Imponer un control sanitario a las trabajadoras sexuales y en general al personal que trabaja en bares, cantinas y centros nocturnos, con el argumento de combatir la propagación de enfermedades transmisibles, es un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos. En los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, meseros, cocineras y boleteros con VIH han perdido sus trabajos en establecimientos de ese rubro porque las autoridades municipales se niegan a otorgarles la tarjeta sanitaria que exigen como requisito para permitir el funcionamiento de dichos establecimientos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos le dio la razón a uno de esos empleados con VIH y emitió una recomendación que fue rechazada por ambos municipios con argumentos inadmisibles, basados en el prejuicio de que las personas con VIH resultan un riesgo para la población. El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, declaró, por ejemplo, que se trata de proteger a la ciudadanía que acude a esos lugares.

Con visiones tan prejuiciadas de los funcionarios de gobierno que ignoran los avances logrados en la atención del VIH, no resulta sorprendente que Veracruz sea la entidad y Coatzacoalcos el municipio más afectados por la epidemia del VIH en el país. Urge capacitar a estos funcionarios y derogar los reglamentos municipales discriminatorios que impiden el control del VIH.