El fenómeno de violencia cotidiana en contra de las minorías sexuales ha sido por largo tiempo algo muy inquietante en Brasil. Tan sólo en 2017 el Grupo Gay de Bahía contabilizaba 445 homicidios por homofobia en ese país. Desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro, un presidente ultraderechista, todo indica que la ola de crímenes de odio bien podría incrementarse de modo exponencial. El mandatario ha mantenido, con mínimas variaciones, un discurso racista y abiertamente homófobo sin ser jamás penalmente sancionado por ello. Eso ha hecho que muchos de sus seguidores se sientan legitimados para lanzar vociferaciones de desprecio e instrumentar acciones violentas hacia personas afrodescendientes, mujeres y homosexuales.

El activista brasileño Toni Reis, presidente de la Alianza Nacional LGBTI, resume así la situación y lanza una señal de alarma: “Hace más de treinta años milito en favor de los derechos de la comunidad LGBT en Brasil y la violencia ha sido siempre una constante. Pero lo que se observa hoy es la banalización de esa violencia, misma que se ha vuelto algo ya natural. Se habla ahora con toda tranquilidad de ella. El discurso de Bolsonaro tiene una carga de responsabilidad en el asunto, pues ha abierto la puerta a un conservadurismo extremo que ya existía en ciertas personas y que hoy se exhibe sin complejos”.

Nadie en Brasil puede llamarse a sorpresa. Como lo recuerda el escritor francés Frédéric Martel, desde 2002 el actual presidente, simpatizante evangelista y defensor de la dictadura de los años sesenta y setenta, declaraba sin rodeos: “No voy a combatir ni a discriminar a ninguna minoría, pero si en mi camino me topo con dos hombres que se besan, arremeteré a golpes”. Ocho años después, durante un debate televisivo, pretendía mostrar un rostro más tolerante, pero se declaraba partidario de “castigos físicos” como una deseable “cura” para los homosexuales. En 2011, manifestaba en la revista Playboy su postura más virulenta y hasta hoy la más difundida: “Sería incapaz de amar a mi hijo si éste fuera homosexual, preferiría verlo muerto en un accidente antes que imaginar unos bigotes ajenos pegados a su rostro”.

Palabras más, palabras menos, esa ha sido la tónica del discurso homófobo del capitán Bolsonaro desde mucho antes de que se postulara como candidato a la presidencia, y una vez electo con un alto porcentaje de votos (que paradójicamente ha incluido un buen número de sufragios de mujeres y homosexuales), no ha habido de su parte un desmentido formal de esas opiniones o una disculpa ni tampoco una señal de que actualmente reniegue de las mismas, tan sólo la declaración en su campaña de que los homosexuales también tendrían derecho a vivir en su proyecto social para Brasil.

Marielle, una minoría inabarcable
Ciertamente la deriva homófoba no está únicamente ligada a la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Desde hace décadas el racismo y la violencia de género han sido un grave problema en Brasil. El triunfo electoral de la ultraderecha sólo confiere una legitimación institucional a prácticas discriminatorias ya endémicas en el país. Tómese en consideración un acontecimiento clave. El 14 de marzo del año pasado se produjo en las calles de Río de Janeiro una tragedia que sacudió a la opinión pública, obligando al entonces presidente Michel Temer a pronunciarse públicamente en contra de los crímenes de odio. La activista y concejala local Marielle Franco, una mujer de 38 años, negra, abiertamente lesbiana y feminista, defensora de los derechos humanos, fue abatida a once tiros desde un auto en plena calle. El atentado movilizó a miles de personas en la ciudad carioca y en diversas regiones del país. Aunque muchos calificaron la agresión como un crimen de homofobia, lo cierto es que a Marielle se le ejecutó no sólo por ser homosexual, sino también por ser una mujer negra militante en una agrupación de izquierda, el Partido Socialismo y Libertad, que venía denunciando vigorosamente la militarización de la policía en Río de Janeiro y sus consecuencias desastrosas en el incremento de la delincuencia criminal.

A la cifra ya mencionada de 445 crímenes de homofobia en el país durante 2017, habría que añadir la escalofriante cifra, en el mismo año, de 4,473 feminicidios, según información de la agencia Datafolha, y señalar también que de cada 100 personas ejecutadas, 71 pertenecen a la raza negra. De esa manera, la activista Marielle Franco se volvió de inmediato un emblema nacional de lo que significaba en Brasil situarse hoy en día al margen de la hegemonía masculina, heterosexual y racial blanca. En agosto de 2018, Raul Jungmann, Ministro de Seguridad Pública, reconoció la existencia de agentes del Estado implicados en el asesinato de Marielle, sin embargo han sido pocos los avances para castigar a los responsables. A dos meses de cumplirse un año de la ejecución de la concejala carioca, nada indica, por lo demás, que exista una voluntad política para prevenir la repetición de atentados semejantes, no sólo en contra de funcionarios públicos sino de la población general y de modo especial de minorías étnicas y sexuales que hoy se sienten más que nunca amenazadas.

El clima que prevalece en el país al mes siguiente de la investidura presidencial es de incertidumbre y miedo. El académico Bruno Bringel, profesor de la Universidad Estado de Río de Janeiro y autor del libro Protesta e indignación social, resume ese ambiente de modo contundente: “Es alarmante la multiplicación del odio, la desconfianza hacia las instituciones, el miedo, la militarización de la seguridad pública, la impunidad y la violación de derechos en una verdadera escalada autoritaria. En las redes sociales, se vierten los comentarios de desprecio, mientras algunos periodistas, políticos y otros oportunistas tratan de aprovechar el asesinato de Marielle para justificar la necesidad de más policía y de mayor militarización”.

Perspectivas inquietantes
El gobierno de Jair Bolsonaro inició con algunos posicionamientos ideológicos, entre perturbadores e involuntariamente cómicos, de sus funcionarios más cercanos, como el expresado por Damara Alves, pastora evangélica y ministra de la Secretaría de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, quien manifestó que todo niño deberá desde ahora vestir de blanco y toda niña de rosa con el fin de combatir la perniciosa ideología de género, fuente de todos los males. Y añadió: “El Estado es laico, pero esta ministra es terriblemente cristiana”. Cabe suponer que el gobierno ultraderechista mantendrá por un tiempo una ambigüedad calculada y un doble discurso político y moral antes de arremeter con cambios jurídicos que en los hechos vulneren los derechos de las minorías étnicas y sexuales, dado que el propio Bolsonaro ha negado la existencia de la homofobia en Brasil, señalando que 90 por ciento de los homosexuales que mueren lo hacen en lugares de consumo de drogas o en locales de prostitución o ejecutados por sus propias parejas. Esta deliberada banalización del odio y sus efectos criminales bien podrá incluir la discriminación racial y la violencia de género. Por lo pronto, esa primera reserva gubernamental contrasta evidentemente con la embestida de odio en las redes sociales y en las agresiones callejeras por parte de los partidarios de Bolsonaro más envalentonados e incontrolables. Al tiempo.