Ante el reciente anuncio del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador,  de la supresión de fondos destinados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que ejecutan proyectos sociales, organizaciones que han trabajado en la respuesta al VIH y temas concomitantes por más de tres décadas señalaron que la situación podría derivar en la pérdida de entre 10 y 20 años de trabajo articulado en la materia.

En conferencia de prensa, Georgina Gutiérrez, del Movimiento de Ciudadanía Positiva, indicó que las OSC también están a favor del combate a la corrupción y trabajan por la justicia social, sin embargo, acotó, en el tema de VIH han contribuido en la reducción de costos de prevención y atención a la epidemia.

Además de que, mencionó, los fondos económicos otorgados a las OSC en respuesta al VIH durante el sexenio pasado ascendieron a 700 millones de pesos, cifra lejana a la recibida por la organización Fundación Proacceso, cuyo monto fue de mil 700 millones, u otras como Vamos México, receptora de 900 millones.

Incluso, explicó que el monto aproximado que recibe cada OSC para la implementación de proyectos enfocados a poblaciones en situación de vulnerabilidad es de 800 mil pesos, mientras que otras organizaciones como ProVida han recibido hasta 30 millones de pesos en un solo año.

Alejandro Brito Lemus, director de Letra S, recordó que la asignación de estos proyectos derivó de situaciones como que todo el recurso destinado al VIH y al sida estaba destinado a la atención pero no a la prevención y detección, por lo que tras años de cabildeo se logró conjuntar esfuerzos.

El también periodista recordó que para el próximo año se debe cumplir la meta 90-90-90, que consiste en que 90 por ciento de las personas con VIH conozcan su estado serológico, 90 por ciento de ellas tomen su medicamento y 90 por ciento logren alcanzar la indetectabilidad, es decir, que no haya presencia del virus en su sangre.

El mayor obstáculo para lograrlo, advirtió, es que en México la detección aún es tardía, por lo que los esfuerzos en materia de salud pública deben enfocarse a reducir esta brecha, y para eso, la sociedad civil ayuda en llegar a lugares y poblaciones en las que no interviene el Estado.

Por su parte, Arlen Palestina Pandal, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, señaló que todos los proyectos aprobados para implementar estrategias de prevención y detección del VIH son auditados y revisados por diferentes autoridades.

 

Manifiesto de las OSC

En un manifiesto, firmado por 212 organizaciones, se recordó que desde hace décadas las comunidades afectadas por el VIH se han organizado de diferentes maneras como asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones de base comunitaria, redes, personas afectadas, entre otras figuras, para dar respuesta a la situación.

Las organizaciones firmantes indicaron que a lo largo de más de 30 años han construido capacidades técnicas para hacer eficiente el uso de recurso públicos y lograr que las estrategias de alcance comunitario, los proyectos de prevención combinada, las estrategias dirigidas a las poblaciones clave y las dirigidas a las personas con VIH cumplan sus objetivos.

Sumado a que dicha estrategia responde a recomendaciones internacionales de organismos como el Programa Conjunto de la Naciones Unidas para el VIH/sida, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

A través del documento, las organizaciones suscritas expusieron que los recursos asignados al desarrollo de proyectos sociales  por parte de organizaciones de la sociedad civil en respuesta al VIH y temas relacionados han sido “modestos”, pues representan 777 millones de pesos desde 2006 hasta 2018, en tanto que, la inversión total para hacer frente a la situación ha sido de 2 mil 500 millones de pesos anuales, según datos de la revisión de Medición de Gasto en Sida en México de la Secretaría de Salud.

Con estos recursos además se han realizado distintos estudios, evaluaciones y análisis indispensables para la respuesta al VIH por distintas instituciones públicas y privadas, tales como el Instituto Nacional de Salud Pública. Además, resaltaron que dichos proyectos sociales no son programas asistenciales, sino que derivan de una licitación pública de proveedores altamente especializados en población clave.

 

Exigencias

Para las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, el gobierno de la República debe cumplir los compromisos adquiridos para lograr una generación libre de sida.

Además, debe publicar la convocatoria anual del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida para que las poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad accedan a servicios y estrategias preventivas, y comprometerse en el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía y garantizar la existencia de servicios preventivos de VIH apegados a las estrategias recomendadas en el ámbito internacional, entre ellas, la participación significativa de las personas afectadas y ONG.

Exigieron diferenciar a las organizaciones que son intermediarias y no cumplen con los compromisos adquiridos, de aquellas que son parte de la respuesta nacional contra el VIH y han permitido avanzar en la atención, control y prevención en relación al VIH..

Asimismo, demandaron instalar una mesa de diálogo con la Secretaría de Salud.