no creer en ninguna, así como de no ser obligada a mantener una creencia ni a ser impedida para actuar conforme a sus creencias dentro de los marcos normativos vigentes.

De igual manera, han publicado materiales en contra del matrimonio igualitario argumentado que “son cosa contraria a la voluntad de Dios” y pidiendo recordar los pasajes bíblicos sobre Sodoma y Gomorra, además de insistir en que la adopción de menores por parejas del mismo sexo “es contraria a los intereses del menor”.

A través de un comunicado de prensa, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que ningún gobierno laico y democrático debe permitir a una Iglesia, orden o asociación religiosa tener concesiones y operar estaciones de radio o canales de televisión.

Para la Asociación, conformada por especialistas en medios de comunicación, “los medios electrónicos cumplen una función social de servicio público y no de adoctrinamiento político o religioso”, por lo que la información que comparten a través de sus contenidos debe ser imparcial, objetiva, oportuna y veraz, muestra de una diversidad y pluralidad de ideas.

Un panorama que no ofrecerían los medios de comunicación concesionados a las asociaciones religiosas, pues éstos tendrían la finalidad de divulgar y difundir actos de fe con el objetivo de realizar sus labores de adoctrinamiento, advirtieron los integrantes de la Amedi.

A la vez, coincidieron en que la Secretaría de Gobernación debe cumplir y fortalecer su labor de vigilancia en los contenidos mediáticos y ordenar el retiro de aquellos programas, mensajes y símbolos de corte religioso difundidos en canales de televisión y estaciones de radio contratados por asociaciones religiosas.