Exigen detener criminalización del VIH en Veracruz — letraese letra ese

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Exigen detener criminalización del VIH en Veracruz


Notiese. Ante la propuesta de reforma a los artículos 157 y 158 del Código Penal para el Estado de Veracruz, elaborada por la diputada Jessica Ramírez Cisneros, presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto del Congreso del Estado de Veracruz, la cual pretende imponer de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, dolosamente, ponga en peligro de “contagio” de una enfermedad grave a otra persona, organizaciones de la sociedad civil, a través de la Red Mexicana en contra de la Criminalización del VIH, han exigido detener la iniciativa.

La pena puede aumentar cinco a ocho años de prisión y multa de hasta 100 UMA cuando produzcan al ofendido la pérdida definitiva de cualquier extremidad, órgano, función orgánica o causen una enfermedad grave, incurable o una deformidad incorregible.

A través de una misiva, la red recordó que el 30 de abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Acción de Inconstitucionalidad 139/2015 –promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a solicitud del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del Estado de Veracruz–, en contra de la reforma al artículo 158 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cuyo contenido se agregó la sanción por delito de presunto “contagio” (debería decirse transmisión) a quien presente infecciones de transmisión sexual, especificando VIH.

En aquel momento, el argumento de Mónica Robles Barajas, legisladora que propuso la reforma y actual presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, fue que se trataba “de prevenir la transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad”.

Sin embargo, en aquel momento, los ministros de la Corte determinaron que hay otras medidas como pruebas, diagnósticos voluntarios, campañas de prevención positivas, métodos anticonceptivos y tratamiento de enfermedades o infecciones comunes, que podrían ayudar a lograr dicho fin. En la carta dirigida a la diputada Ramírez Cisneros, las y los integrantes de la red señalaron que la evidencia recabada a nivel internacional como el informe Promover la justicia alrededor del VIH. El crecimiento del movimiento global en contra de la criminalización del VIH (realizado por las organizaciones civiles internacionales HIV Justice Network y Sero Project) ha mostrado que este tipo de leyes  merman la respuesta al VIH debido a que dejan a un lado los derechos humanos de las personas con VIH, exacerban el estigma y la discriminación alrededor de ellas y del virus e impiden que se realicen las labores de prevención, detección, tratamiento, cuidado y apoyo correspondientes.

Igualmente, en 2018, se publicó la Declaración de Consenso de Expertos sobre la Ciencia relativa al VIH en el Contexto del Derecho Penal, mediante la cual insta a erradicar “las ideas erróneas persistentes que exageran los daños que produce la infección por el VIH que influye en la aplicación de la legislación penal” y, llama a los gobiernos y tomadores de decisión a “tomar en cuenta detalladamente los avances realizados en el ámbito científico del VIH para garantizar que la aplicación de la ley esté basada en los conocimientos actuales en este campo”. Sobre todo, si se toma en cuenta que “las pruebas actuales sugieren que las posibilidades de que el VIH se transmita durante un único acto sexual, mordedura o escupida son inexistentes o escasas”.

La Declaración de Oslo señala en su primer punto que la criminalización de la no revelación del estatus VIH, de la exposición potencial y de la transmisión no intencional está generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública y en los derechos humanos”. Y en su punto 8 argumenta que “las leyes penales no cambian el comportamiento enraizado en cuestiones sociales complejas, especialmente el comportamiento basado en el deseo y que sufre el impacto del estigma asociado al VIH”.

Con dichos argumentos, las 35 organizaciones firmantes de la red exigen al Congreso Veracruzano detener el proceso legislativo de su propuesta para reformar los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado; promover que el Congreso del Estado de Veracruz respete la resolución anterior de la Suprema Corte y canalice sus esfuerzos en pro de los derechos humanos y fomente la derogación del artículo 158 del Código Penal local.


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