Julia acudió al Hospital Materno Infantil de Mexicali para que la ayudaran a dar a luz, sin embargo, no recibió la atención necesaria y su bebé murió durante el parto. Las autoridades sanitarias le pedían que se afiliara al Seguro Popular para poder recibir la atención correspondiente, pero ella no podía hacerlo, pues al igual que la mayoría de quienes consumen drogas inyectables en el país –y en muchas otras partes del mundo–, vive en situación de calle y no cuenta con documentación oficial.

Ella acudió en busca de apoyo a la organización civil Verter, con amplio trabajo en prevención del VIH en diferentes sectores en la ciudad fronteriza bajacaliforniana, la cual ha documentado el caso y expuesto que en los servicios de salud no hay protocolos de atención a personas usuarias de drogas (UDI), y mucho menos para el caso de las mujeres.

En entrevista con Letra S, Lourdes Angulo, integrante de la organización, señaló que muchas mujeres consumidoras de drogas no quieren ir al médico porque dicen que las regañan, las cuestionan, y en caso de estar embarazadas, el personal médico insiste en que deben dejar las drogas de manera repentina sin que haya la posibilidad de utilizar sustitutos como la metadona o la naloxona, pues para una persona en su condición, es imposible dejar de consumir sustancias de manera repentina.

A lo anterior, se suma que, en caso de dejar de utilizar sustancias, se corre el riesgo de presentar un aborto natural como parte de las consecuencias del síndrome de abstinencia. También tienen el temor de que, una vez que hayan nacido sus bebés, les sean retirados.

De igual manera, la directora de Verter señaló que muchas mujeres consumidoras de drogas sufren de ataques sexuales y no se les brindan los apoyos adecuados, por lo que hay muchos retos en la materia, entre ellos, sensibilizar al personal de salud para brindar atención prenatal a este grupo, evitar los casos de esterilización forzada o negligencias médicas y que así sus hijas e hijos tengan el mayor bienestar posible.

VIH y otros virus
El uso de drogas inyectables ha propiciado que quienes las utilizan sean vulnerables al VIH, lo cual se refleja en cifras como los dos mil 187 casos de sida en los que la vía de transmisión fue una aguja reutilizada para usar drogas, según el registro histórico. Otros 987 casos son de personas que viven con el virus, según datos del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), y de acuerdo con la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) es la tercera población con más alta prevalencia del VIH en el país, con alrededor de cinco por ciento.

Sin embargo, integrantes de Redumex, la cual agrupa a decenas de organizaciones con trabajo enfocado al apoyo a personas consumidoras de drogas, personas exusuarias de drogas y académicos, han señalado que en materia de prevención de VIH, la falta de recursos federales han retrasado las acciones, después de que se cerró la convocatoria de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, pues anteriormente, con estos apoyos se entregaban a cada persona usuaria de drogas inyectables 10 jeringas para que no reutilizara ni prestara las que había usado. Ahora, se entregan sueltas cada una de las jeringas y se tienen que racionar para evitar escasez, lo cual genera que no haya los insumos suficientes para realizar las tareas de prevención.

Lo mismo ocurre con las pruebas de detección de VIH que cada vez son más escasas, por lo que el monitoreo y control llevado a cabo en varias poblaciones de UDI se ve en riesgo ante la falta de más material para testeo, así como de condones para distribución.

La situación no sólo repercute en el ámbito del VIH, ya que, como aseguran en Redumex, la prevalencia de hepatitis C en este sector de la población alcanza el 90 por ciento en algunas ciudades, y en promedio, ocho de cada 10 personas que utilizan drogas inyectables se han infectado del virus que daña la salud del hígado.

En México no se han aplicado medidas de reducción de daños con el apoyo gubernamental, aunque la política pública en materia de drogas así lo recomienda.
Por ello, las infecciones de VIH en esa población siguen creciendo.  280 muertes en la zona norte del Congo en el último trimestre de 1976.

Respuesta oficial
La Norma Oficial Mexicana 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones establece que dentro de los servicios de atención especializada en adicciones se encuentra la reducción de daños y riesgo, comprendida como “ el conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se articula necesariamente con la prevención y el tratamiento”, sin considerar que se deba promover la abstinencia.

De igual manera, se indica que dicha estrategia debe  ser implementada siempre con base en evidencia científica y que en caso de hacer uso de terapias de sustitución, se debe ría priorizar la disminución de las consecuencias producidas por el consumo de sustancias. Actualizaciones posteriores establecen la posibilidad de la utilización de la metadona como parte de la asistencia a personas consumidoras de drogas.

En julio pasado se anunció la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la paz”, la cual, de acuerdo con Hugo López-Gattel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, busca “transitar de una mirada en la que quienes utilizan drogas sufren un problema de salud, a una en la que se trate a las personas afectadas por las adicciones como una población digna de derechos de protección, apoyo, inclusión y vinculación, que tiene derecho a una atención por parte del Estado y a recibir oportunidades para incorporarse a una vida saludable y productiva”. Los ejes de la estrategia son educación, bienestar, cultura y comunicación.

Reducción de daños
Para Redumex, la reducción de daños consiste en políticas, programas e intervenciones enfocadas a minimizar las consecuencias que el consumo de drogas ocasiona sobre la salud. Entre estas acciones se incluyen la distribución de jeringas e insumos de inyección segura, pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis, distribución de naloxona para prevenir las muertes por sobredosis e intervenciones focalizadas conducidas por personas que han sido usuarias de drogas inyectables, o bien, por profesionales de la salud.

Debido a que en México no ha sido posible implementar estrategias de este tipo con el respaldo institucional, a pesar de que la normatividad vigente así lo recomienda, varias organizaciones de la sociedad civil han desarrollado acciones específicas para brindar atención a este sector social, entre las que se incluyen las visitas constates a los llamados  picaderos y otros espacios donde se consumen drogas de manera habitual, todo con la finalidad de  llevar a cabo labores de prevención en el sitio de reunión de las personas con estas prácticas.

En Mexicali, desde el año pasado se creó un espacio para la atención a personas usuarias de drogas. Administrado por Verter, el Centro Comunitario, ubicado en el centro de la capital bajacaliforniana, brinda atención psicológica, asesoría, curación de heridas por malas técnicas de inyección y un sitio de consumo seguro o supervisado.

Este último, como parte de un proyecto piloto derivado de un protocolo de investigación consistente en una estrategia en la que en un espacio cerrado y exclusivo para mujeres, se les monitorea, ya que ellas son integrantes de las poblaciones más vulnerables y que más problemas de violencia, incluso sexual, enfrentan en los entornos de consumo y en la calle.

La metodología consiste en que la usuaria permanece en el espacio alrededor de una hora, tiempo en el que se le pueden ofrecer otros tipos de servicios de salud como pruebas de detección de VIH, consejería y asesoría para dejar de consumir drogas; tiempo para permanecer después de la inyección y salir cuando ya no tuviera riesgos de sobredosis u otras situaciones como el acoso policial.

La existencia de este espacio no ha estado exenta de controversia, tras haber sido inaugurada en septiembre del año pasado, fue clausurado en noviembre de ese mismo año por parte de las autoridades municipales bajo el argumento de que se hacía un mal uso del suelo.

Las mujeres embarazadas que consumen drogas no pueden dejar de utilizar sustancias, pues se corre el riesgo de presentar un aborto natural como parte de
las consecuencias del síndrome de abstinencia.

Compromisos pendientes
En el preámbulo de la 10 Conferencia Internacional Científica sobre Sida (IAS 2019), celebrada en la Ciudad de México en julio pasado, María Elena Ramos, de la organización Programa Compañeros de Ciudad Juárez, y Sara Quiralte, de Fátima IBP de la capital de Chihuahua, ambas integrantes de Redumex, señalaron que una de las mayores urgencias en atención a población usuaria de drogas es la posibilidad de poder disponer de la naloxona, un fármaco cuya función es bloquear los efectos de los opiáceos para aliviar síntomas peligrosos causados por altos niveles de éstos en la sangre, y que ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud como una de las mejores alternativas para la atención a problemas de adicción y prevención de muertes por sobredosis. Sus resultados han sido tan efectivos que, incluso hoy en día, se utiliza con bebés de mujeres usuarias de drogas a fin de reducir los efectos de las mismas en los organismos de los neonatos.

Además, advirtieron que las estrategias nacionales sólo hablan de prevención, abstinencia y rehabilitación y combate al uso de drogas, pero no implementan estrategias de reducción de daños, cuyo enfoque está más centrado en la persona, y propone acciones como la creación espacios de consumo seguro, el respeto a los derechos humanos de quienes consumen drogas, capacitación y sensibilización a personal de salud en la materia, atención a la hepatitis C e incorporar la perspectiva de género a la atención de las mujeres usuarias de drogas, pues como se mostró en un poster presentado en IAS 2019 por Óscar Beltrán, de Programa Compañeros, las mujeres enfrentan problemáticas particulares como que tienen más posibilidades de presentar tricomoniasis, mayor número de prácticas sexuales de riesgo, más compañeros sexuales que los hombres, pocas relaciones sexuales protegidas, sexo bajo el influjo de las drogas, sexo a cambio de dinero, experiencias de violencia física por parte de sus compañeros sexuales y abuso sexual por parte de familiares y amigos.

Con respecto al tema de salud, Redumex sostiene que la evidencia internacional ha mostrado que las personas que se inyectan drogas son capaces de ser adherentes a un tratamiento médico, alcanzar niveles de indetectabilidad del VIH y curarse de hepatitis C en caso de contar con los insumos necesarios para lograrlo.
En los próximos días, Redumex llevará a cabo una reunión en Nuevo León, donde volverá a exponer ante las diferentes autoridades invitadas que la reducción de daños salva vidas “y ninguna persona merece morir por su condición de uso de drogas”.