Notiese. Con un llamado a las personas a conocer su estado serológico, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida (Onusida) dio a conocer su informe “Conocimiento es poder”, en el marco del 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH, según el cual 25 por ciento de las personas que viven con el virus lo desconoce.

De acuerdo con el documento, en 2015, sólo 67 por ciento de las personas con VIH conocían su estado serológico, cifra que se incrementó a 75 por ciento en 2017, pero ese 25 por ciento que desconoce su situación representa 9.4 millones de personas VIH positivas alrededor del mundo.

Obstáculos para hacerse la prueba
Algunos de las barreras halladas por Onusida para el acceso a servicios de diagnóstico son el estigma y la discriminación, pues diversos estudios realizados mostraron que mujeres, hombres, jóvenes y poblaciones clave revelaron que el temor a que se les vea acceder a los servicios de VIH (y si se les diagnostica la enfermedad, a que esta información se comparta con familiares, amigos, parejas sexuales o la comunidad en general) los disuadía de acudir a dichos servicios, también a las pruebas del VIH.

El informe señala que en las poblaciones clave (hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, trabajadores sexuales, personas que consumen drogas, personas en reclusión y otros lugares cerrados y migrantes), estas barreras afectan en mayor medida la detección.

Otro de los obstáculos detectados son las leyes que pueden agravar esa discriminación, aumentar las tasas de violencia y crear barreras adicionales, entre otras, el temor de ser arrestados, procesados y acosados, sumado a la violencia o la amenaza de violencia, sobre todo entre mujeres jóvenes y niñas.

Con respecto a la población menor de edad, se advirtió que las leyes y políticas de consentimiento de los padres también constituyen un obstáculo, ya que hay países en los que los jóvenes menores de 18 años necesitan el permiso de sus progenitores para poder someterse a una prueba del VIH.

La percepción social de riesgo es otro de los grandes obstáculos pues algunas mediciones han mostrado que en países como Malawi, en las personas del rango de edad de entre 15 y 24 años, alrededor de 52 por ciento consideraban que no estaban en situación de riesgo y que era poco probable que se sometieran a las pruebas de detección del virus.

Soluciones
Algunas de las propuestas planteadas por el organismo internacional son ofrecer diversas opciones de prueba y servicios (como pruebas comunitarias o domésticas) puede contribuir a reducir muchas barreras logísticas, estructurales y sociales en lo que respecta a las pruebas del VIH, sobre todo en poblaciones alejadas de los servicios de asistencia sanitaria.

Una de las recomendaciones planteadas por el organismo es integrar los servicios de prueba del VIH en otros servicios de salud, entre otros, los servicios de salud materna e infantil, los servicios de tuberculosis y los servicios de infecciones de transmisión sexual y la hepatitis viral.

Como parte de su mensaje anual con motivo de la efeméride, Michael Sidibé, director general del organismo internacional, exhortó a la creación de “diversas estrategias para llegar a las personas en riesgo de contraer el VIH que incluyan enfoques innovadores, como las pruebas de autodiagnóstico, con las que las personas se sienten más cómodas al ver que se respeta su privacidad.

“Si las personas no conocen su estado serológico, no pueden protegerse. Si las personas que viven con el VIH no conocen su carga viral, no estarán seguras de si el tratamiento es efectivo, protege su salud y detiene la transmisión del VIH”, agregó.

Para Onusida, se debe considerar el acceso a las pruebas del VIH como un derecho humano básico y los países deben comprometerse en la supresión del estigma y la discriminación asociados al VIH, los servicios de tratamiento, el despliegue de una combinación óptima de estrategias de prueba del VIH para llegar a las poblaciones más necesitadas, la integración con otros servicios de salud, la supresión de las barreras normativas y jurídicas que dificultan el acceso a las pruebas y el tratamiento del VIH, la ampliación del acceso al control de la carga viral en países de renta media y baja, y la garantía de acceso al diagnóstico.