Notiese. Con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, la Procuraduría General de la República presentó el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

El documento establece que las instancias de procuración de justicia deben contar con un área especializada y personal capacitado en trabajo social y psicología que brinde atención a víctimas a través de los siguientes servicios: atención psicológica individual y grupal; acompañamiento durante la toma de declaraciones, careos, entre otras; acompañamiento a víctimas durante reuniones de trabajo relacionadas con los avances en las investigaciones ministeriales; detección inmediata de necesidades psicosociales en las comunidades afectadas; vinculación y acompañamiento a otras dependencias gubernamentales, con la finalidad de contribuir a garantizar un tratamiento integral con servicios especializados.

Todas estas medidas, deben realizarse bajo los principios de respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad, no victimización secundaria, protección integral a los derechos, no criminalización y enfoque transformador.

Durante la presentación del documento, Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del procurador general de la república, refirió que debe acompañarse de la capacitación necesaria en todos los niveles de impartición de justicia y de la difusión que lo ponga al alcance de toda la sociedad.

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, consideró que el documento “es un ejemplo de cómo el Estado puede desarrollar herramientas para prevenir y combatir las prácticas discriminatorias contra personas de la comunidad LGBTI”.

Al respecto, Alejandro Brito, director de Letra S, mencionó que el protocolo “es un avance en la atención al problema de discriminación y violencia que existe; es un eslabón en la cadena de responsabilidades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de discriminación y violencia”.

Agencia especializada
A partir del 21 de agosto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México creó la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a la Comunidad LGBTTTI, con la finalidad de fortalecer a la Unidad Especializada para la Atención de Usuarios de dicho sector de la población.

La agencia estará ubicada en el cruce de las calles Zarco y Violeta, en la colonia Guerrero, y dependerá orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas. Los asuntos que atenderá serán delitos relacionados con discriminación cometida en razón de la orientación sexual de las personas; aquellos cuya comisión sea generada por homofobia o que presuntamente se hayan cometido por identidad o expresión de género, a excepción de los ilícitos de secuestro, homicidio y sexuales, de los cuales conocerá la fiscalía central competente.

También recibirá denuncias en las que se encuentren relacionadas, en calidad de querellantes, denunciantes, víctimas o imputados, personas integrantes de la comunidad LGBTI.

Justicia pendiente
El Centro de Apoyo a las Identidades Trans, a través de una carta firmada por más de 500 personas y organizaciones de la sociedad civil, denunció que entre junio y agosto de 2018 se cometieron 34 asesinatos de mujeres trans en todo el país, pero a pesar de las reiteradas denuncias de los diferentes colectivos y de las personas activistas y sus aliados, no se han esclarecido dichos casos.

La misiva señala que es necesario que, ante el asesinato de una persona de las diversidades sexuales, el sistema de justicia investigue si el delito fue cometido a partir de la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género de la víctima y reconozca a las personas trans por los nombres y las identidades de género con las que socialmente eran conocidas, independientemente de sus documentos de identidad.

Sentencian a asesinos

A principio de mes, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Marco Antonio Berra Spezzia alias “El Tony”; Luis Fernando Bueno Mozzoco alias “El Huicho”; y Agustín Flores Zechinelliy, por el homicidio de la joven transgénero Agnes Torres, ocurrido en 2012, en Puebla.

El Juez Penal condenó a Berra Spezzia y Bueno Mozzoco a 35 años de prisión; en tanto Flores Zechinelliy, pasará 23 años 4 meses en la cárcel. También fueron condenados a pagar, en conjunto, más de 250 mil pesos por daños materiales y morales, así como robo calificado y de vehículo.

Al respecto, el Observatorio Ciudadano de Derecho Humanos y Reproductivos, con sede en Puebla, señaló que el caso no está cerrado, pues aún está pendiente la localización y captura de Jorge Flores Zechinelliy, considerado el autor intelectual del delito, el cual, la autoridad poblana consideró que no había sido motivado por odio ni por prejuicios derivados de la identidad de género de Agnes, sino para arrebatarle su automóvil.