“La desesperación fue tal que me hinqué ante las autoridades para suplicarles que me dieran un permiso para trabajar”, refiere Javier, quien desde hace cuatro años no ha podido reincorporarse a su labor de boletero de shows privados en centros nocturnos en los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz, después de haber sido detectado VIH positivo tras haber acudido a la Dirección Municipal de Salud de Minatitlán para una revisión sanitaria obligatoria.

Una semana después de haberse sometido a los análisis, los inspectores sanitarios acudieron a su centro de trabajo para decirle a los dueños del establecimiento que Javier vivía con VIH y no podía continuar allí, a pesar de que no se dedicaba al trabajo sexual y que su labor no implicaba ninguna situación de riesgo para una posible nueva infección.

Los propietarios indicaron que no podían correr el riesgo de que les cerraran el lugar y decidieron sustituir a Javier hasta que consiguiera los permisos necesarios para regresar. En este caso, requería la tarjeta de profilaxis social que emite el municipio para “garantizar” que la persona no representa un “peligro” para la salud de la clientela. En otros centros nocturnos escuchó la misma respuesta, pues no lograba conseguir la expedición de la tarjeta y su experiencia de más de dos décadas en el rubro no parecía ser motivo suficiente para emplearlo.

Inquieto por la imposibilidad de conseguir empleo, acudió con la regidora Dulce María Ruiz Sánchez, encargada de la Comisión de Salud, quien le expidió un “permiso especial” en el que se le condiciona a no ejercer el sexoservicio, algo que no hacía Javier, y a atenderse en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) más cercano. El documento no surtió efecto y el empleo le fue negado en todos los bares.

También intentó trabajar en el municipio aledaño de Coatzacoalcos, pero la historia fue la misma. Allí solicitó a la Dirección Médica Municipal una tarjeta de profilaxis. La bióloga Blanca Hilda Cuevas Rosado, undécima regidora del ayuntamiento, encargada de la Comisión de Salud, le contestó, por medio de un oficio, que “las personas portadoras de VIH-SIDA deben tener especial cuidado a efecto de evitar transmisiones”, por lo que “debe evitarse la exposición de dicho riesgo hacia terceros” y le negó la tarjeta sanitaria.

Con problemas económicos a cuestas, sin un hogar fijo (lo que implicaba pernoctar en un parque por varios días) y con una gran angustia, decidió no quedarse cruzado de brazos e interpuso quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH). De la primera, derivó la no consideración de su caso como un asunto de discriminación; de la segunda, se emitió la recomendación 36/2015 para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se dediquen al comercio sexual.

Esperanzado, Javier regresó de Chiapas, a donde se mudó para seguir trabajando en el área de la diversión nocturna, para volver a solicitar su tarjeta sanitaria en Minatitlán, pues el ayuntamiento había modificado su reglamentación como lo recomendó la CEDH. La respuesta fue otra negativa a pesar del cambio normativo, pues en la Ley General de Salud de Veracruz sigue vigente la restricción, argumentaron las autoridades municipales.

El artículo 255 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz indica que “la autoridad sanitaria competente podrá requerir tarjeta de control sanitario a las
personas que realicen actividades mediante las cuales se pueda propagar alguna enfermedad transmisible…”.

Resoluciones contradictorias
Las constantes respuestas negativas propiciaron que Javier interpusiera un amparo indirecto en el Juzgado Décimocuarto de Distrito del estado de Veracruz, el cual dictaminó que la medida impuesta por el municipio de Coatzacoalcos “busca la protección de la salud de los miembros de la sociedad implementando medidas de prevención como lo es no compartir objetos punzocortantes (comúnmente usados en el servicio de bares, antros, cantinas, restaurantes, y aquellos que tienen contacto con alimentos y bebidas)”, por lo que “no se coarta el derecho a trabajar del quejoso en diversos lugares, sino que, en el caso, se pondera el beneficio de la sociedad ante un potencial riesgo de contagio”.

Javier acudió a la CEDH por segunda ocasión, y ésta volvió a emitir una recomendación (49/2018) al respecto.

Sin embargo, a través del oficio 1/2019, el organismo notificó que tanto el gobierno municipal de Coatzacoalcos como el de Minatitlán rechazaron la recomendación. El presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, argumentó que no se han violentado los derechos humanos de Javier, sino que se implementan medidas preventivas para evitar infecciones por VIH debido a que el estado es una de las zonas del país donde se presenta el mayor número de nuevos casos de la infección.

Dentro del oficio enviado a la CEDH (PRES-632/2018), el titular del ejecutivo municipal señala que al afectado no se le ha privado la posibilidad de desempeñar una actividad lícita remunerada, pero al “no someterse voluntariamente al tratamiento establecido por la ley para las personas contagiadas con la infección, se le tiene que restringir su derecho laboral, pero únicamente como mesero; con base a los derechos de los demás, por la seguridad de todos los que acuden a esos lugares y por las justas exigencias del bien común”.

Igualmente, considera que debido a que Javier no se somete a los controles sanitarios ni otras medidas que le exigen presentarse ante la autoridad sanitaria municipal con cierta frecuencia para realizarse exámenes, “sólo se concreta a pensar en él mismo, se niega a pensar en el bien común y en el daño que puede ocasionarle a otras personas por la exposición al contagio”.

En el caso del municipio de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, titular del ayuntamiento, argumentó que el municipio no le ha negado a Javier la posibilidad de trabajar en un centro nocturno como mesero, barman o DJ, pues han atendido recomendaciones previas en la materia y no se requiere una tarjeta sanitaria para el desempeño de dichas profesiones, sino que su última solicitud para poder laborar en un espacio de este tipo fue como “meretriz”, y por ende, debería de contar con la “tarjeta de profilaxis”.

Esta respuesta es similar a la recibió el quejoso en marzo de 2018 por la cuarta regidora, encargada de la Comisión de Salud, Teresa Pérez Baruch, quien emitió un oficio en el que explica a Javier que a las personas con VIH no se les niega la posibilidad de trabajar en bares, discotecas y centros nocturnos, pero sí es necesario comprobar el buen estado de salud de las “meretrices” conforme a la reglamentación estatal sanitaria por lo que se requiere de una serie de análisis y revisiones médicas para poder avalar un estado de salud óptimo. Por esto, en caso de requerirse un comprobante de buena salud por parte del municipio, como es el caso de la boleta de profilaxis social, las personas deben someterse a las mismas regulaciones vigentes para quienes ejercen el sexo comercial.

En Veracruz aún está vigente la Ley Relativa a la Prostitución y de Profilaxis Social que en sus artículos 28 y 29 establece la necesidad de que “las personas
que ejerzan la prostitución” cumplan con las medidas profilácticas para evitar la propagación de “enfermedades venéreas” y acudan a las pláticas sobre higiene sexual.

Otras historias, misma realidad
“No soy asesino para tener que esconderme”, afirma Pablo, para quien hacer lo que le gusta sin ocultarse ha sido su mayor deseo durante el último semestre. La situación comenzó hace seis meses cuando acudió a realizarse el control sanitario que le exigían las autoridades de Coatzacoalcos, un trámite inédito para él, pues en los cinco años que lleva trabajando en la cocina en un restaurante bar de la municipalidad nunca se lo habían pedido, y jamás pensó que lo harían, pues trabaja en el turno de la mañana.

Una vez detectado VIH positivo, inmediatamente le dijeron que ya no podía trabajar y un integrante de la dependencia rompió la hoja del formato que estaba llenando, advirtiéndole que ya no podría desempeñar su oficio por ser un “riesgo” para otras personas.

Comentó la situación con la dueña del restaurante, quien le dio la oportunidad de trabajar por ratos, ya que a veces tiene que parar para evitar estar presente durante las inspecciones sanitarias. Por esa razón, no ha vuelto a acudir a la Dirección Municipal de Salud para solicitar la tarjeta, pues sabe que le van a decir lo mismo.

Daniel pasa por la misma situación. Desde que comenzaron a exigir la tarjeta de profilaxis se esconde de los inspectores que llegan a su fuente de trabajo. Él se ha negado a acudir a realizarse las pruebas médicas porque vive con VIH desde hace cuatro años y le negarían la tarjeta.

Trabaja como mesero en un bar, donde asegura que le va bien con las propinas. Por esa razón, considera que es una de las mejores opciones que tiene como actividad económica, ya que le alcanza para sus gastos y los de su madre, quien vive con él, pero ya no trabaja debido a que tiene diabetes.

Su negativa provocó que los inspectores sanitarios fueran al bar para exigirle que se realizara la prueba ahí mismo, pero él se negó. “Ellos no te pueden obligar”, afirma mientras insiste en que el estatus serológico de una persona no debería estarse ventilando de manera pública. Trató de dialogar con el personal de la Dirección Médica municipal pero los inspectores le advirtieron que no podía estar más en el bar. Esto lo motivó a regresar a su natal Acayucan, donde las autoridades municipales le permitieron laborar como mesero mostrando la credencial que lo acredita como usuario del Capasits.

Pensó que, si regresaba a Coatzacoalcos y hacía lo mismo, obtendría la oportunidad de volver a trabajar sin problemas, pero en el ayuntamiento le volvieron a exigir la tarjeta sanitaria de profilaxis social. La jefa de Daniel sabe que él tiene VIH y le permite trabajar, aunque a veces tiene que esconderse para evitar problemas, situación que lo mantiene en constante estrés.
Daniel y Pablo coinciden en que este acoso inició cuando ingresó personal nuevo al área de profilaxis social de la Dirección Médica del municipio, hace unos meses. Antes podían ejercer su labor sin problema y sin sentirse señalados. Su deseo es continuar ejerciendo sus oficios sin contratiempos, pues son su modo de subsistencia.

Para Javier, el panorama no es muy alentador, pero no desiste, pues considera injusto el maltrato recibido a lo largo de estos años, incluido el estar boletinado como persona no apta para trabajar en la industria de la diversión nocturna, por su condición de salud, a pesar de que ésta es buena, ya que desde 2014 mantiene una carga viral indetectable y, por tanto, según la evidencia científica más reciente, no puede transmitir el virus a otra persona.